Los nazis en Perú

Tras la represión nazi-fascista a los indí­genas, los sátrapas del gobierno junto al fujimorismo y la derechista Unidad Nacional decidieron dar marcha atrás, de momento, con dos leyes que los aborí­genes rechazan porque ponen en riesgo sus tierras. Las marchas siguen en pie, hoy en Lima y en las capitales de muchos paí­ses de Latinoamérica y Europa se suceden los actos de repulsa.

El gobierno eruano dio ayer un paso atrás en un intento por descomprimir la tensión que se vive en la Amazoní­a y desactivar la huelga y las marchas convocadas para hoy en todo el paí­s, en protesta por la nazi-fascista represión contra los indí­genas de la selva peruana, que el viernes pasado dejó una cantidad de muertos todaví­a indefinida, Por cielo y tierra fueron bombardeados los nativos. Según todos los informes que llegan, los nativos muertos en su mayorí­a no son encontrados, otros son hallados incinerados, al más puro estilo fascista hitleriano. Un verdadero holocausto. que entre nativos y policí­as superarí­a el medio centenar según medios oficiales y según las cifras de las organizaciones indí­genas, organizaciones no gubernamentales y la misma Iglesia, son más de trescientos los desaparecidos, el ocultamiento de los cadáveres por el ejercito y la policí­a, quemándolos, echándolos al rí­o o en fosas comunes, hace imposible un recuento oficial de los muertos. Pobladores de la zona aseguran haber visto helicópteros arrojando cadáveres a los rí­os. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han condenado la violencia contra los indí­genas y exigido una investigación de lo ocurrido. Las Naciones Unidas expresaron su «profunda preocupación» por los violentos sucesos en la Amazonia peruana. El gobierno hasta el dí­a de hoy solo reconoce nueve indí­genas muertos y veinticuatro policí­as.En el Congreso, los sátrapas del APRA, con el apoyo de sus aliados del fujimorismo y de la derechista Unidad Nacional, decidió dejar en suspenso la vigencia de dos de las nueve leyes que promueven la privatización de la Amazoní­a y que los indí­genas rechazan porque ponen en riesgo sus tierras ancestrales. Pero la rebelión indí­gena, que ha ganado apoyo en importantes sectores polí­ticos, sociales y sindicales, no cedió.La convocatoria a la huelga amazónica y a las marchas de protesta en Lima y las principales ciudades del paí­s fue ratificada luego de conocerse la decisión del Congreso de suspender, pero no derogar, las llamadas «leyes de la selva». Los indí­genas mantení­an bloqueadas varias ví­as, entre ellas la importante carretera que une las ciudades de Yurimaguas y Tarapoto.Ayer, el enfrentamiento se trasladó al Parlamento. Durante cinco horas, los coalición nazi-fascista y la oposición, encabezada por el Partido Nacionalista (PN), se enfrascaron en un intercambio de acusaciones y ataques. Los satrapas del APRA acusaron a los nacionalistas de «promover la violencia» y de «manipular a los indí­genas» para «desestabilizar la democracia». La oposición, que insistió en todos los tonos para que las cuestionadas leyes sean derogadas, acusó al gobierno de desconocer los derechos de los indí­genas para favorecer a las transnacionales y exigió una comisión investigadora independiente para determinar responsabilidades por la violenta represión contra los nativos amazónicos y la cantidad de indí­genas muertos.Aprobada la suspensión de las leyes sobre la Amazoní­a, se de- sató el escándalo. Los congresistas del PN protestaron indignados y tomaron el centro del hemiciclo con cartelones y gritos en apoyo a los indí­genas y exigiendo la derogatoria de las cuestionadas leyes, que ya han sido calificadas como inconstitucionales por dos comisiones del propio Congreso y por la Defensorí­a del Pueblo, opiniones que la mayorí­a no quiso tomar en cuenta. Varios parlamentarios levantaron frente a la mesa de la presidencia del Congreso una gran banderola en la que se podí­a leer «Tierra y agua no se venden. Escuchen a los pueblos andinos y amazónicos».Las congresistas Hilaria Supa y Marí­a Sumire, representantes de los pueblos indí­genas andinos, se sentaron, vestidas con trajes tí­picos de sus comunidades, en medio del hemiciclo exhibiendo carteles escritos a mano en los que se pedí­a «por la vida, la paz y la democracia. No más muertos por nuestros recursos». Los parlamentarios nacionalistas colocaron en medio del recinto una corona de plumas de un Apu (jefe) indí­gena y encendieron velas, en señal simbólica de apoyo a los nativos amazónicos. Los congresistas decidieron pasar toda la tarde y la noche en el Congreso, en una vigilia de protesta contra el gobierno.»La selva no se vende, la selva se defiende», era una de las consignas más escuchadas que salí­an desde el hemiciclo parlamentario. La suspensión de las leyes en lugar de su derogación es una maniobra del gobierno para que los indí­genas se desmovilicen y luego esas leyes se vuelvan a poner en vigencia. El mismo juego que han llevado acabo los sátrapas genocidas del APRA desde el comienzo de las protestas indí­genas. La estrategia, fue llevar a la mesa de negociación a los dirigentes indí­genas, sin tener ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo. El gobierno trataba de tomar tiempo en su lucha por defender los derechos adquiridos por los monopolios y la oligarquí­a fiel al imperialismo en su objetivo de convertir la selva peruana en un inmenso erial, fruto de la explotación de la madera, el petróleo y los prósperos cultivos de soja transgénica para producir biocombustibles. De tal forma que ante la opinión publica, influida por unos monopolios de la información oligárquicos, hacia parecer a los intransigentes y egoí­stas indí­genas, que no luchan por el «bien común» y el desarrollo de la nación. Dividiendo y enfrentado al pueblo entre si. Preparando el terreno para sacar su verdadera cara fascista y genocida, dando la orden al ejército y la policí­a de entrar en la selva a sangre y fuego. Pero los indí­genas no van a caer en esa trampa. Estas leyes son parte esencial del proyecto prohegemonista del gobierno. Los indí­genas han aparecido para enfrentar este proyecto y por eso son reprimidos y satanizados por el gobierno. Las masivas movilizaciones, en todas las ciudades importantes de Perú, donde sindicatos, partidos y asociaciones ha formado una plataforma unitaria de lucha en solidaridad con los pueblos indí­genas, exigiendo la dimisión de los sátrapas y la formación de una comisión independiente que investigue el genocidio perpetrado en la selva. El gobierno se esta dando cuenta, que su actuar nazi, esta consiguiendo el efecto contrario, unir al pueblo peruano en contra de los genocidas.Pero hay que estar alerta a la respuesta de los sátrapas del gobierno, que viéndose acorralados, pueden volver a sacar su verdadera cara de genocida y nazi. Estados de emergencias, de sitio y toques de queda, las prácticas que asume activamente Alan Garcí­a para hacer frente a la protesta social, reprimiendo y haciendo desaparecer cualquier mecanismo que asegure el derecho de participación y por supuesto, el consentimiento de los Pueblos y comunidades frente a las polí­ticas públicas del estado, lo que se hace mucho más «eficaz» frente a liderazgos sociales caudillistas, que facilitan la tarea represiva y de desmovilización. Decenas de asesinatos, centenares de judicializados y reprimidos, principalmente campesinos e indí­genas en protestas sociales, son algunos de los saldos arrojados por el Gobierno de Alan Garcí­a que sin lugar a dudas, junto a Uribe de Colombia, son considerados como uno de los más violentos y genocidas de la región.