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Todo parece indicar que las principales fuerzas políticas de nuestro país, con independencia de su color, coinciden en que la privatización y la externalización del servicio es la mejor vía para corregir las deficiencias de nuestra sanidad pública. El llamado «modelo catalán» empezó en los años noventa con la subcontrata de diferentes servicios sanitarios a empresas privadas y ha ido imponiéndose en toda España con diferentes variantes pero manteniendo su esencia.
Como uede leerse en el reportaje “La privada conquista la tarta sanitaria pública” (El País 07/07/2009) entre los ejemplo de algunos de los últimos datos sobre la implantación del “modelo catalán” están cómo la asistencia sanitaria de más de un millón de valencianos depende de una única empresa privada, Ribera Salud; la misma que realiza las pruebas analíticas de otro millón de madrileños. En Andalucía, la Consejería de Salud derivó a 17 hospitales no públicos más de 60.000 intervenciones quirúrgicas sólo en 2007. En Baleares, el PSOE mantendrá el mismo sistema público-privado que ha generalizado el PP en Madrid. En Canarias, el Gobierno autónomo mantiene conciertos con los hospitales de la red privada Hospiten y así sucesivamente en toda España. Pero este artículo, que empieza ofreciendo datos críticos al respecto, termina haciendo una oda conciliadora en la que es prácticamente lo mismo la atención privada que la pública y borrando el principal problema: ¿Se puede compatibilizar una sanidad de calidad para todos los ciudadanos por igual con la búsqueda del máximo beneficio financiero de unos pocos? Evidentemente la externalización y privatización del servicio puede ser válido y eficaz en algunas ocasiones, pero no puede serlo siempre ni ser la única fórmula de mejora del servicio, como ocurre actualmente en España. Salta a la vista que las decisiones político-económicas en este terreno no están guiadas por el bien común –de la mejor en la atención sanitaria para todos los ciudadanos al menor coste posible- sino por el afán de lucro de unos pocos que ven en la sanidad el muy rentable negocio, eso sí jugando con la salud de todos los ciudadanos. Son unos mercaderes de la muerte. En este terreno no podemos olvidar que estamos hablando -de forma directa y literal- de que aquellas decisiones que se tomen determinarán la vida, el bienestar o la muerte de millones de personas. Las diferentes modalidades de seudoprivatizaciones que invaden la sanidad pública conllevan al único fin de acabar con la sanidad pública en España. Mienten quienes afirman que externalizar el servicio no aumenta el coste para los ciudadanos. Según un informe recientemente publicado de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, costa que de todo el gasto sanitario anual de cada persona, el sector público cubría el 81% en 1980 cuando en 2007 se redujo al 70%. Es decir, el ciudadano paga de su bolsillo ya el 30%. Es además previsible que el coste de los servicios sanitarios tienda a encarecerse en tanto la empresa privada se haga hegemónica. ¿O es que acaso disminuyeron las tarifas en telefonía cuando se privatizó por completo el servicio? Como advierte la Organización Mundial de la Salud, la privatización acaba haciendo el sistema más costoso. Algo evidente, o sino que se lo digan a los ciudadanos norteamericanos, país donde la máxima de “tanto tienes tanto vives” se convierte en ley implacable. Muchas empresas totalmente ajenas a la sanidad medran ya en los servicios externalizados de la sanidad pública española, debemos preguntarnos ¿Con qué criterios se han elegido estas empresas? ¿Quién responde de la calidad de sus servicios? ¿Acaso se está haciendo un seguimiento serio y concienzudo? Son muchas las denuncias del empeoramiento de la atención hospitalaria con la privatización en diferentes regiones, tales como la duplicidad de gestiones y la falta de coordinación, pero hasta ahora no se ha hecho un informe serio y unificado al respecto ¿Por qué? ¿Acaso no debería ser fundamental saber las consecuencias de una u otra gestión sobre la vida de la gente? Volviendo a la cuestión inicial ¿Por qué no se corrigen los problemas burocráticos y de gestión internos de la sanidad pública para que se mejore el servicio en lugar de privatizarlo? ¿Por qué no se invierte en la mejora del servicio público –que es de todos- en lugar de recurrir a la primera de cambio a la privada? Echando el dinero en saco roto y a mediano plazo manteniendo las condiciones con las que hoy se justifica su privatización.