«La abstención de CiU y PNV, después de horas de negociación que presagiaban un no rotundo, permitió aprobar la norma con los votos del PSOE. Las vicisitudes de la negociación colectiva ilustran la debilidad parlamentaria del Gobierno. No hay razón para que un Ejecutivo adelante las elecciones siempre y cuando disponga de estabilidad en las Cámaras; pero las reticencias de CiU y PNV avanzan una etapa parlamentaria tormentosa en la que no se garantiza que el PSOE pueda gobernar hasta marzo de 2012.»
Visto desde esta erspectiva, el decreto que se convertirá en proyecto de ley parece más bien una norma transitoria, mejor que la legislación anterior, pero lejos de las expectativas de quienes entienden que debe acabarse radicalmente con la ultraactividad de los convenios para crear empleo y que el contrato fijo con 20 días de despido es la única solución para ello. El ministro de Trabajo, agobiado por la petición del FMI para que España abarate el coste del despido y vincule el crecimiento salarial a la productividad, dejó claro que las peticiones del Fondo no son la opción del Gobierno en los próximos meses. Al menos, la sociedad española tiene muy claro cuáles son los límites de este Ejecutivo. (EL PAÍS) LA VANGUARDIA.- La votación de ayer, más allá de que el gobierno salió airoso, deja la sensación de una legislatura en el alambre al albur de demasiadas incertidumbres. Así, si a las 10 horas, a las 11, a las 12 o a las 13 el gobierno perdía la votación, al filo de las 14 horas la tortilla había dado la vuelta. Zapatero no perdería una votación trascendente. ¿Es eso suficiente? ¿No volverá a pasar? El inusitado gesto de explosión dialéctica del portavoz del PNV asegurando que nunca había conseguido tanto a cambio de una abstención parlamentaria, sea o no sea verdad, no ayuda tampoco a recomponer una imagen de gobierno fuerte sino más bien todo lo contrario EL MUNDO.- Uno de los dos sainetes se escenificó en el Congreso, en el debate de convalidación del decreto-ley sobre la negociación colectiva. El Ejecutivo consiguió sacarlo adelante únicamente con los votos socialistas tras la abstención del PNV, CiU, Coalición Canaria y UPN y con el voto en contra del resto de grupos encabezados por el PP. Pero esa aprobación fue una dejación de deberes en toda la regla. «En mi trayectoria no he conocido un caso semejante», se jactó complacido el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, tras el debate. Se refería a que su grupo nunca había conseguido tantas concesiones del Gobierno a cambio de una mera abstención en una votación parlamentaria ABC.- RECHAZADO en las urnas por los ciudadanos y humillado en el Congreso de los Diputados. Esta es la creciente situación de desamparo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, sometido a la presión y el chantaje de los nacionalistas. Antes pagaban apoyos, pero hoy compran abstenciones, lo que, en el colmo del sarcasmo, llevó ayer al PNV a jactarse de sacar tajada de una debilidad parlamentaria que pone de manifiesto la incapacidad de los socialistas para legislar con la coherencia y la libertad de movimientos que exige la crisis actual Editorial. El País Los límites del gobierno El Gobierno salvó ayer en el último suspiro el decreto de negociación colectiva que incluye las modificaciones establecidas en el Consejo de Ministros del pasado 10 de junio. La abstención de CiU y PNV, después de horas de negociación que presagiaban un no rotundo, permitió aprobar la norma con los votos del PSOE y a partir de este momento se tramitará como proyecto de ley para permitir que se incorporen los acuerdos (si los hay) entre empresarios y sindicatos, o los que puedan cuajar con los partidos políticos. Las vicisitudes de la negociación colectiva ilustran la debilidad parlamentaria del Gobierno. No hay razón para que un Ejecutivo adelante las elecciones siempre y cuando disponga de estabilidad en las Cámaras; pero las reticencias de CiU y PNV avanzan una etapa parlamentaria tormentosa en la que no se garantiza que el PSOE pueda gobernar hasta marzo de 2012. El problema del trámite parlamentario de la nueva negociación colectiva es que ningún grupo supo analizar el contenido del decreto en función de los objetivos que persigue, es decir, el de flexibilizar las relaciones entre trabajadores y empresarios para ajustar los costes salariales y la carga de trabajo en función de la situación objetiva de la empresa. Quienes se oponen al decreto esgrimieron argumentos retóricos (según el PP, el principal problema del decreto es el "espectáculo" que ha dado el Gobierno en la negociación con PNV y CiU) y los que dudaban sobre su posición lo hacían porque en él los convenios estatales prevalecen sobre los autonómicos. Sin embargo, el proyecto responde a tres necesidades objetivas: era necesario dar una respuesta a quienes piden, dentro y fuera de España, una reforma de los convenios para que deje de ser un freno a la supervivencia de las empresas; era urgente moderar la ultraactividad de los convenios y era necesario flexibilizar las cláusulas de descuelgue, para que los convenios de empresa tengan preeminencia sobre los sectoriales o territoriales. Visto desde esta perspectiva, el decreto que se convertirá en proyecto de ley parece más bien una norma transitoria, mejor que la legislación anterior, pero lejos de las expectativas de quienes entienden que debe acabarse radicalmente con la ultraactividad de los convenios para crear empleo y que el contrato fijo con 20 días de despido es la única solución para ello. La transitoriedad se manifiesta además por la convicción general de que el PP, si llega a gobernar, actuará en línea con las exigencias de la CEOE en materia de negociación colectiva. El ministro de Trabajo, agobiado además por la petición del FMI para que España abarate el coste del despido y vincule el crecimiento salarial a la productividad, tampoco aclaró ayer las dudas sobre la posible inconstitucionalidad del arbitraje obligatorio. Pero sí dejó claro que las peticiones del Fondo no son la opción del Gobierno en los próximos meses. Al menos, la sociedad española tiene muy claro cuáles son los límites de este Ejecutivo. ************************** Opinión No ‘bwanas’ Maruja Torres Cumplir las recetas, hacer los deberes, respetar los plazos… No me extraña que la calle esté mostrando el hartazgo que tales cantinelas tutoriales producen en parte de la ciudadanía, joven o no tanto. Hay otra frase que últimamente se pronuncia a menudo: "Hay que respetar las instituciones", afirman en las tertulias afamados economistas que nunca la vieron venir pero que siguen cobrando por aconsejarnos. Instituciones. La pena de muerte era en Europa toda una institución, por no hablar de la guillotina y el garrote vil. Hasta que ya no lo fue. Mi ejemplo bien puede calificarse de extremo. Pero es que creo que las recetas para la crisis de esa sacra institución de nuestros días, el Fondo Monetario Internacional -cuyo funcionario más progresista saltaba como un mono de la ducha al acoso del servicio-, se han revelado no solo erradas sino crueles. Al menos, la guillotina mataba de un solo tajo y de uno en uno a los ciudadanos. El FMI y su sistema de préstamos con usura al corto plazo decapitan la esperanza de pueblos enteros y convierten el presente en una entelequia cuyo único lugar habitable, real y posible es, insisto, la calle. Todo esto se produce mientras campeones de otras grandes instituciones -los bancos- también nos exhortan a portarnos bien. El desapacible señor Fernández Ordóñez insiste en que va mejor, pero no es bastante; y Francisco González, ese pobre paria del BBVA, al tiempo que afirma en México su disposición a invertir 2.000 millones de euros en aquel país, explica que las reformas del señor Zapatero no han llegado a buen camino, porque como es socialista no cree en ellas. Hartos de tanto sabio, de tanto memo grande solo en ambiciones, y de tanto adalid de la única institución a la que sirven: el capitalismo gore, cuyo medio es nuestro fin. EL PAÍS. 23-6-2011 Opinión. La Vanguardia En el alambre José Antich El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, recordará durante tiempo la votación parlamentaria de ayer sobre la reforma de la negociación colectiva que a punto estuvo, seguramente, de costarle el puesto, un revolcón de campeonato al gobierno y, quien sabe, si incluso la convocatoria irreversible de elecciones generales para el próximo mes de octubre. La secuencia de imágenes de espanto durante las varias horas de debate por la mañana en que defendió el proyecto desde el atril de oradores o bien mientras escuchaba desde sentado en su escaño debieron ser un suplicio esperando que sus jefes Zapatero y Salgado convencieran, como así fue, con contrapartidas a CiU y PNV. La votación de ayer, más allá de que el gobierno salió airoso, deja la sensación de una legislatura en el alambre al albur de demasiadas incertidumbres. Así, si a las 10 horas, a las 11, a las 12 o a las 13 el gobierno perdía la votación, al filo de las 14 horas la tortilla había dado la vuelta. Zapatero no perdería una votación trascendente. ¿Es eso suficiente? ¿No volverá a pasar? El inusitado gesto de explosión dialéctica del portavoz del PNV asegurando que nunca había conseguido tanto a cambio de una abstención parlamentaria, sea o no sea verdad, no ayuda tampoco a recomponer una imagen de gobierno fuerte sino más bien todo lo contrario. Quizás sea también esa gráfica situación de trapecista en la que se encuentra Zapatero la que explica la dolorosa banderilla que le infringió ayer el presidente del BBVA, Francisco González, cuando desde Méjico pronosticó un cambio de ciclo político en España y sentenció que las medidas reformistas en nuestro país no han llegado a buen puerto porque quien las tiene que implementar no se las cree. LA VANGUARDIA. 23-6-2011 Editorial. El Mundo Un gobierno abochornado que debe irse EL GOBIERNO vivió ayer casi a la vez dos episodios esperpénticos que, puestos en contexto, demuestran cómo ha perdido las riendas para conducir el país. Zapatero ya no tiene resortes ni en lo político ni en lo económico con los que poder afrontar una crisis que sigue sin tocar fondo. Uno de los dos sainetes se escenificó en el Congreso, en el debate de convalidación del decreto-ley sobre la negociación colectiva. El Ejecutivo consiguió sacarlo adelante únicamente con los votos socialistas tras la abstención del PNV, CiU, Coalición Canaria y UPN y con el voto en contra del resto de grupos encabezados por el PP. Pero esa aprobación fue una dejación de deberes en toda la regla. «En mi trayectoria no he conocido un caso semejante», se jactó complacido el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, tras el debate. Se refería a que su grupo nunca había conseguido tantas concesiones del Gobierno a cambio de una mera abstención en una votación parlamentaria: nada menos que la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales en caso de conflicto. Algo que Erkoreka calificó de «logro histórico», por el poder que se le da a los sindicatos de ámbito regional, es decir al nacionalista ELA-STV, en la normativa. La otra astracanada se había representado unas horas antes en la Audiencia Nacional. Txeroki, el ex jefe de ETA al que Interior pretende presentar como paradigma del supuesto giro de la banda a favor del abandono de las armas, era juzgado por primera vez en España y se presentó ante el tribunal como un individuo provocador, desafiante a la Justicia. El Txeroki que ayer se vio en Madrid se parece mucho más al sanguinario que ordenó cometer el atentado de la T-4 en diciembre de 2006 que al terrorista derrotado que comentaba en la cárcel -en una conversación que sólo Interior podía controlar y filtrar- que «la lucha armada ya no procede», según recogía en su primera página El País el pasado domingo. ¿Puede permitirse este país un Gobierno tan a merced de las circunstancias como el que tenemos? No se trata aquí de analizar el documento sobre los convenios aprobado ayer, pero fue patético observar al ministro de Trabajo tratando de alargar sus intervenciones para dar tiempo a que los negociadores socialistas cerraran unos acuerdos con los grupos nacionalistas que se habían empezado a hablar en la noche anterior y al más alto nivel. Y es espeluznante analizar con qué rapidez se ha venido abajo el entramado que había construido el Ejecutivo -apuntalado por el Tribunal Constitucional- para hacernos creer que la rendición de ETA era posible si se aceptaba a los representantes de la banda en las instituciones. A la actitud de Txeroki en la Audiencia se unen los homenajes a etarras, el hostigamiento a los escoltas y el acoso a los políticos constitucionalistas. Han bastado unos pocos días para que el entorno etarra mostrara su verdadera faz, burlándose delante de toda la sociedad de un Gobierno abochornado.Erkoreka y Txeroki, cada uno por razones bien distintas,se encargaron ayer de hacernos ver con absoluta claridad el patetismo de la agonía del Ejecutivo. No se entiende que si el único objetivo de Zapatero para alargar la legislatura era culminar las reformas económicas sea capaz de prestarse a este tipo de cambalaches. Si tuviera un mínimo de sentido del deber y del Estado, el presidente del Gobierno debería disolver las Cortes y convocar elecciones generales en cuanto el calendario lo permita. En estas circunstancias el Debate sobre el Estado de la Nación previsto para la próxima semana será una estéril farsa. A menos que lo protagonice Rubalcaba, claro. EL MUNDO. 23-6-2011 Editorial. ABC Mercado persa RECHAZADO en las urnas por los ciudadanos y humillado en el Congreso de los Diputados. Esta es la creciente situación de desamparo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, sometido a la presión y el chantaje de los nacionalistas. Antes pagaban apoyos, pero hoy compran abstenciones, lo que, en el colmo del sarcasmo, llevó ayer al PNV a jactarse de sacar tajada de una debilidad parlamentaria que pone de manifiesto la incapacidad de los socialistas para legislar con la coherencia y la libertad de movimientos que exige la crisis actual. No es posible ejercer el poder ni un día más en estas condiciones, porque no se puede entregar el Estado para mantener el Gobierno unos meses. El Ejecutivo agoniza, preso de sus propias contradicciones y sometido al chantaje de unos «socios» que ni siquiera se molestan ya en apoyar —a estas alturas se admite la abstención como moneda de cambio— iniciativas de la talla de la reforma de los convenios colectivos, sometidos a una suerte de virreinato autonómico donde los territorios priman sobre el Estado para configurar una ley caótica que rompe el principio de igualdad de mercado y establece diferencias perversas entre empresas, según se asienten en una u otra Comunidad. Se rompen principios inviolables con la misma facilidad con que funciona el trueque en un mercado persa y se abdica groseramente a las primeras de cambio. Todo vale, hasta sobrepasar las líneas rojas, convirtiendo a los españoles en ciudadanos desiguales ante la ley. Todo por cumplir el calendario fijado por el PSOE y sus intereses electorales, marcados por la carrera de Alfredo Pérez Rubalcaba en una estrategia contraria a la necesidad nacional. Zapatero se justifica con el argumento de que se queda hasta el final para culminar las reformas, que son meros parches con los que trata de tranquilizar a los mercados. Gana tiempo para su huida hacia adelante y no repara en medios. Es la hora de la responsabilidad y ya ha causado demasiado daño como para seguir mercadeando, entre otras cosas porque el interesado apoyo del PNV no le garantiza su objetivo de acabar la legislatura a toda costa. Haría bien, en un último arrebato de dignidad, en observar el paisaje y comprobar que su soledad es total. Y si se empecina en seguir tapando fugas de agua en esta España al borde del naufragio, la historia demostrará hasta qué punto los españoles le pedirán cuentas el día que apague la luz y cierre la puerta de una etapa funesta. ABC. 23-6-2011