Cargando...Las pequeñas y medianas empresas suponen prácticamente el 99% del tejido empresarial español, generan el 80% del empleo privado y representan el 68% de la actividad productiva. Pero los grandes bancos monopolizan en exclusiva el capital imprescindible para mantener cualquier actividad. Esta claro quien genera riqueza… y quien tiene la sartén por el mango. Utilizando esta posición de fuerza, la banca está extorsionando a las pymes, hasta colocarlas al borde de la quiebra. Negándoles el crédito imprescindible para sobrevivir, y cuando lo hacen imponer un interés abusivo y usurero… o directamente cobrarse las deudas o cuotas vencidas vaciando ilegalmente las cuentas de las pymes.
“Hemos sido engañados. Mientras estábamos negociando la refinanciación del crédito, el banco nos ha dejado las cuentas a cero sin revio aviso, lo que nos ha llevado al concurso de acreedores”. Esta queja de un pequeño empresario está empezando a convertirse en habitual. En un momento de crisis, donde las pymes encuentran cada vez más dificultades, los bancos están recurriendo a métodos de extorsión ilegales para cobrarse los préstamos. Bajo el eufemismo de “compensar saldos deudores con acreedores”, los bancos vacían las cuentas de las empresas. Enarbolando una cláusula -declarada ilegal por la Audiencia de Madrid y declarada mala práctica por el Banco de España- que permite a las entidades financieras compensar los saldos negativos que las empresas mantuvieran con los saldos positivos que presentara en cualquier cuena, facultando al banco para cancelar al cliente cualquier inversión o cuenta que tuviera abierta, sin ni siquiera comunicárselo. La pequeña y mediana empresa necesita recurrir permanentemente a nuevos créditos para sobrevivir en el intervalo situado entre la compra de la materia prima y los ingresos obtenidos por la prestación de bienes y servicios. Los bancos utilizan esta necesidad para extorsionar. Negando ahora los créditos que antes concedían. Imponiendo un interés cinco puntos superior al euribor -absolutamente usurero- cuando por fin otorgan el préstamo. O vaciando las cuentas mientras las empresas refinancian la deuda. Esta práctica está empujando hacia el abismo a cada vez más pymes, ya de por sí asfixiadas por la crisis. La morosidad de las empresas ha crecido un 130%, y el numero de deudores concursados -empresas en quiebra liquidadas- un 263,8%. Lo mismo le ocurre a los autónomos. El 70% de ellos padece problemas de financiación, lo que ha hecho quebrar este año a 100.000, que multiplica por cuatro la cifra de 1992, hasta ahora el peor año. ¿Y qué hace el gobierno para apoyar a pymes y autónomos, base del empleo y del tejido productivo? Una línea de créditos del ICO de 10.000 millones, 25 veces menos que el plan de rescate bancario, cifrado en 250.000 millones. Hubiera sido más provechoso que el gobierno devolviera la deuda que las administraciones públicas mantienen con las pymes y autónomos, responsable del 25% de las quiebras. O que pusiera coto a las prácticas de extorsión de los bancos hacia las pequeñas y medianas empresas.