Cargando...El primer ministro de Perú, Yehude Simon, anunció el lunes 15 de junio la derogación de dos de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos, el 1064 y el 1090, después de sostener una reunión con organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos de la selva central. Una decisión política que de no haber demorado más de un año hubiera evitado decenas de muertos. Es como buscar una manguera cuando ya está ardiendo toda la pradera. Porque el jueves 11 de junio la Jornada Nacional de Protesta convocada por las organizaciones peruanas significó un conjunto de masivas movilizaciones, paros y otras medidas de protesta en todas las regiones del Perú en repudio a la masacre de Bagua del viernes 5 de junio (en cruel ironía, Día Mundial del Medio Ambiente) y exigencia de soluciones reales al conflicto en la Amazonía.
Desués de dos meses de conflicto, un diálogo inútil y un final de represión policial, satanización y persecución contra sus principales dirigentes, los indígenas han perdido la credibilidad en el gobierno. El conflicto indígena ha escalado hasta transformarse en un amplio movimiento de protesta nacional. En los últimos días han habido nuevos bloqueos de carreteras, la toma de un aeropuerto en la andina ciudad de Andahuaylas, el inicio de huelgas indefinidas en algunas urbes amazónicas y andinas, la convocatoria a un paro nacional para el 7, 8 y 9 de julio, llamamientos a la renuncia del gabinete e, incluso, en algunos casos, a la vacancia presidencial.Un conflicto que no era nuevo ni sorpresivo. En agosto del año pasado la movilización amazónica ya había logrado la derogatoria de dos decretos legislativos, el 1015 y el 1073. Entonces se habló de una comisión para examinar las normas restantes. Pero nada. Es más: la derogatoria en cuestión había sido solicitada al gobierno por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en mayo del 2008. Y el 9 de abril de 2009, cansados de esperar, los pueblos amazónicos retomaron su lucha.La respuesta fue la misma intolerancia, soberbia y terquedad que el sátrapa Alan García anunció abiertamente con sus artículos sobre el «Síndrome del perro del hortelano», en los que identificó a las comunidades andinas y amazónicas con el atraso e incluso pretendió desconocer su existencia. El Congreso dilató una y otra vez el debate de la derogación, recomendada por su Comisión Multipartidaria encargada de revisar los decretos e instituciones como la Defensoría del Pueblo. El jueves 4 de junio el Congreso volvió a postergar el debate y pocas horas después se desató la masacre de Bagua. Muertos, heridos, detenidos y desaparecidos; testimonios de ocultamiento y desaparición de cadáveres, rastrillajes en las comunidades, estado de emergencia y toque de queda en la Amazonía, persecución y órdenes de captura a la dirigencia de AIDESEP, cierre de emisoras, suspensión de siete congresistas de oposición, acusaciones de complot internacional a la IV Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, reunida a fines de mayo en Puno… en resumen, una escalada fascista que nada tenía que envidiar a los peores momentos de la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa.Escalada que motivó la respuesta inmediata de las organizaciones sociales, que se articularon en el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía y convocaron primero a la JornadaNacional de Protesta del 5 de junio y de inmediato al Paro Nacional Andino, Amazónico y Popular para los días 7, 8 y 9 de julio.Las múltiples chispas prendidas en todas las regiones del país encendieron la pradera. Pero el gobierno no solo sufrió el incendio en casa. Desde todo el mundo, minuto a minuto, a Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas recibía y sigue recibiendo a través de sus correos electrónicos y la línea telefónica, decenas de pronunciamientos de solidaridad de todas partes del mundo: Europa, toda América Latina, África, Asia. Las cartas a Alan García y a organismos de la ONU, así como marchas y plantones ante las sedes diplomáticas peruanas, se multiplicaban y siguen multiplicándose.Si el Gobierno decide rectificarse respecto a los decretos legislativos amazónicos 1090 y 1060, debe tener un discurso más ecuánime no sentirse victorioso, además de asumir sus responsabilidades políticas y penales, y mostrar un verdadero acto de constricción y no un discurso hepático, sobre el tema, señaló el líder de oposición peruano, Ollanta Humala.»Cuánto tiempo nos costó la terquedad y el capricho del Gobierno, de no escuchar a la población. Por qué el ministro Simon no fue a Bagua y hubiéramos evitado más de 30 muertos», se preguntó Humala. Declaro que, Perú está cansado de las mesas de diálogo y de actas suscritas, y que los nativos demandan ser escuchados en lugar de ser rechazados por actitudes jactanciosas, pues sólo se han rectificado parcialmente. «Ellos -los nativos- demandaban ser escuchados y esta posición ha sido recogida por la opinión pública nacional e internacional. El Gobierno hizo una rectificación parcial y no total porque son 9 decretos legislativos y no dos», sostuvo. Con esta matanza el sátrapa García reedita su práctica sanguinaria contra el pueblo peruano, y ello pone en evidencia una vez más, que el Estado y las clases políticas que la dirigen están dispuestas a eliminar pueblos y nacionalidades enteras con tal de aplicar sus planes para seguir subastando el territorio y las riquezas del Perú. Para el corrupto y genocida García, ordenar el asesinato de 10, 30, 100 o más personas es una rutina y una forma de gobernar que ya puso en ejecución en su primer gobierno. En junio de 1986 con frialdad planificó el genocidio de 300 prisioneros en tres penales del país. Desde 1985 hasta 1990, empleó las tropas militares o grupos paramilitares (comando Rodrigo Franco) para eliminar miles de campesinos, estudiantes, intelectuales y sindicalistas, acusándolos de de «terroristas» y «senderistas». García no es nuevo en el oficio de matarife, y si el curso de los hechos políticos recientes desembocó en la masacre de Bagua, ello solo expresa el desarrollo de una practica represiva que está en ejecución desde hace 30 años en Perú, con Genocidas como Fujimori o García el imperialismo y la oligarquía Peruana, han llevado a delante sus proyectos cercenando y asesinando a cualquier atisbo de oposición y movimiento popular que se enfrente a sus proyectos.