Cargando...Más de 9.000 funcionarios de la Administración de Justicia en Cataluña están convocados desde este miércoles a una huelga indefinida. Los recortes anunciados en junio por la Generalitat han llevado a los cuatro sindicatos presentes en este ámbito a convocar el paro hasta que el Gobierno catalán dé respuesta a sus reivindicaciones, centradas en la recuperación de la paga extra suprimida, así como la revocación de medidas como los recortes de los días de vacaciones y de días libres para asuntos personales, el aumento del horario laboral, o las disminuciones de plantilla.
La supresión de la paga extraordinaria, denuncian, supone un agravio respecto al resto de funcionarios de Justicia del Estado. La Generalitat ha acordado suprimir una paga a los trabajadores de la Función Pública catalana, pero los funcionarios de Justicia forman parte de los cuerpos generales del Estado, es decir, que el Gobierno central es quien regula sus condiciones laborales. “Creemos que la Generalitat no es competente para tomar esta medida, el resto del Estado va a cobrar la paga extraordinaria”, mantiene Eduardo Presa, vicesecretario nacional del sector de Justicia del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios).
Presa lamenta que los funcionarios de Justicia catalanes hayan perdido seis de los nueve días de asuntos personales que tenían asignados, tres más que el resto de trabajadores públicos. “Hay que recordar que no se nos concedieron sin ninguna justificación, sino porque no se nos podía aumentar el sueldo durante varios años y con ello teníamos una pérdida de poder adquisitivo”, explica.
Disminución de la plantilla
Los empleados también han visto recortados sus días de vacaciones, aumentados sus horarios laborales, y en ocasiones ven incrementada su carga de trabajo debido a que “se ha ido suprimiendo plantilla”. “Ha habido momentos en los que cuando faltaba un funcionario no se cubría por interino, al menos de manera inmediata, e incluso a día de hoy las bajas médicas no se cubren hasta que no pasa un determinado número de días”, lamenta Presa.
La movilización funcionarial pretende también salvaguardar el servicio público de Justicia, afectado por medidas como la aplicación de las tasas judiciales que supondrán que servicios hasta ahora gratuitos para el ciudadano pasen a ser de pago. “No sólo luchamos en defensa de nuestros derechos, sino también del propio ciudadano. Lo que hasta hace poco era gratuito pasará a ser de pago, como el registro civil, que lo quieren privatizar; también el tema de las tasas judiciales, que va a crear una doble justicia, la de ricos y la de pobres: el que tenga dinero podrá pagar y el que no tenga dinero no podrá tener lo que la Constitución establece que es la tutela judicial efectiva”, sostiene Presa.
La huelga indefinida convocada por CCOO, UGT, CSIF y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) es la primera movilización sectorial de un otoño que se prevé caliente en Cataluña. Afectará a todos los trabajadores de Justicia, desde los secretarios judiciales hasta los administrativos. Los sindicatos han pactado unos servicios mínimos que, aseguran, garantizarán toda la atención al ciudadano que requiera un servicio urgente inaplazable. “Un derecho fundamental, una medida cautelar, una inscripción de fallecimiento o nacimiento, todo esto se va a cumplir sin ningún problema”, afirma Presa.