Cargando...LA REINCORPORACIÓN de la juez Mercedes Alaya a la instrucción del caso de los ERE tras una baja por enfermedad ha acelerado un proceso que parecía hibernado. Alaya ha sacado a la luz en dos días el entramado de comisionistas e intermediarios que se movía entorno a los ERE fraudulentos. Según la Guardia Civil, el dinero desviado sólo en comisiones ilegales pudo ascender a 50 millones de euros.
El fiscal pidió ayer el ingreso en prisión de Antonio Albarracín, ex directivo de la aseguradora Vitalia -una de las intermediarias en las operaciones-, acusado de haberse apropiado de 3,7 millones y de otro viejo conocido de la causa, el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, acusado de haber cobrado unos 6 millones. Conocimos, por ejemplo, que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero -de nuevo en prisión-, recibió 547.000 euros y el camello que le suministraba la cocaína, al menos 90.000. En conclusión, estamos ante un sistema organizado de latrocinio que parte de la creación de una empresa pública, el Instituto de Fomento Andaluz (IFA) -ajena a los controles oficiales-, que recibía el dinero de los ERE y los distribuía discrecionalmente a través de esa red de intermediarios incluyendo a los amigos de los políticos socialistas en los expedientes. En un proceso que duró diez años, se creó una red que transfería recursos públicos a aseguradoras, que a su vez pagaban a consultoras y bufetes comisiones desorbitadas, en muchas ocasiones en contraprestación a trabajos sucios como la localización de empresas susceptibles de incluir a los falsos afectados por los ERE.
Estas actuaciones judiciales estrechan el cerco sobre José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE. Al margen de que en el sumario existan documentos que indican que algunas actuaciones irregulares pudieron llegar a su conocimiento, es inconcebible que, al menos como consejero de Economía y responsable de las cuentas de la Junta, no supiera nada de la actividad del IFA. Ya sea por acción, al permitir el fraude, o por omisión, al no cumplir con su deber de controlar el uso de dinero público, Griñán no puede permanecer al frente del Gobierno andaluz. En estos momentos, parte de la responsabilidad se traslada a Izquierda Unida. Diego Valderas, vicepresidente de la Junta, sostiene a Griñán con su apoyo en el Parlamento y está perdiendo la credibilidad del discurso regeneracionista con el que se presentó a las últimas elecciones autonómicas. Ayer comentó que su formación se replantearía el acuerdo de Gobierno con el PSOE «si la Justicia va más allá de lo que ahora mismo ha puesto encima de la mesa». Si le parece poco todo lo que el proceso judicial está destapando es que tiene demasiado grandes sus tragaderas éticas.El caso de los ERE incide aún más en el desprestigio del PSOE mientras Griñán siga en la Presidencia del partido. Pero Rubalcaba le necesita para sustentar un liderazgo cada vez más precario y sin resortes para variar el rumbo socialista, como se vio ayer en las decisiones de la Ejecutiva Federal. La sociedad de socorros mutuos funciona… para ellos mismos.