Cargando...La reforma de la Ley de extranjería supondrá, de ser aprobada en el parlamento, una serie graves restricciones en las condiciones de arraigo, reagrupación o plazo de detención en los Centros de Internamiento. Sin embargo, aunque la ley no se ha aprobado, se están empezando aplicar cruentas restricciones en la concesión y renovación del permiso de trabajo, que redundarán en el aumento del número de inmigrantes sin papeles y en sus condiciones de vida, trabajo y libertades.
La residenta de ABEDIE, Antonia Moyano, declaraba cómo en el último mes han aumentado en España las denegaciones de permisos de residencia por arraigo social. El arraigo, al que se puede optar tras tres años demostrados de permanencia en nuestro país y presentando un permiso de trabajo, es la única válvula de escape hacia la regularización para cientos de miles de trabajadores sin papeles. Y era, hasta ahora, la “única fórmula de regularización que no se había visto afectada por el progresivo endurecimiento de los criterios de la administración en la aplicación de la Ley de Extranjería” afirma Moyano. Sin embargo “Ahora han empezado a denegar permisos por arraigo argumentando que la empresa que contrata al inmigrante no dispone de recursos para asegurar el puesto de trabajo”. Pero el “grifo” se cierra también por otros sitios. Estas nuevas restricciones se suman a las denunciadas anteriormente en la aplicación de las reagrupaciones familiares y la renovación ordinaria del permiso de trabajo. La renovación se concedía a los inmigrantes que durante el último año habían trabajado un mínimo de meses y tenían una oferta de trabajo, ahora sólo renuevan si el día que del trámite el inmigrante está legalmente contratado. Al mismo tiempo, se recrudecen las redadas de la policía, inusuales hasta ahora, en locutorios, salidas del metro en hora punta, barrios populares, etc. Según el abogado y también miembro de ABEDIE, Iñaki Almandoz, “Los inmigrantes son personas, no máquinas. No es ético que facilitemos su entrada en España cuando necesitamos mano de obra y les despojemos de derechos para poder echarlos o incitarles a marchar cuando entramos en una crisis económica”.Para Antonia Moyano los inmigrantes “son tan víctimas de la crisis como el resto de los ciudadanos y los discursos que los culpan son muy peligrosos”.