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Las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) son uno de los sectores más precarizados de nuestro país, y hasta hace poco uno de los más invisibles. Pero desde que se ha organizado en asociaciones y sindicatos, son -junto con colectivos como las Kellys- un ejemplo de lucha, combatividad y persistencia en pos de sus derechos laborales.
Concha Real, de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Atención Domiciliaria, nos cuenta sus denuncias y reivindicaciones.
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España es el tercer país más longevo del planeta, detrás de Japón y Suiza. Se prevé que en 2050 habrá alrededor de 16 millones de mayores de 65 años, frente a los 9 millones actuales, y por cada persona en esta franja de edad, habrá sólo 1,7 personas trabajando.
Tenemos una población cada vez más envejecida y en breve generará una crisis de cuidados y una emergencia social si no se toman medidas urgentes, estamos hablando del Baby Boom.
¿Hay previsto un cambio generacional de profesionales Sociosanitarios en el Sistema de Cuidados de Dependencia? En este momento ya hay problemas para encontrar profesionales tanto para Residencias como para el Servicio de Atención Domiciliaria (S.A.D). Según el director del IMSERSO se necesitarán alrededor de 300.000 profesionales más, para cubrir los cuidados en Dependencia en el año 2040.
El año pasado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en su Plan de Choque de la Dependencia, aportó a las CCAA 633 millones más, con lo que se ha incrementado que 97.912 personas sean atendidas y ha generado 27.453 puestos nuevos de trabajo. Fallecieron 46.300 personas en la lista de espera de Dependencia y 75 millones de euros no se gastaron de las cantidades presupuestadas por el Ministerio y se podía haber atendido a 13.000 nuevas personas dependientes (datos del XXII Dictamen de Dependencia).
El SAD es un ahorro para la Sanidad y la administración pública. Pero sobre todo es una inversión en el bienestar de las personas dependientes.
Este Plan de Choque para la Dependencia también pretende mejorar los servicios del S.A.D y Residencias y las condiciones laborales del sector. Hoy en día, las y los trabajadores seguimos en las mismas condiciones.
El Servicio de Atención domiciliaria (S.A.D) aparece regulado en el art. 23 de la LAPAD (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes) como una de las prestaciones fundamentales a las que tienen derecho las personas en situación de Dependencia, y financiado por el Estado y las CCAA. El personal sociosanitario del S.A.D somos personal cualificado como exige la UE.
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Un SAD público
La finalidad del S.A.D es favorecer que la persona usuaria viva el mayor tiempo posible en su domicilio y con la mejor calidad de vida, favoreciendo retardar su ingreso en un centro asistencial e incluso tener menos ingresos hospitalarios, ya que se hace una atención personal y doméstica además de favorecer que siga socializando en su entorno. El S.A.D es un ahorro para la Sanidad y la administración pública.
Desde la Plataforma Unitaria del S.A.D creemos firmemente que los servicios públicos deben gestionarse de forma pública, sólo de esta manera se garantiza que llegue al mayor número de personas, pero a día de hoy este servicio público está externalizado y gestionado por grandes empresas (Clece, DomusVi, Sacyr Social, etc…) que no vienen del sistema sociosanitario, pero han visto en los contratos públicos un mercado de ganancia. Primando el negocio frente a la calidad del servicio ofrecido a las personas usuarias.
Precariedad, temporalidad y malas condiciones laborales
La media del precio/hora que la administración correspondiente paga a la empresa que lo gestiona es de 20 euros, los y las trabajadoras de S.A.D no llegamos al SMI por la parcialidad de las jornadas, lo que nos aboca a tener que buscar otro trabajo y muchas veces en economía sumergida.
El sector de los Cuidados es mayoritariamente feminizado y el S.A.D en un 94% somos mujeres y muchas de ellas migrantes. Nuestro principal problema es la precariedad, además de un porcentaje elevado de trabajo a tiempo parcial (25 o 30 horas semanales), excediendo en un 30% la tasa de parcialidad frente al conjunto del país. Dicha precariedad se manifiesta en la alta temporalidad, más elevada que la que padece el conjunto de la población española. Y además con el agravante de tener jornadas partidas lo que nos avoca a no tener conciliación familiar ni personal. (Estudio hecho por la Universidad de Oviedo en colaboración con la Plataforma Unitaria).
El estado de salud de la auxiliar del S.A.D es otro de los grandes problemas, son frecuentes las dolencias crónicas musculoesqueléticas y no reconocidas derivadas de una enfermedad profesional. Tampoco se nos reconocen las enfermedades psicosociales, a pesar de la fuerte carga emocional que conlleva nuestro trabajo en un entorno íntimo de la persona dependiente.
En el confinamiento por Covid-19 se nos declaró servicio esencial, ya lo éramos. Trabajamos sin EPIs y según el segundo estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, fuimos el segundo sector más contagiado por Covid-19 después del personal sanitario, aún así se excluyó a nuestro sector del contagio por Covid-19 como enfermedad profesional
Nuestro lugar de trabajo es el domicilio privado del usuario y es inviolable según el art. 18 de la CE, por lo que no se hace una Evaluación de Riesgos Laborales del Trabajo, a pesar de que la normativa de Prevención de Riesgos Laborales nos ampara, como también el artículo 15 de la CE. Tampoco puede tener acceso la Inspección de Trabajo, lo que nos hace todavía más vulnerables e invisibles ante la administración pública, la sociedad y con el beneplácito de las empresas privadas que lo gestionan.
Los servicios del SAD deben gestionarse de forma pública, frente a la externalización por grandes empresas (Clece, DomusVi, Sacyr Social, etc…), que priman el beneficio frente a la calidad del servicio ofrecido a las personas.
La generación que ahora desarrollamos este trabajo esencial, se jubilará en breve y con estas condiciones de trabajo, la generación más joven coge este trabajo vocacional como trabajo de paso hasta encontrar otro que le garantice mejoras laborales y salariales.
El estudio de la Viabilidad de la Dependencia (Estudio realizado por el Ministerio de Hacienda, PAPELES DE TRABAJO/2018) propone un modelo totalmente Público, Universal y Eficiente, donde se generarían alrededor de 400.000 puestos de trabajo en condiciones óptimas. Falta voluntad política.
Como Plataforma a nivel Estatal, recogemos las mismas reivindicaciones en todo el territorio español, ya que las condiciones son las mismas en toda España: Remunicipalización del S.A.D. Reconocimiento de enfermedades profesionales del sector. Jubilación anticipada a los 60 años. Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dotar a la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de “Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, de una partida presupuestaria propia dentro de los PGE y la garantía y protección en la Constitución Española de la LAPAD como Cuarto Pilar del estado del Bienestar.