Los barones seguirán mandando en las cajas

“La reforma de la Ley de Cajas anunciada ayer por el Ejecutivo se queda muy lejos de la privatización del sector que piden los sectores más liberales y, aunque da algunos pasos en la despolitización de estas entidades, no pone instrumentos suficientes para que ésta sea efectiva. Y esto, en un momento de desconfianza generalizada en España como paí­s y en su sector financiero, puede volverse en contra del Ejecutivo y de las cajas.”

Las rincipales medidas de la nueva norma en esta dirección son la prohibición de que los cargos electos formen parte de los órganos de Gobierno, la rebaja de los derechos de voto de las administraciones del 50% al 40% y la archiconocida emisión de cuotas participativas con derechos políticos. Pero las tres tienen enormes limitaciones. Respecto a la primera, la prohibición sólo se refiere a los cargos electos, no a los nombrados a dedo por instancias políticas. Por ejemplo, Rodrigo Rato y Narcís Serra podrán seguir presidiendo Caja Madrid y Caixa Catalunya sin problemas. La rebaja de los derechos de voto de las administraciones en la asamblea es otro brindis al Sol, puesto que ese 40% es suficiente para controlar la caja. Finalmente las cuotas con derechos políticos están limitadas al 50% del capital, con lo que los inversores privados no podrán nunca controlar una caja. (EL CONFIDENCIAL) EL PAÍS.- . El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha inyectado en las cajas españolas en torno a 15.000 millones que se han distraído de otros fines públicos; pero los cálculos de la autoridad financiera simulando situaciones de tensión en un periodo recesivo indican que las cajas necesitan entre 15.000 y 20.000 millones más para asegurar que su capital básico supere el 6% de sus activos ponderados por riesgos, aunque empeoren la economía y la morosidad. El sector público no puede atender esas nuevas exigencias de capital; lo lógico es que las cajas acudan a los mercados. Opinión. El Confidencial Los barones regionales seguirán mandando en las cajas E. Segovia "Si lo que pretendía el Gobierno con la reforma de la LORCA era despolitizar las cajas, desde luego no lo ha conseguido. Ahora bien, parece que lo que quería era dar una imagen de menor politización y más profesionalidad. Está por ver si lo consigue, porque toma medidas en esa dirección pero no sé si serán suficientes para convencer a los mercados", opina un experto en el sector financiero. La reforma de la Ley de Cajas anunciada ayer por el Ejecutivo se queda muy lejos de la privatización del sector que piden los sectores más liberales y, aunque da algunos pasos en la despolitización de estas entidades, no pone instrumentos suficientes para que ésta sea efectiva. Y esto, en un momento de desconfianza generalizada en España como país y en su sector financiero, y después del lamentable espectáculo dado por los políticos en los procesos de fusión -cuyo último capítulo todavía está por escribir con la venta de CajaSur-, puede volverse en contra del Ejecutivo y de las cajas. Las principales medidas de la nueva norma en esta dirección son la prohibición de que los cargos electos formen parte de los órganos de Gobierno, la rebaja de los derechos de voto de las administraciones del 50% al 40% y la archiconocida emisión de cuotas participativas con derechos políticos. Pero las tres tienen enormes limitaciones. Respecto a la primera, la prohibición sólo se refiere a los cargos electos, no a los nombrados a dedo por instancias políticas. Por ejemplo, Rodrigo Rato y Narcís Serra podrán seguir presidiendo Caja Madrid y Caixa Catalunya sin problemas. Se exigen además unos requisitos profesionales y de experiencia, pero sólo a la mitad del consejo, mientras que la otra mitad puede seguir compuesta por personajes como Moltó, Gómez-Sierra, etc. Además, según admitió ayer Elena Salgado en rueda de prensa, las comunidades autónomas seguirán designando representantes en la asamblea general y en el consejo, sólo que no podrá hacerlo el Gobierno sino el Parlamento. O sea, nos quedamos igual que estábamos. Y por si todo esto fuera poco, concede tres años a los cargos electos para salir de los órganos; aunque se trata de una fecha tope, a buen seguro muchos apurarán hasta el último minuto. La rebaja de los derechos de voto de las administraciones en la asamblea es otro brindis al Sol, puesto que ese 40% es suficiente para controlar la caja y, además, están los representantes de los impositores y de las organizaciones y entidades sociales relevantes en el territorio, que también suelen estar nombrados por los políticos. Finalmente las cuotas con derechos políticos están limitadas al 50% del capital, con lo que los inversores privados no podrán nunca controlar una caja. El Banco de España quita poder a las autonomías Mucho más interesantes son otras medidas que, en principio, no van destinadas a reducir la politización de las cajas, sino a reforzar su capacidad para captar capital. Así, la posibilidad de que las cajas se conviertan en bancos y salgan a bolsa, pensada principalmente para las fusiones virtuales (SIP), sí que es una puerta clara para su privatización. La fórmula contempla que las cajas que formen un SIP puedan privatizar más del 50% del capital de la entidad fusionada, pero en ese caso pierden el estatus de cajas y se convierten en fundaciones dedicadas únicamente a la obra social. A priori, no parece un plato de buen gusto para los políticos, porque perderán todo el control sobre el negocio financiero, y sólo acudirán a él entidades que necesiten imperiosamente captar capital, porque "una OPV de un banco siempre es mucho más fácil de colocar en el mercado que una cosa llamada cuotas participativas de una cosa llamada caja donde mandan los políticos, y que además están limitadas al 50% del capital", opina otro experto. De momento, sólo el SIP liderado por Caja Madrid y Bancaja ha expresado su deseo de acogerse a esta fórmula. Otra medida que resta claramente poder a las autonomías es la competencia exclusiva que tendrá el Banco de España para supervisar los SIP, que deja sin poder a las comunidades sede de las cajas integrantes de estas fusiones virtuales. Esto se refuerza con que será necesaria la autorización del supervisor si una entidad quiere salirse de un SIP, es decir, no podrá abandonarlo voluntariamente. Algo que consagra la irreversibilidad de estas uniones y que están abocadas a convertirse en una fusión de verdad. Y que puede provocar que alguno de los proyectos actuales no llegue a puerto ante este nuevo escenario. Las fusiones, politizadas hasta la médula La politización de las cajas, que siempre ha sido muy fuerte, ha llegado a máximos con el reciente proceso de fusiones que ha experimentado el sector, en el que las presiones de los barones regionales de los distintos partidos han sido determinantes para que, por ejemplo, las cajas gallegas y las catalanas se hayan fusionado entre ellas obviando cualquier criterio de racionalidad económica. También los políticos han sido determinantes para hacer fracasar otros proyectos apadrinados por el Banco de España, como la famosa fusión ‘diagonal’ Caixa Galicia-Caja Madrid-CAM. El control político de las cajas llegó al esperpento en la reciente asamblea de CCM, intervenida por el Banco de España pero donde el supervisor no votaba la venta de la entidad a Cajastur. El PP se opuso inicialmente a la operación y, si no hubiera cambiado finalmente su voto, la habría hecho fracasar. El último episodio de esta injerencia política en el sector financiero se vive estos días con la venta de CajaSur, aunque aquí de momento la Junta de Andalucía ha ido perdiendo todas las batallas. Primero perdió la de la fusión con Unicaja, cuyo rechazo por parte del cabildo de Córdoba provocó la intervención de la caja. Y después se ha esfumado el sueño de Griñán (y antes de Chaves) de la ‘gran caja andaluza’, primero por la huida de Caja Granada y después por la absoluta falta de entendimiento entre Cajasol y Unicaja para fusionarse, e incluso para presentar una oferta conjunta por CajaSur. No obstante, la Junta mantiene una presión que fuentes solventes no dudan en calificar de "brutal" sobre el Banco de España para que la entidad cordobesa sea adjudicada a una de las cajas andaluzas. La próxima semana veremos si Fernández Ordóñez sucumbe a las mismas o se decanta por las ofertas más agresivas de Sabadell y BBK. EL CONFIDENCIAL. 10-7-2010 Editorial. El País Cajas más privadas El Gobierno ha propuesto una reforma radical, aunque de carácter voluntario, de las cajas de ahorros como broche teórico a la reestructuración financiera. Los pilares de esa reforma son la eliminación paulatina de los cargos electos y representantes públicos de sus órganos de gobierno, así como la posibilidad de separar la actividad financiera en un banco filial, mientras que la caja mantiene la función social y la capacidad de emitir cuotas participativas, con derecho de voto, hasta un límite del 50% del patrimonio de cada entidad. La reforma, ejecutada mediante real decreto, cuenta con la aquiescencia del PP, tiene el beneplácito de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y carga con la oposición de los sindicatos que denuncian la evidente privatización de las entidades. El sentido de este cambio legal no se entiende sin reconocer que era urgente profesionalizar los órganos directivos de las cajas, para evitar el peso excesivo de las decisiones fuera del mercado que han contribuido a la quiebra de algunas instituciones (CCM) y, sobre todo, la exigencia agobiante de capital que las fusiones impulsadas por el Banco de España no ha satisfecho del todo. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha inyectado en las cajas españolas en torno a 15.000 millones que se han distraído de otros fines públicos; pero los cálculos de la autoridad financiera simulando situaciones de tensión en un periodo recesivo indican que las cajas necesitan entre 15.000 y 20.000 millones más para asegurar que su capital básico supere el 6% de sus activos ponderados por riesgos, aunque empeoren la economía y la morosidad. El sector público no puede atender esas nuevas exigencias de capital; lo lógico es que las cajas acudan a los mercados. El decreto ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros pretende facilitar una transición rápida de las cajas tal como son hoy hacia entidades que puedan atraer a inversores privados y con menos lastre político. El precio para las cajas que elijan el modelo segregado (banco filial con la actividad financiera mientras que la caja maneja la representación institucional y la fundación) será el de relegar la obra social a un segundo plano. Esta reforma no resuelve el problema inmediato de las cajas (ajustar sus costes en oficinas y personal a las exigencias de la crisis) ni de los bancos (cierre total del interbancario), pero dota a las entidades de mejores instrumentos de gestión para superar la crisis. EL PAÍS. 10-7-2010

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