Cargando...
La movilización de los pensionistas está cosechando sus primeros frutos obligando al Pacto de Toledo y al gobierno a tener que debatir sobre la revalorización de las pensiones según el IPC y no con el 0,25% aplicado por el gobierno en los últimos cuatro años. Pero los ataques contra el Sistema Público de Pensiones continúan.
El anuncio de Montoro para incluir en los Presupuestos del Estado una deducción del IRPF a los pensionistas en edad avanzada, es una estafa en toda regla.
De los 9 millones de pensionistas más de 6 millones, el 63%, no hacen la declaración de la renta porque cobran pensiones por debajo de 12.000 euros anuales. Y del resto que cobra por encima de esa cantidad solo un 10% -los que más cobran y rondan los 80 años- cumpliría los requisitos para beneficiarse de la deducción de Montoro.
El 90% de los pensionistas, sobre todo los que cobran pensiones mínimas, de viudedad o no contributivas son directamente excluidos. El ministro de Hacienda no tiene nada que ofrecer a los que más lo necesitan. Lo suyo es una oferta trampa para beneficiar a una ínfima minoría (“unos eurillos” como diría Villalobos, no más) a cambio de mantener a todos bajo el yugo del 0,25%.
Por otro lado vuelve a ser el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, la punta de lanza de la ofensiva contra las pensiones al servicio de la banca y los grandes fondos extranjeros que buscan hacer negocio con el dinero de las pensiones.
En un foro organizado por La Caixa para la Asociación Española de Directivos, el señor Linde ha dicho que los pensionistas no tienen derecho a quejarse porque la mayoría tienen casa en propiedad. Es más son unos afortunados porque “no es lo mismo tener que pagar 600 euros de alquiler que 100 de comunidad”, aunque su pensión no dé para calentarla en invierno, afrontar los gastos de los servicios básicos de agua, luz y mantenimiento o pagar el IBI.
Este gobernador del Banco de España, que gana 190.000 euros al año de los presupuestos públicos y tendrá una pensión millonaria, considera que por esa razón la pensión real de los jubilados es mucho mayor de la que reciben del Estado.
Y que, por lo tanto, “aún hay margen para más reformas” porque el sistema actual es insostenible y el primer factor a tener en cuenta es “su sostenibilidad”.
Según Linde, “la sostenibilidad está afectada por tres factores estructurales: el elevado desempleo, el envejecimiento demográfico y el aumento de la esperanza de vida”.
Bajo este aparente interés por la sostenibilidad del sistema lo que se oculta es un feroz ataque para demolerlo. Desde el Banco de España se sigue marcando el camino que pretenden imponer para seguir degradando las pensiones públicas: justificar la aplicación del “factor de sostenibilidad” que entrará en vigor en 2019 y que rebajará 0,5% anual las nuevas pensiones al introducir la esperanza de vida para calcular las pensiones; alargar aún más la edad de jubilación por encima de los 67 años; y aumentar los años de cotización para el cálculo de la cuantía de las pensiones.
Degradar las pensiones públicas hasta reducirlas a un sistema meramente asistencial de subsistencia para abrir camino a las pensiones privadas. Ese es su auténtico objetivo.