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A pesar de que la propaganda nos vuelve a hablar de una ofensiva que pretende mantener vivo el procés bajo otras formas, el día en que se celebraba el primer pleno del parlament catalán, más de dos meses después de celebradas las elecciones, quedó evidenciado que el retroceso de las élites independentistas se ha convertido ya en una derrota sin paliativos.
Por un lado, Puigdemont retiró públicamente su candidatura a presidir la Generalitat, calificándola de “provisional” y atacando nuevamente a España, pero en los hechos admitiendo su fracaso.
Así lo evidenció la subdirectora de La Vanguardia, al afirmar que detrás de la retórica inflamada, el expresident cedió ayer por primera vez desde las elecciones. Al renunciar a su candidatura, da un paso atrás que no puede revertirse”.
Por otro, en el Parlament de Cataluña las tres fuerzas independentistas, Junts per Catalunya, ERC y las CUP, aprobaron una moción que reivindica la legitimidad de Puigdemont y los resultados del 1-O, pero que “borró” la reivindicación de la DUI aprobada el 27 de octubre.
La misma fiscalía,que amenazó con tomar medidas legales, declaró ayer que no veía delito en esa moción.
Y la CUP, aunque formalmente declaraba que “ha sido un paso atrás”, se veía obligada a firmar la declaración.
Al mismo tiempo, Puigdemont ha debido renunciar a que la estructura paralela que se pretende crear en Bruselas tenga mandato directo sobre el govern de la Generalitat en Barcelona.
Estos tres hechos marcan la derrota del procés y de las élites independentistas. Así lo manifiestan los principales medios de comunicación. El Periódico plantea en su editorial que “Puigdemont se ve obligado contra su voluntad a renunciar a la presidencia de la Generalitat” y resala “el fracaso político que ello supone”. Y El País titula significativamente su editorial “Estafa a Cataluña”.
Las élites independentistas, especialmente las nucleadas en torno a Puigdemont, anuncian “una nueva ofensiva para internacionalizar el procés”, intentando mantener el pulso con el Estado. Pero las condiciones han cambiado, y su margen de maniobra es ya escaso.
Se ha presentado un “Espacio libre en Bruselas”, formando por una Asamblea de electos, a modo de un parlament, un Consell de la República, a modo de gobierno, y una presidencia encarnada en Puigdemont.
Planteando que su misión principal es “avanzar en la república y promover su internacionalización”.
Al mismo tiempo, Puigdemont anuncia una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado español, concentrada en la prohibición de ejercer el derecho de autodeterminación y en la limitación de derechos fundamentales.
Van a intentar mantener abierta la herida contra la unidad, especialmente en los foros internacionales, esperando obtener réditos políticos de ello.
Pero las condiciones son hoy totalmente diferentes de las vividas en septiembre y octubre del pasado año. Y no parece que en el corto plazo ningún centro de poder mundial, ni ningún Estado relevante, vaya a dar vía libre a movimientos de fragmentación en España.
Archivado ya el procés, el objetivo de las élites independentistas es hacer posible una investidura que permita un gobierno efectivo. Recuperando el control sobre los aparatos y el presupuesto de la Generalitat, base de su poder. Aislando cada vez más a los sectores más aventureros, representados por Puigdemont.
Puigdemont no va a ser presidente, y aunque se ha reconocido simbólicamente su legitimidad, no se le va a dar un mandato directo sobre el govern establecido en Barcelona.
Es significativo que ERC votara ayer a favor de una enmienda de En Comú Podem en la que se establece que no puede haber una estructura paralela en Bruselas que se encuentre por encima del govern efectivo en Cataluña.
Puigdemont ha sido desautorizado públicamente en los últimos días por los más destacados representates de las élites independentistas en Cataluña. Desde ERC, con Junqueras y Rovira, desde el PDeCAT con Artur Mas o Marta Pascal.
La propuesta de presentar a Jordi Sánchez como candidato es inviable y tiene un recorrido muy corto. Es poco probable que el juez Llarena de permiso para que asista a la sesión de investidura. Y ni siquiera cuenta con el cerrado apoyo de todo el indepentismo. ERC se ha encargado de recordar que es una propuesta de Puigdemont y no está consensuada. Todo parece indicar que el independentismo se verá obligado a presentar un candidato libre de procesos judiciales.
Aunque no se mencione en el debate político, está actuando la influencia del avance de la mayoría social catalana.
Es significativa la encuesta publicada por el Centre d´Estudis d´Opinió, el CIS catalán, que presenta un retroceso de ocho puntos en el apoyo al independentismo, situado en el 40%, pero que se reduce al 32% cuando se da la opción de ampliar competencias para Cataluña. Y que señala a Junts per Cataluña como la fuerza más castigada por el bloqueo político. La formación de Puigdemont perdería cuatro escaños, y sería rebasada por ERC.
En estas condiciones, como quedó demostrado ayer en el parlament, las élites independentistas van a evitar cualquier enfrentamiento o desafío con el Estado. Su “hoja de ruta” se limita hoy a recuperar el gobierno catalán que, según el acuerdo entre Junts per Catalunya y ERC, trabajaría con la premisa de “legalidad autonómica y obediencia republicana”.
Mientras la posición y estrategia del Estado ha salido reforzada, y no va a moverse hasta que no se haga efectiva la investidura de un candidato, independentista pero que acepte explícitamente los límites de la legalidad constitucional y estatutaria, y no esté inmerso en ningún proceso judicial.
Se esforzarán por presentar en la propaganda una nueva ofensiva, una actualización del desafío al Estado. Pero los hechos son contundentes. La situación de las élites independentistas es la de una derrota que ya empieza a adquirir la forma de una goleada de escándalo.