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Estos días han sido días de auténtica pesadilla, más de 2.200 personas que tuvieron que pasar la noche del pasado viernes en el aeropuerto o en hoteles por las cancelaciones. Los nuevos vuelos ya iban llenos por los sucesivos retrasos y la Guardia Civil tuvo que poner orden entre los pasajeros que se enfrentaban por subir a los pocos aviones que salían. No sólo AENA se desentendía de responsabilidad ninguna en la situación, sino también la Comunidad de Madrid respecto al trámite de denuncias.
Consumidores de Esaña recordaba perspicazmente cómo la Generalitat catalana sí canalizó el alud de 350 denuncias que presentaron los viajeros durante los 20 días posteriores a los incidentes de El Prat el 28 de julio de 2006, cuando un grupo de trabajadores pararon la actividad del aeropuerto al ocupar las pistas. El quid de la cuestión es que, entonces, la Generalitat tenía un claro interés en presentarse como buen gestor en defensa de los intereses ciudadanos frente a un “calamitoso” ministerio de Fomento, puesto que estaban las transferencias de la gestión de las infraestructuras en juego. Lo que pesa en este caso, el de la Comunidad de Madrid, a pesar de tiene la oportunidad de dejar en evidencia a Fomento, es que Caja Madrid, el principal instrumento financiero del gobierno de Esperanza Aguirre, es el principal accionista de Iberia (23,12% de la compañía) y el principal accionista de la fusión que esta está acometiendo con British Airways. Una fusión que va a crear nada menos que la tercera compañía aérea mundial y en la que Iberia juega un papel subordinado: la empresa española vale la mitad en bolsa que la británica. Por tanto, el gobierno de la Comunidad, de la mano con Fomento e Iberia, tienen necesariamente hipotecas y compromisos adquiridos, algunos de ellos no confesables en lo que es la venta de Iberia a British. ¿Qué tiene que ver con los pilotos? Los encuentros que están teniendo los pilotos con Iberia no son meras negociaciones salariales. La renovación del convenio colectivo pasa, según los pilotos, por que ellos tomen parte en las decisiones de cómo se va a ejecutar la fusión con British Airways. Por ejemplo, se sabe que SEPLA pide medidas para evitar que British monopolice el futuro crecimiento de la T-4. Según la compañía, SEPLA trata de meterse donde no le llaman puesto que se supone que es el consejo de administración el que debe decidir los términos de dicha fusión. Se trata de las condiciones en las que es vendido (no se puede calificar la operación de otra forma) nada menos que la compañía bandera de aviación nacional, un sector estratégico. ¿Cómo no van a tener voz y voto en ella los trabajadores? ¿Qué es lo que están escondiendo? A los responsables políticos y a Iberia no les ha interesado cuidar de las condiciones en que los afectados han pasado estos días en el aeropuerto, es obvio que sus fidelidades son otras. Pero los pilotos debían de haberse ganado a los pasajeros y la opinión pública en lo que se supone que es un tema que interesa a la nación. O, ¿acaso hay algo que esconder?