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La decisión de retransmitir en streaming toda la causa a los dirigentes independentistas en el Tribunal Supremo -más que un ejercicio de transparencia un auténtico streaptease judicial- ha convertido el proceso en foco diario de atención.
Sorprendentemente, los medios han dedicado más tiempo a examinar a los jueces que a los acusados. Han discutido sobre si el presidente del tribunal, Manuel Marchena, dirigía la causa garantizando la limpieza del proceso, o han resaltado los errores o incongruencias de algunos fiscales en sus interrogatorios. Pero muy pocas palabras se han empleado en explicarnos quienes son los acusados.
No es una cuestión trivial, ni mucho menos está resuelta. En torno a la visión de quienes se sientan en el banquillo hay toda una batalla mucho más importante de lo que parece.
Los doce dirigentes independentistas presos se presentan a sí mismos como defensores de los derechos civiles enfrentados a un poderoso sistema judicial que los persigue. Cuando se menciona a luchadores por los derechos civiles casi todos pensamos inmediatamente, por ejemplo, en los activistas contra la segregación racial en los EEUU de los años sesenta. Quienes se sientan en el banquillo en el juicio del procés tienen una trayectoria muy diferente. Son una élite que ha controlado durante 40 años, a través de la Generalitat, una comunidad como Cataluña, con un PIB de 223.139 millones de euros, administrando en función de sus intereses un presupuesto autonómico de 35.000 millones, el doble de todo el dinero destinado a pagar subsidios a los más de 3 millones de parados.
De los 12 acusados, 4 pertenecen a ERC y 5 a la ex-Convergencia. El partido fundado por Pujol es una de la formaciones más a la derecha en el panorama político. No solo en política económica, también en temas como el aborto o las libertades. Solo hay que recordar como el gobierno de Artur Mas fue el más agresivo defensor de que a los manifestantes que protestaron contra los recortes frente al Parlament se les impusieran las más elevadas penas de cárcel.
Otros tres acusados son dirigentes de organizaciones como la Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, presentadas como “representantes de la sociedad civil”. Pero Omnium Cultural fue fundado, no por ciudadanos anónimos, sino por algunos de los rancios apellidos de la burguesía catalana, como los Carulla o los Millet, estos últimos responsables del expolio del Palau de la Música, en pleno corazón de la trama de 3%.
Desde algunos sectores se da pábulo a la intención de los 12 procesados de presentarse como “defensores de la democracia” frente a “un Estado español que persigue las urnas”. Se oculta que al elevar los resultados del 1-O -en los que solo voto un 38% del censo- a la categoría de mandato que justificaba la DUI, se estaba imponiendo de forma antidemocrática la intención de una minoría sobre la voluntad de la mayoría que rechaza la independencia.
Se puede considerar problemática la acusación de rebelión, o excesiva la imposición de prisión provisional durante un año. Pero quienes se sientan en el banquillo en este juicio, no son rebeldes ni luchadores. Han ejecutado sus actos desde el poder, amparados por la fuerza de unas instituciones que les ha otorgado privilegios y capacidad para silenciar a los catalanes que no pensaban como ellos.
Todos debemos tener claro quienes son realmente los acusados en este juicio y qué representan. Para evitar caer en una confusión que presenta lo más reaccionario como algo progresista. O a quienes han ostentado el poder como víctimas.