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“Traición”, “humillación”, “políticamente indecente”. Palabras como estas han sido arrojadas por Feijóo contra el gobierno, al anunciar éste la derogación del delito de sedición, el mismo por el que fueron condenados los líderes del procés.
Los cambios que ahora se introducen en el Código Penal suponen rebajas de penas, pero no suponen impunidad. Si las élites del procés volvieran a repetir los hechos de 2017 serían nuevamente condenados.
La nueva legislación tiene sombras que es necesario despejar -para que los nuevos tipos penales no puedan utilizarse contra movilizaciones sociales- pero abre nuevas posibilidades, como facilitar la entrega de Puigdemont a la justicia española.
2022 no es 2017. Las élites del procés siguen siendo peligrosas pero han sido derrotadas. Ya no pueden volver a intentar imponer una independencia unilateral a una mayoría social catalana que la rechaza. Debemos celebrarlo.
Y la estrategia impulsada por el actual gobierno, que persigue “desinflamar el conflicto”, que incluyó los indultos a los dirigentes independentistas condenados, ha tenido éxito. Hoy el número de catalanes que apoyan la independencia está en mínimos históricos, y el gobierno ERC-Junts ha estallado.
La mejor forma de valorar la reforma impulsada por el gobierno, que elimina el delito de sedición, es saber que los sectores más ultramontanos del procés, la “caverna de Waterloo” encarnada en Puigdemont, están furibundamente en contra.
¿Qué cambios van a introducirse?
El delito de sedición se sustituye por un nuevo tipo penal de “desórdenes públicos agravados”. Las penas máximas se rebajan de los 15 a los 5 años, y la inhabilitación de los 15 a los ocho años.
Los hechos de 2017 siguen siendo delito, pero se rebajan las penas. Y no se tocan los llamados “delitos contra la Constitución”, entre los que se incluye el 155, aprobado conjuntamente en 2017 tanto por el PP y el PSOE.
Si ahora se pueden aprobar estos cambios es porque ERC ha variado su postura. Antes buscaba una despenalización total del 1-O o la DUI, ahora debe aceptar una rebaja de las penas.
Los condenados por el procés han sido indultados, pero persiste la pena de inhabilitación, que con estos cambios sería reducida, acelerando su posible retorno a la vida política.
Los que no serán “amnistiados” son los dirigentes del procés fugados: el expresident Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig en Bélgica, y la dirigente de ERC Marta Rovira en Suíza.
Es más, esta reforma facilitará que sean entregados a la justicia española. Al igualar el nuevo delito a los vigentes en la mayoría de países europeos, será más difícil que tribunales belgas o alemanes nieguen a España la extradición de Puigdemont.
No todo son aspectos positivos. Algunas organizaciones de lucha han advertido de que el nuevo delito de “desórdenes públicos agravados” puede utilizarse para perseguir la protesta social que se expresa en forma de movilización popular.
El PSOE va a presentar una enmienda a su propia propuesta para que los “desórdenes públicos” no puedan aplicarse a las movilizaciones sindicales, especialmente a los piquetes de huelga. Debe hacerse lo mismo para proteger a todos los movimientos de lucha.