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Lo ha anunciado el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, al hacer público el acuerdo con el FMI y la UE. Los 110.000 millones de euros que se prestaran a Grecia durante los próximos tres años no serán gratis y exigirán «grandes sacrificios».
Tras meses de tiras y aflojas durante los que se ha llevado a las finanzas úblicas del Estado heleno al borde de la bancarrota, finalmente el pasado domingo Berlín daba su visto bueno al llamado plan de rescate, que consiste en que la UE y el FMI presten a Grecia 110.000 millones de euros (80.000 millones la UE y 30.000 el FMI) a lo largo de los próximos 3 años, a un interés entre el 3,5 y el 5% (la Reserva Federal presta actualmente el dinero al 0,25% y el BCE al 1%). Pero al mismo tiempo que el montante del rescate, se ajustaban también las draconianas condiciones que Berlín y Washington exigen a Atenas para aprobarlo. La liberación trimestral de cada uno de los tramos del préstamo, estará sujeta a la estricta aplicación por parte del gobierno griego de las condiciones impuestas por la UE y el FMI. Y el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, ya ha advertido a las autoridades griegas que “deben estar preparadas para adoptar cualquier medida adicional que pueda resultar adecuada para alcanzar los objetivos del plan”. Un plan sin precedentes El comisario de Asuntos económicos de la UE, Olhi Rhen, ha afirmado que el plan de rescate de la economía griega “no tiene precedentes”. Y en efecto, es difícil encontrar precedentes a un plan de saqueo de la población de un país de tal magnitud y hecho con tal descaro. La primera de las condiciones consiste en el recorte en tres años de 30.000 millones de euros de gasto público. Como consecuencia, la economía griega, su Producto Interior Bruto, va a retroceder al menos un 7% en los próximos dos años, sin que exista tampoco ninguna garantía de que a partir de 2012 inicie la senda del crecimiento. Ahora bien, este recorte en el gasto público tiene una excepción. El Estado deberá inyectar de forma inmediata 17.000 millones de euros a la banca griega. Y provisionar otro fondo, de cuantía aún desconocida, para cubrir posibles insolvencias de su sistema financiero. ¿Por qué esta excepción en los brutales recorte del gasto público que se exigen a Grecia? Sencillamente, para asegurar que los bancos griegos pagan en su plazo los vencimientos de la deuda que tienen contraída con los bancos franceses, alemanes y suizos. La segunda condición es que para 2014, el déficit fiscal de Grecia deberá estar por debajo del 3%. Para ello, Berlín y Washington han puesto sobre la mesa toda una batería de sangrantes medidas contra la población. Los funcionarios públicos verán rebajados sus salarios en un 16% como media, sobre la base de congelar las subidas salariales durante tres años y eliminar pagas extras y complementos salariales. Lo mismo que ocurrirá también con los actuales pensionistas. Para los futuros, las medidas que se preparan son incluso más duras. Se alargará la edad de jubilación hasta “ponerla en correspondencia” con la esperanza de vida media (lo que puede equivaler a un retraso en la edad de jubilación de hasta cuatro años, a los 69), se ampliará el período de cómputo para calcular la cuantía de la pensión a toda la vida laboral y se exigirán tener 40 años cotizados para poder cobrar la pensión íntegra. Hasta 2007, la jubilación media en Grecia equivalía al 70% del salario medio. Tras el estallido de la crisis y la adopción de las primeras medidas de recorte, ya ha caído al 50%. Y lo que se planea ahora es introducir un sistema similar al adoptado por Pinochet en Chile cuando el FMI diseño la política económica de su dictadura. Habría una jubilación mínima garantizada por el Estado para todos los griegos de 360 euros al mes. Pero al introducir condiciones excepcionalmente duras para poder cobrar en el futuro la pensión íntegra, los trabajadores deberán pagarse un sistema paralelo de pensiones privadas adicionales para completar el resto. El cálculo de los sindicatos es que, tras la adopción del conjunto de medidas previstas por el plan UE-FMI, todas las jubilaciones y pensiones quedarán recortadas entre un 30 y un 50%. Para reducir el gasto público, el plan de rescate exige lo que denomina una “reorganización administrativa”, que incluye, entre otras medidas, un drástico recorte de más del 70%, en el número de municipios y de entidades locales, que deben reducirse desde los actuales 1.300 a 340. Se calcula que esto provocará el despido de alrededor de 200.000 funcionarios públicos. La subida de impuestos es otro de los pilares básicos del plan. El IVA subirá desde el 19 al 24%. El tabaco, el alcohol y las gasolinas un 10%. Y se deja abierta la posibilidad de imponer nuevas tasas y subidas. Al mismo tiempo, Berlín y Washington exigen al gobierno griego un amplio plan de privatización de empresas públicas y semipúblicas. Los grandes monopolios europeos tienen ya puesta su vista sobre el goloso mercado del tráfico marítimo, un sector clave de la economía de un país formado por más de dos mil islas. Y por último, el gobierno Papandreu tendrá que acometer una profunda reforma en el mercado laboral, facilitando y abaratando el despido y creando un nuevo salario mínimo más bajo destinado específicamente a los jóvenes y los parados de larga duración. Visto de conjunto, el llamado plan de rescate es en realidad lo más parecido a un plan de saqueo de las rentas y salarios de la población griega como no se ha conocido en Europa occidental desde los tiempos de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.