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Ha anunciado que habrá amplios ajustes y recortes, y que probablemente serán duros, muy duros. No ha explicado, en efecto, en que van a consistir de forma concreta. Pero sin embargo, ha dejado perfectamente claro sobre quiénes van a recaer y sobre quiénes no.
En la primera parte, Rajoy ha encarado los dos problemas cruciales que a su juicio enfrenta nuestro país: solucionar el acuciante problema de los 5 millones de parados y resolver el lugar que España debe aspirar a ocupar en el mundo en los próximos 20 años. ¿Qué lugar en el mundo para España?En efecto, como ha dicho Rajoy, cuando salgamos de la crisis el planeta será muy distinto. Y habrán cambiado tanto las reglas del juego como “el peso relativo de los países y su cotización internacional”. De hecho están cambiando ya. Y de forma acelerada. No se trata por tanto “de recuperar lo que se fue, ni de regresar al lugar que ocupábamos, porque ese lugar ya no existe”. Y España deberá competir para hacerse con “un puesto de primera fila” en ese nuevo mundo. Tiene razón. El problema es que aspirar a una nueva y mejor colocación de nuestro país en el mundo depende, en primer lugar, de luchar por conseguir la necesaria autonomía política de Washington y Berlín; exige conquistar mayores cotas de soberanía para decidir por nosotros mismos y defender nuestros intereses. Pero de esto, al señor Rajoy no le hemos escuchado ni una sola palabra. ¿Cómo es posible hablar del nuevo mundo que se esta gestando a escala global y europea sin mencionar siquiera a las dos grandes potencias, EEUU y Alemania, que rigen su destino e imponen sus designios? Lo innombrable, la intervención y el control de Washington y Berlín sobre la vida política española, ha vuelto a hacer acto de presencia, invisible y fantasmagórica pero real, en la sesión de investidura. Todos saben que están, todos saben que su peso es determinante, pero nadie osa mencionarlos. Rajoy dice que quiere que España ocupe un lugar de primera fila, pero lo primero que ha hecho, antes incluso de llegar al gobierno, es pactar con el PSOE de Zapatero una reforma constitucional dictada directamente desde Berlín. ¿De verdad cree el señor Rajoy que el “peso relativo” de España y su “cotización internacional” va a venir de aceptar mansa y sumisamente el bastón de mando de Merkel y Obama? Sus hechos contradicen abiertamente sus palabras.«La intervención y el control de Washington y Berlín sobre España ha estado presente en la sesión de investidura» Algo similar a lo que ocurre con el paro. Se lamenta del drama de los más de 5 millones de parados, y anuncia una serie de medidas que van en la dirección correcta, que permitirán dinamizar relativamente la economía y ayudar a la creación de empleo, como la reducción fiscal para la reinversión de beneficios, el canje de las deudas de la administración con PYMES y autónomos por sus pagos fiscales pendientes o el no obligarles a adelantar el pago del IVA hasta que no se hayan cobrado realmente las facturas por los servicios prestados. Pero al aceptar como inviolable el corsé del pacto de estabilidad impuesto por Merkel, todas estas medidas difícilmente van a suponer más allá de unas pocas gotas de agua en el océano del paro. Pues proponer como eje central de su política de gobierno la austeridad, la disciplina fiscal y el recorte del gasto público, inevitablemente se va a traducir, como su equipo económico conoce sobradamente, en un nuevo y mayor descenso del consumo, la inversión y, en consecuencia, del empleo. Los costes del ajusteAunque Rajoy no haya anunciado ni una sola de las medidas de ajuste concretas que su gobierno va a adoptar de forma inmediata, la simple enumeración de las reformas propuestas es más que suficiente para saber sobre quién va a recaer el peso de ajuste, y sobre quién no. El enunciado de la nueva reforma laboral que pretende –basada en la flexibilidad interna para las empresas y la reducción del peso de la negociación colectiva por ramas y provincias– no es sino un nuevo paso en la rebaja de los salarios. Reformar el calendario laboral para acabar con los puentes –la última propuesta de la CEOE– le parece fundamental para mejorar la competitividad, pero poner coto a los sueldos millonarios que se autoconceden banqueros, consejeros de las cajas, altos ejecutivos y gestores de las grandes empresas, no. «Aceptar como inviolable el corsé del pacto de estabilidad impuesto por Merkel, es renunciar a acabar con el paro» El recorte de 16.500 millones de euros en el gasto público –sujeto a una próxima y previsible ampliación–, necesariamente recaerá, como ha empezado ya a ocurrir en autonomías como Cataluña o Castilla-La Mancha, en la educación y la sanidad pública, en las personas dependientes o en las ayudas a las mujeres víctimas de la violencia de género. En nombre del déficit que su gobierno va a heredar, no ha descartado incluso, contradiciendo sus promesas electorales, una probable subida del IVA. Pero no ha dicho ni una sola palabra sobre el aumento de los ingresos del Estado haciendo pagar más a quien más tiene o atajando el gigantesco fraude fiscal de multinacionales y grandes fortunas.Rajoy ha dicho que revalorizará en 2012 las actuales pensiones, pero para anunciar a continuación que volverá a reducir la cuantía de las futuras haciendo proporcional lo que se cobre con lo que se haya pagado durante toda la vida laboral. Y de reformar la ley que permite a diputados y senadores cobrar el 80% de la pensión con sólo 8 años cotizados o poner límite a los escandalosos fondos personales de pensiones de los banqueros de 60, 80 o 90 millones de euros, nada le hemos oído. Sus propuestas de racionalización y simplificación del Estado son una seria amenaza para los más de 700.000 trabajadores temporales de la administración pública, pero no para los suculentos y múltiples sueldos, privilegios y prebendas de todo tipo de las que disfrutan los altos cargos de su administración. No es necesario ningún otro grado mayor de concreción para comprender que su programa de ajustes se dirige contra el 90% de la población, a la que por mandato de Bruselas y el FMI se dispone a dar otra vuelta de tuerca en la rebaja de rentas y salarios.Mientras, para los Botín y compañía se ofrece una nueva “reestructuración y saneamiento” del sistema financiero, donde afloren las pérdidas reales del “ladrillo” (que no ha aclarado quién pagará) y que deberá someterse a un nuevo proceso de fusiones en el que el pez grande se coma al chico, o el reconocimiento (y por lo tanto el pago) del supuesto déficit de tarifa con los monopolios eléctricos y lo que ha sonado con insistencia como una renovada apuesta por la energía nuclear. Además de pasar a disfrutar de nuevas y mayores ventajas fiscales para pagar todavía menos por los multimillonarios beneficios de sus bancos y monopolios. Los 100 días de graciaEn mitad de la gran depresión de 1929, el presidente norteamericano Roosevelt instauró lo que desde entonces se conoce como “los 100 días de gracia” para los nuevos gobiernos. Es decir, un breve periodo de tiempo para valorar sus hechos, y no sus palabras. Sin embargo, ha llovido mucho desde entonces. Y ese mismo período de tiempo ahora parecen contarse hacia atrás y no hacia adelante. No en vano ahora hace exactamente 100 días que Rajoy, junto a Zapatero, se comprometió con la reforma de la Constitución a seguir fielmente el camino trazado por Berlín. En los próximos 100 días, nosotros, el pueblo, tenemos por delante por delante una tarea bastante más importante que esperar, entre la expectación y el temor, las primeras medidas de Rajoy. En poco más de tres meses libraremos la tercera batalla política y electoral consecutiva en menos de un año, las elecciones andaluzas. Nuestro objetivo no pude ser otro que trabajar por crear las condiciones más favorables para que las elecciones andaluzas supongan un mayor retroceso del modelo bipartidista y un nuevo paso en el camino de cambiar la correlación de fuerzas en un sentido favorable a nuestros intereses. Mientras ellos preparan sus nuevas medidas de ajuste, nosotros debemos avanzar en que se abra paso la alternativa de un frente amplio capaz de unir al 90% de la población en torno a un programa de redistribución de la riqueza, ampliación de la democracia y defensa de la soberanía nacional.