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No hace falta ser un experto en las artes adivinatorias. Tampoco quedarse hasta altas horas de la madrugada para consultar con las pitonisas televisivas. La altura a la que raya el nivel de nuestra clase política es tal, que basta con utilizar un poco, tampoco demasiado, de sentido común para predecir con garantía total de acierto sus próximos pasos. Hace exactamente una semana dijimos en estas páginas que estaba en marcha «un nuevo proceso de concentración del sistema financiero español, para el que el gobierno está dispuesto a inyectar el dinero público que sea necesario» y que «en algún lugar existe un diseño definido del nuevo mapa de las cajas y un plan para ejecutarlo».
Siete días desués, el diario ABC ha hecho pública la existencia de “un documento de nueve folios enviado a determinadas entidades del sector financiero” en el que esta sintetizado un plan de rescate para el sistema financiero cuyo objetivo, dice, es “separar el grano de la paja”. El documento reservado al que ha tenido acceso ABC, es un detallado plan para “entrar a fondo a sanear la banca española”, hacerlo inmediatamente “antes de que sea demasiado tarde” y de que al gobierno “le estalle en las manos buena parte del sector financiero”. El acelerado aumento de la morosidad, que en el mes de enero alcanzó niveles similares a los que tuvo el sistema financiero el pasado mes de julio, cuando quebró la mayor inmobiliaria española, Martinsa, pero esta vez sin que haya quebrado ninguna, está afectando ya por todos lados al nivel de solvencia de las entidades financieras, algunas de las cuales, principalmente cajas de ahorros, estarían en situación de quiebra o en el estado inmediatamente anterior a ella. El documento del gobierno clasifica a las entidades financieras en tres categorías. En la primera de ellas están los “tres grandes” del sistema financiero español, Santander, BBVA y La Caixa. Ninguno de los cuales, en principio, figuran entre los que tienen problemas, al menos urgentes, y por lo tanto no estarían incluidos entre aquellos que precisan las ayudas que se preparan. La segunda incluye a un grupo de entidades financieras con problemas serios, pero que odavía pueden ser rescatadas y saneadas a través de dos vías. Una, secundaria, puesto que sus reservas no dan para más, que es el recurso a las ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos. La otra, la principal, la compra por parte del Estado de sus activos tóxicos, con dinero (público, por supuesto) que se transformaría en participaciones preferentes (es decir, acciones de un tipo especial) del propio banco o caja. El Estado recapitalizaría a estas entidades a cambio de convertirse en su accionista. En esta categoría entrarían todo un grupo de entidades que “empezaron teniendo falta de liquidez y que ahora padecen ya problemas de solvencia”. La intervención en este grupo se completaría con el nombramiento de nuevos gestores y administradores a su frente cuyo objetivos sería sanearlas a corto-medio plazo para devolverlas lo antes posible al sector privado. Un saneamiento que incluye fusiones entre entidades, recorte de su tamaño, despidos en masa de trabajadores y cierre de muchas de sus oficinas, entre otras medidas todavía no concretadas. La última y tercera categoría sería la de las entidades destinadas a desaparecer. El plan diseñado por el gobierno incluye la intervención directa del Banco de España sobre ellas. Intervención dirigida a cerrar todo un conjunto de entidades a las que el documento clasifica como “no viables” o “imposibles de rescatar”. Si la anterior crisis bancaria vivida en nuestro país, a finales de los años 70 y principios de los 80, dio como resultado que las 108 entidades entonces existentes quedaran reducidas a las actuales 51, con el proceso de hiperconcentración que dio origen a dos megacorporaciones bancarias (Santander y BBVA) y a dos megacajas (La Caixa y Cajamadrid), este nuevo proceso de saneamiento va a dar lugar a una nueva fase de mayor concentración del capital en el sistema financiero. E igual que no hacia falta tener dotes premonitorias para saber lo que se estaba cociendo, tampoco son necesarias para adelantar que el coste de la concentración vamos a pagarlo todos nosotros con nuestros impuestos. Y no será barato. Ni para prever que va a incrementar la voracidad de algunas burguesías burocráticas regionales, que al final del proceso van a contar en sus manos con instrumentos financieros más potentes para seguir incrementando su poder.