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Parece ser que por fin se va a poner en marcha el proceso de resolución de la Ley General Audiovisual. Una legislación que se ha visto retrasada en numerosas ocasiones y que ahora ha encontrado la mejor coyuntura para dar a luz. Los movimientos de capas tectónicas que sacuden los medios de comunicación exige dar coherencia y «asir fuerte» las diferentes medidas que se han ido articulando en los últimos meses. Cierto es que introduce normativa reclamada por amplios sectores como la protección del menor o el control del tiempo publicitario, pero no es éste su aspecto principal.
El rincipal elemento regulador será el Consejo Estatal de Medios, cuyos miembros serán elegidos por dos tercios del Congreso. No parece que esta condición vaya a satisfacer el “espíritu independiente” que debe tener el órgano. Más atendiendo a cuales la mayoría y la correlación de fuerzas parlamentaria. Pero el objetivos principal, de urgencia, es cerrar las dos leyes recientemente presentadas: la “Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones”, y la “Ley de financiación de RTVE”. La primera ha salido adelante después de que hayan sido satisfechas las exigencias de los grupos nacionalistas en las Comisión de Industria en temas de competencia. Pese al carácter de “ayuda” que le ha dado el Gobierno, sea cual sea el idioma en el que se explique, la ley abre la puerta a una mayor concentración y monopolización de la información y la cultura en España. El único límite a las fusiones es no sobrepasar el 27% de audiencia. Como dice el portavoz del PSOE, Oscar López: "más margen de libertad" a los operadores "para unirse en momentos de crisis", menos libertad para los ciudadanos, añadimos.El pelotón de enmiendas, y las protestas del sector han llegado con la ley de financiación de RTVE. Las diferencias se concentran en el 0,9% de kanon que deben pagar las telecos, pero, sin embargo es en la naturaleza y las capacidades de la televisión pública donde deberían darse. RTVE pierde el control sobre sus propios gastos y el origen de su financiación, además, de no poder emplear dinero público para “sobrepujar” por derechos frente a competidores privados. Lo que deja cualquier evento de envergadura e interés público en manos de las privadas. Por debajo sigue avanzando el proceso de privatización de la producción de contenidos, al que “obligó” el último recorte de 4.000 empleos que sufrió el ente público: no había dinero para pagar salarios, pero TVE es líder en ingresos publicitarios – en sus diferentes vías, bien anuncios, bien concursos telefónicos, mensajes… -, y como hay suficientes profesionales deben contratarse productoras privadas. Una ley oportuna y necesaria… para salvar de la quiebra a los grandes y preparar un aumento de la monopolización informativa y cultural.