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Esta última semana ha sido la más dura en incendios forestales desde el incendio de Guadalajara en 2005 y cuyo exponente más destacado son 6 víctimas mortales y más de 15.000 hectáreas quemadas. Los bomberos fallecidos merecen todo el reconocimiento por su entrega en aras de prevenir mayores riesgos al conjunto de la sociedad. Precisamente el GRAF (Grup de Recolzament d´Actuacions Forestals) de Bombers de Catalunya, al que pertenecían cinco de ellos, se ha caracterizado por una elevadísima competencia en esta difícil misión puesta en evidencia en los once años de su existencia y en la exportación de su experiencia a otros países (Portugal, Escocia, California, Sudáfrica, etc.).
Una de las advertencias que recisamente venían haciendo desde GRAF era la paradoja de la extinción. La gran acumulación de costosísimos medios de extinción –como con sentido común indicaba la Ministra Espinosa en el incendio– ha llegado en España al nivel de saturación. Por el contrario, el estado del paciente, del territorio es cada vez peor. Atajamos el 99% de los incendios pero como la acumulación de combustible no se aborda, cuando en condiciones extremas se nos escapa ese 1% de incendios, éstos devienen de una virulencia pavorosa. Es como si ante los problemas cardiocirculatorios respondiéramos solo con tratamientos hospitalarios en vez de modificar los hábitos de vida. Nuestra respuesta más indicada al sacrificio de estos 6 compatriotas es revisar rigurosamente toda la cadena del incendio forestal desde el estado de los montes hasta la extinción y corregir de forma decidida las deficiencias observadas. Todos los expertos coinciden en que el 90% de éstas se encuentran en la prevención en un sentido amplio, es decir en el abandono del medio forestal y rural. Aprovechamos menos de 1/3 del crecimiento del bosque en todas las CC AA de la franja mediterránea, biomasa que se acumula año a año y que convierte en peligrosísimos los incendios forestales. Biomasa que únicamente tiene una salida: su utilización o el incendio. Curiosamente hemos padecido durante décadas una extraña alianza tácita entre un neopietismo contemplativo obsesionado en trasladar una imagen virginal de la naturaleza donde lo mejor es no intervenir y un mercantilismo miope que limita la economía al mercado del momento. El primero no hace más que presionar para que se proteja más y más extensión que al segundo ya le va bien pues con las sucesivas declaraciones distrae la atención de las recalificaciones en las zonas costeras. Son frecuentes las demandas desde posiciones ecologistas para impedir o dificultar cualquier tipo de gestión forestal y que rara es su solidarización con las poblaciones de interior para mantener esas actividades que nos han dejado los paisajes que paradójicamente quieren preservar, eso sí, con una total alienación de sus protagonistas sustantivos. En un momento de hundimiento de muchos mercados, ¿se puede ser tan necio como para pensar que realmente un traspaso de un futbolista puede valer 50 millones de euros y el valor de mercado del monte valenciano menos de un 10% de esa cifra? Muchos mercados son fruto de una decisión política que los impulsa (retransmisiones deportivas, derechos de imagen, etc.). Nuestros poderes públicos con independencia del color político han destinado unos recursos ridículos para compensar la falta de rentabilidad directa de los montes. Los presupuestos forestales en nuestro país apenas llegan a 10 euros/hectárea/año frente a los 300 de la agricultura. La desidia y el desinterés por el mundo forestal se ponen de manifiesto en muchos aspectos como por ejemplo la negociación del Plan de Desarrollo Rural actual. Hasta 2006 el 20% de estos fondos correspondía a espacios forestales y el resto a política agraria. Bruselas ha reforzado en el nuevo marco el peso forestal pero la Conselleria d´Agricultura que distribuía esos fondos redujo contra toda lógica el porcentaje forestal al 7,5% del total lo que ha supuesto una bajada considerable de medios disponibles. Pero además la Generalitat no aporta más que el 1% de los fondos, correspondiendo el 99% a la UE y el Estado. O el Consejo Forestal previsto en la Ley forestal de 1993 y que fue derogado hace pocos años prácticamente sin haberse convocado. O el inexistente seguro forestal ante incendios, previsto en la Ley de Seguros Agrarios de 1978 y solo implementado para las reforestaciones de tierras agrarias. O sea que quien ha mantenido un bosque lo único que le pueden caer son todo tipo de cortapisas y restricciones y quien en su día deforestó se le subvenciona la repoblación y su correspondiente seguro. Para romper este círculo vicioso hace falta visión a largo plazo y generosidad respecto de las generaciones futuras. Y en todo caso reconocer el papel central que deben jugar quienes ponen en riesgo sus vidas (profesionales) y patrimonio (propietarios forestales privados y municipales) frente a la frivolidad inconsistente que tantas veces ha distraído la atención social. Un gran pacto social a favor de los bosques es hoy más que nunca necesario a todos los niveles.