Cargando...«Esta es la proporción de la política minera plasmada en el código de minas de 2001 ratificada en la reforma de 2010. Durante el último periodo del gobierno de Uribe se otorgaron la mayor cantidad de títulos mineros en la historia de Colombia y se ahondaron los privilegios de la gran minería transnacional. Ahora, bajo el mandato de Santos se pretende profundizar y llevar a sus más altas dimensiones.»
La exansión de la actividad extractiva en Colombia responde, como la gran mayoría de las políticas de nuestros gobiernos, no a las autenticas necesidades del pueblo colombiano sino a intereses ajenos a ellos. Con la economía de las grandes potencias tremendamente debilitada gracias a las recurrentes crisis que el sistema capitalista provoca, con la necesidad de buscar nuevamente riqueza sustentada en los metales preciosos y con precios del oro llegando a sus máximos registros históricos, superando los 1400 dólares la onza, son naturales las expediciones que nuevamente emprenden a países que como Colombia, poseen estos preciados recursos (ARGENPRESS) THE WALL STREET JOURNAL.- Una propuesta del líder nacionalista peruano Ollanta Humala para crear un nuevo sistema público de pensiones en Perú podría terminar minando los fondos privados de pensiones del país y potencialmente liquidando un elemento clave que explica el espectacular crecimiento del mercado de capitales peruano. En su programa electoral, Humala delineó los planes para un nuevo sistema público de pensiones al cual harían contribuciones obligatorias todos los trabajadores. De acuerdo con este manifiesto, las pensiones tendrían que pagarse a todas las personas de más de 65 años y serían financiadas por impuestos y contribuciones de los trabajadores. Una reestructuración de esa envergadura del sector parecería abolir el actual sistema de pagos obligatorios a los fondos privados de pensiones. Argentina. Argenpress Las venas abiertas de Colombia Darío Arenas El 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos mineros. De las 114 millones de hectáreas que conforman el total del suelo patrio, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin, aproximadamente la superficie de los 4 departamentos más grandes del país (Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta), más todo el Eje Cafetero, Cundinamarca y el Valle del Cauca juntos. Esto en un país, en el que gracias al maremágnum de reformas aperturistas iniciadas en los años 90, el agro y la industria sufrieron un rezago descomunal, y donde se estima que hay disponibles y no cultivadas apenas 4,97 millones de hectáreas para agricultura. Esta es la proporción de la política minera plasmada en el código de minas de 2001 ratificada en la reforma de 2010. Durante el último periodo del gobierno de Uribe se otorgaron la mayor cantidad de títulos mineros en la historia de Colombia y se ahondaron los privilegios de la gran minería transnacional. Ahora, bajo el mandato de Santos –como seguramente ocurrirá con el resto del paquete neoliberal heredado- se pretende profundizar y llevar a sus más altas dimensiones. La expansión de la actividad extractiva en Colombia responde, como la gran mayoría de las políticas de nuestros gobiernos, no a las autenticas necesidades del pueblo colombiano sino a intereses ajenos a ellos. Con la economía de las grandes potencias tremendamente debilitada gracias a las recurrentes crisis que el sistema capitalista provoca, con la necesidad de buscar nuevamente riqueza sustentada en los metales preciosos y con precios del oro llegando a sus máximos registros históricos, superando los 1400 dólares la onza, son naturales las expediciones que nuevamente emprenden a países que como Colombia, poseen estos preciados recursos. El capital financiero internacional bajo esta lógica se ha fortalecido y ha asumido un rol preponderante, llegando a tener inversiones en la industria minera mundial del orden de los 84.327 millones de dólares entre 2000 y 2006, a través de proveedores de fondos tan poderosos como JP Morgan, Citigroup, HSBC Holdings, ING, entre otros grandes conglomerados financieros del mundo. Prueba de la desesperada sed de las potencias por los recursos minero-energéticos, reflejada en las invasiones a Irak y Afganistán, es el aprovechamiento de circunstancias coyunturales como la de Libia. Bajo pretextos humanitarios, Estados Unidos retoma posiciones de mando y control sobre los recursos de una zona que ha sido esquiva a sus mandatos. Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un abrumador ingreso de compañías mineras canadienses a Colombia y que estas representan el 75% de la industria minera mundial, no es de extrañar el alborozo del actual ministro de hacienda Juan Carlos Echeverry, quien notablemente cómodo con el tipo de relaciones que Colombia posee con el mundo, expresara hace poco: "los españoles descubrieron América hace 500 años y los canadienses descubrieron Colombia hace 10. De lo que estamos muy contentos"3. Muestras tangibles de la actitud de la alta clase dirigente de nuestro país frente a las grandes potencias y sus intereses. Cabría anotar que solo le restó manifestar al ministro en su arrebato de honestidad brutal, que hace más de un siglo y bajo condiciones similares también nos habían “descubierto” los gringos. Amagá, El Hoyo-Patía, Suarez, Marmato, La Jagua de Ibirico, Anaime, Quinchía, Tabaco, Pore, Taraira, Socha, Montelibano, Sardinata, Remedios, Buenos Aires, la serranía de San Lucas, Condoto, Cajamarca, son entre muchas otras poblaciones colombianas, el ejemplo del modelo minero que se intenta imponer en nuestro país. Han sido en unos casos, damnificados por las leoninas condiciones laborales fijadas por las transnacionales y testigos de primera mano del abandono estatal, del asfixiamiento y acoso a la minería tradicional local, y en otros, se pretende que sean víctimas de la destrucción de su medio ambiente, del desplazamiento de sus poblaciones, del despojo de su hábitat, del arrebatamiento de sus tradiciones y de la expropiación de sus trabajos, su vida y su historia. Todas estas comunidades tienen suficientes razones para sentirse desamparadas por el Estado y poseen el justo y legitimo derecho a rebelarse en contra de las políticas del acoso y el saqueo agenciadas por quienes en teoría deberían defender sus intereses. Esta es la verdadera cara de la locomotora minera de Santos. Vagones llenos de gabelas y privilegios para las compañías transnacionales, colmados de exenciones tributarias, descuentos y facilidades enormes para realizar negocios de acuerdo a su conveniencia con formidables márgenes de ganancia, todo ello contrastado con la persecución rastrera a los mineros pequeños y tradicionales de nuestro país. La profundización de la confianza inversionista intenta sumir a una enorme porción de nuestra población en una funesta lógica, inexpugnable según nuestros dirigentes, en la que la inserción en el mercado mundial de economías tan languidecidas y debilitadas como la colombiana debe darse a cualquier costo, sin importar las asimetrías que existan, el lugar rezagado que en él juguemos, y el deterioro que este tipo de políticas generen en nuestra población. Asistimos a un escenario desolador y apabullante. El prurito por la reprimarizacion de nuestra economía no tiene parangón alguno, las políticas del despojo, expoliación y pillaje lejos de combatirse se han institucionalizado y se les ha brindado un cariz de progreso y bienestar, cuando en realidad anidan en su interior las mismas formulas que han perpetuado el atraso y el subdesarrollo en nuestro país. Las venas de Colombia siguen abiertas. Las cicatrices que aun conservamos en la piel de nuestra nación, como las de la lucha por nuestra independencia hace 200 años, nos demuestran que los pueblos cuando se resuelven pueden vencer las políticas entreguistas y los regímenes antipatrióticos, y pueden decidir por sí mismos su destino. La concientización, la organización y la movilización deberán marcar el camino para que, al igual que en el caso de la victoria en Santurbán, derrotemos la sumisa entrega de nuestros recursos y podamos descarrilar definitivamente la nefasta locomotora minera de Santos. ARGENPRESS. 20-4-2011 EEUU. The Wall Street Journal La propuesta de Humala pone nerviosos a los fondos privados de pensiones de Perú Robert Kozak y Sophie Kevany Una propuesta del líder nacionalista peruano Ollanta Humala para crear un nuevo sistema público de pensiones en Perú podría terminar minando los fondos privados de pensiones del país y potencialmente liquidando un elemento clave que explica el espectacular crecimiento del mercado de capitales peruano. Un ex oficial militar de inclinación izquierdista de 48 años de edad, Humala, se enfrentará a la congresista Keiko Fujimori, de 35 años, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el 5 de junio. La propuesta de Humala podría perjudicar una de las mayores fuentes de capital en el país andino, advierten economistas. En su programa electoral presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, Humala delineó los planes para un nuevo sistema público de pensiones al cual harían contribuciones obligatorias todos los trabajadores. De acuerdo con este manifiesto, las pensiones tendrían que pagarse a todas las personas de más de 65 años y serían financiadas por impuestos y contribuciones de los trabajadores. Un sistema voluntario privado también estará disponible para los trabajadores a los que les quede dinero extra luego de contribuir al sistema público. Pero el documento no da más detalles. Una reestructuración de esa envergadura del sector parecería abolir el actual sistema de pagos obligatorios a los fondos privados de pensiones, dicen los administradores de fondos. "Leyendo el plan de gobierno (de Humala) concluimos que los actuales pagos obligatorios a las administradoras de fondos de pensión privados (AFP) pasarían a ser voluntarios", dijo Alejandro Pérez-Reyes, director de inversiones de una de las principales administradoras de Perú, AFP Prima. Alrededor de 4,7 millones de peruanos son afiliados de los sistemas de pensión privados, un incremento respecto a los 2,7 millones de 2001, mientras que los activos de los fondos de pensión en febrero de este año llegaban a US$30.800 millones, comparado con apenas US$3.600 millones de fines de 2001. Los activos de los fondos de pensiones equivalen a alrededor de 20% del Producto Interno Bruto de Perú. Las AFP han invertido alrededor de 28% de sus fondos en la bolsa de Lima, alrededor de 16% en bonos del gobierno y aproximadamente 17% en títulos de empresas privadas. Estos fondos pueden invertir hasta en un 30% de su capital en el extranjero. Bajo la actual estructura, 10% del salario de un trabajador se paga a un fondo privado de pensiones, en tanto que otro porcentaje variable se toma del salario para pagar por la administración, comisiones y seguros. "Sin la entrada de dinero de pagos obligatorios, no habría ingresos por lo cual tenemos un problema incluso si no tocan el dinero que ya está en los fondos de pensiones", dijo un ejecutivo de una administradora. Los fondos de pensión se han beneficiado del robusto crecimiento de la economía de Perú y de sus principales indicadores bursátiles. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, subió 65% el año pasado. "El crecimiento de las AFP y de los mercados de capital está estrechamente vinculado. Las AFP son grandes jugadoras en el mercado de las principales acciones", dijo Gustavo Urrutia, un operador de Inteligo SAB. Humala negó esta semana que la propuesta vaya a tocar las AFP. Dijo también que una propuesta para pagar pensiones a los ancianos será financiada por fondos obtenidos con el alza de los impuestos y la reducción de la evasión impositiva. Los funcionarios del gobierno, mientras tanto, han dicho que están estudiando formas de proteger las inversiones de las AFP. Otros analistas dicen que están preocupados porque las AFP podrían fácilmente ser obligadas a comprar bonos del gobierno o a financiar otros emprendimientos en Perú, en vez de buscar los mejores retornos para sus afiliados. En un mensaje en Twitter, Keiko Fujimori dijo que su partido no realizará cambios a las AFP. El sistema de fondos de pensión de Perú, se basa en el modelo desarrollado en Chile en la década de los años 80 y comenzó a funcionar en 1993, cuando el sistema público estaba prácticamente en bancarrota. THE WALL STREET JOURNAL. 21-4-2011