Cargando...«La porción de los excedentes empresariales en el reparto del PIB aumentó el pasado año, pero sólo porque fueron las rentas que salieron mejor paradas dentro del declive general. En el peor año de la crisis económica, los márgenes de empresas y profesionales autónomos bajaron un 1% respecto al valor de 2008, mientras que la remuneración de los asalariados perdió el triple, un 3%.»
Al efecto comosición se atribuye otra de las paradojas de un año plagado de rarezas: el descenso en el número de asalariados (hay un millón de puestos de trabajo menos que en 2008) supera el 6%, el doble que el sufrido por la remuneración global de los trabajadores. ¿Cómo es posible? La clave está en que la mayoría de los empleos eran temporales, los peor retribuidos. Al desaparecer los puestos de trabajo peor pagados, el salario medio crece y palia en parte el efecto del aumento del paro en el cómputo global de las rentas salariales ABC.- La limitación del derecho de voto supone una garantía contra aquellos accionistas que se propongan controlar una empresa acumulando el 29 por ciento del capital y sin necesidad de lanzar una opa. Consecuencia: aquellos accionistas minoritarios, que tienen en sus manos discretos paquetes accionariales, serían los grandes perjudicados a expensas de posibles grupos muy interesados en controlar la política de las compañías a su antojo, dejando de lado el desarrollo industrial y los grandes proyectos empresariales capaces de mantener a España en el mapa económico mundial. EXPANSIÓN.- La intención del PSOE de eliminar los límites de los derechos de voto de las compañías españolas aborda un punto siempre polémico y amenaza con provocar un terremoto accionarial dentro de algunas grandes multinacionales, como Iberdrola y Repsol con accionistas deseosos de hacer valer todo su peso en el capital. ACS posee el 12% de la eléctrica y Sacyr el 20% de la petrolera. Ambos quieren ganar más poder, pero tienen limitados sus votos al 10%. Economía. El País Las rentas salariales caen el triple que las empresariales en el peor año de la crisis Alejandro Bolaños 2009 no es un año perdido para el crecimiento de la economía española. Son dos. Y, si se apura, tres. El valor del PIB, según las cuentas recién publicadas, apenas superó el billón de euros, menos que en 2007. Si se descuentan los millones hinchados por la inflación (el año pasado, sin subida de precios por primera vez en medio siglo, fue una rareza), la marcha atrás llega casi hasta 2006. El soufflé de la riqueza nacional se viene abajo, pero algunas cosas no cambian: las rentas empresariales vuelven a ser las que más peso ganan en la tarta del valor añadido. La porción de los excedentes empresariales en el reparto del PIB aumentó el pasado año, pero sólo porque fueron las rentas que salieron mejor paradas dentro del declive general. En el peor año de la crisis económica, los márgenes de empresas y profesionales autónomos bajaron un 1% respecto al valor de 2008, mientras que la remuneración de los asalariados perdió el triple, un 3%. Y la recaudación de impuestos excava aún más en el hoyo: si en 2008 se anotó un recorte del 14,6%, el año pasado rondó el 18%. El súbito desplome de los ingresos tributarios ha trastocado las proporciones en la tarta de la riqueza nacional, cuando los cambios en el reparto del PIB suelen ser muy suaves. De 2007 a 2009, la recaudación de impuestos pasa de explicar el 10,4% del PIB a quedarse en el 7,3%. En sólo dos años, ha desandado todo lo recuperado desde la última gran crisis fiscal (y económica), la de 1993. La tarta encoge, pero la remuneración de los asalariados y las rentas empresariales aumentan su porción a costa de los impuestos. Aunque de forma desigual: las rentas del trabajo pasan del 47,6% al 48,6% y los márgenes de sociedades mercantiles y profesionales autónomos del 42% al 44,1%. En el caso de los excedentes empresariales, es el mayor mordisco a la riqueza nacional desde que se inició la serie estadística, en 1980. Hasta aquí los datos. Porque con las interpretaciones, los expertos aconsejan prudencia. "El reparto siempre tiene que sumar 100; si los ingresos por impuestos bajan mucho, la proporción de las otras rentas tiene que aumentar necesariamente", explica Miguel Ángel García, director del gabinete económico de CC OO. Es una consecuencia estadística que los economistas gustan en llamar "efecto composición". Conforme la recaudación fiscal gane terreno, las rentas del trabajo y empresariales irán cediendo de forma muy paulatina parte de lo ganado. Al efecto composición se atribuye otra de las paradojas de un año plagado de rarezas: el descenso en el número de asalariados (hay un millón de puestos de trabajo menos que en 2008) supera el 6%, el doble que el sufrido por la remuneración global de los trabajadores. ¿Cómo es posible? La clave está en que la mayoría de los empleos eran temporales, los peor retribuidos. Al desaparecer los puestos de trabajo peor pagados, el salario medio crece y palia en parte el efecto del aumento del paro en el cómputo global de las rentas salariales. "Pero eso ya está dejando de pasar", acota el economista de CC OO. En la segunda mitad de 2009, la remuneración media por asalariado sólo crece un 0,2% en tasa interanual, señal de que el paro hace mella ya en los empleos estables. Y, con el IPC de 2009 en números rojos (índice al que se referencian las subidas salariales), los expertos creen probable que se estabilice, o incluso retroceda. Los márgenes empresariales, sin embargo, mantuvieron la presión sobre los precios de la economía hasta bien entrado el año: "El ajuste va con retraso", concede Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos, en la órbita de la patronal. "Pero ya se está produciendo", dice en referencia al cuarto trimestre. La cautela ha de extremarse al interpretar el protagonismo creciente del excedente empresarial en el reparto de rentas. En la última década hay una corriente de fondo, impulsada por la globalización, que erosiona el peso de las rentas del trabajo en favor de las empresariales. En España, eso se traduce en una incorporación masiva de inmigrantes al mercado laboral, sobre todo en puestos de baja remuneración. Pero el reflejo del fenómeno que devuelve el espejo de la contabilidad nacional es poco nítido. De primeras, según Iranzo, la estadística de rentas empresariales incluye a los autónomos, un colectivo que ha ganado peso en los últimos años. Las rentas empresariales son, además, los restos de la cocina estadística. Se calculan como saldo: una vez fijado el PIB se estima la remuneración de los asalariados y los impuestos, para lo que hay datos contrastados. Lo que queda sin explicar son los excedentes empresariales, que ni siquiera se pueden identificar con los beneficios: de ahí sale lo que reinvertirán las empresas. Y si complejo es proyectar cuánto invertirán, también lo es ver qué parte de la inversión está vinculada a reponer existencias y qué parte a ampliar el negocio, y quizá a crear empleo. EL PAÍS. 22-2-2010 Editorial. ABC Enmienda de alto riesgo El Gobierno ha dado muestra, una vez más, de su política errante, sostenida sobre una trayectoria de bandazos sin rumbo fijo. En esta ocasión lo ha hecho mediante la tramitación, a través del grupo parlamentario socialista, de una enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, texto reforzado por llamada Ley Rato, que legitimaba la limitación de voto al 10 por ciento para los grandes accionistas. La noticia ha llegado por sorpresa, no sólo para la opinión pública y el tejido empresarial, sino también para parte de la Administración. Fruto de la improvisación propia de los últimos meses, el Ejecutivo ha decidido promover esta iniciativa, caracterizada, por otra parte, por una clara incoherencia política. La limitación del derecho de voto supone una garantía contra aquellos accionistas que se propongan controlar una empresa acumulando el 29 por ciento del capital y sin necesidad de lanzar una opa. Consecuencia: aquellos accionistas minoritarios, que tienen en sus manos discretos paquetes accionariales, serían los grandes perjudicados a expensas de posibles grupos muy interesados en controlar la política de las compañías a su antojo, dejando de lado el desarrollo industrial y los grandes proyectos empresariales capaces de mantener a España en el mapa económico mundial. Poco tiene este panorama de sostenible, tomando el vocabulario propio del Ejecutivo. De salir adelante esta enmienda, la inseguridad jurídica, materia en la que España se sitúa a la cola en los rankings mundiales, camparía a sus anchas. Tanto el fondo de la propuesta, como la forma, improvisada y sorpresiva para buena parte de los actores implicados, son una muestra más de irresponsabilidad política, porque la eventual espantada de inversores cualificados se saldaría con la entrada de capital extranjero dispuesto a hacer el agosto con el tejido empresarial español, una vez dada la puntilla a la mencionada Ley Rato. En una huida hacia delante para dar un respiro a compañías ahogadas por deudas insostenibles, el Gobierno de Rodríguez Zapatero solo conseguirá poner en peligro a los grupos capaces de servir como estímulo en esta crisis de dimensiones históricas. ABC. 23-2-2010 Informe. Expansión España, pionera en romper los blindajes empresariales La intención del PSOE de eliminar los límites de los derechos de voto de las compañías españolas aborda un punto siempre polémico dentro del buen gobierno de las sociedades cotizadas y amenaza con provocar un terremoto accionarial dentro de algunas grandes multinacionales, como Iberdrola y Repsol con accionistas deseosos de hacer valer todo su peso en el capital. ACS posee el 12% de la eléctrica y Sacyr el 20% de la petrolera. Ambos quieren ganar más poder, pero tienen limitados sus votos al 10%. Los detractores de este tipo de barreras argumentan que se han convertido en un instrumento de blindaje de los directivos y un mero mecanismo para evitar la entrada de inversores indeseables. Los defensores lo ven desde otro prisma y señalan que este tipo de salvaguardas defiende la posición de los minoritarios frente al poder de decisión de los mayoritarios. Además, algunos expertos advierten de que España no debería anular estas limitaciones, sino lo hace antes el resto de países europeos, que poseen todo tipo barreras, desde la limitación del voto, la emisión de acciones de distinta naturaleza o las famosas golden share de los gobiernos (eliminadas en España). Alemania y sus preferentes En Alemania, el arma utilizada por las compañías para blindarse son las acciones preferentes, que no tienen derecho a voto en la Junta de Accionistas y pueden ascender al 50% del capital inicial. Este instrumento legal es empleado por muchas empresas medianas de carácter familiar cuando deciden salir a bolsa ante el temor de perder el control de la sociedad, como Drägewerk (constructora e ingeniería) o Bio Test (biotecnología). Las grandes empresas alemanas no tienen este tipo de acciones, salvo casos contados como Volkswagen, donde una cuarta parte de su capital son títulos preferentes. El fabricante de coches cuenta con su propio blindaje, denominado antiguamente ley Volkswagen y que limita los derechos al 20%, lo que da al Lander de Baja Sajonia un gran poder en el grupo. Los títulos sin derecho a voto pueden cambiarse por acciones ordinarias bajo la autorización de la Junta de Accionistas. La ventaja de estos títulos es de tipo económico: tienen prioridad en el pago de dividendos, están mejor retribuidas que el resto del capital o reciben dinero incluso cuando la empresa no va bien y se suspende el pago para los accionistas ordinarios. En caso de liquidación de una compañía, también tienen privilegios de cobro frente a los accionistas comunes y el resto de acreedores. La ‘grandeur’ francesa Todo vale en Francia con tal de defender a sus grandes empresas nacionales. El 70% de las compañías posee algún tipo de mecanismo legal para controlar el capital. El blindaje más usado es la emisión de acciones con distintos tipos de derechos de voto. Esto, unido a la existencia de complejas estructuras piramidales entre las empresas francesas con participaciones cruzadas y accionistas comunes en muchas de ellas, crea una barrera infranqueable para los inversores extranjeros. Por ejemplo, Nestlé y la familia Bettencourt controlan más del 50% de L’Oréal que, a su vez, es accionista de Sanofi-Aventis, donde Total posee un 9%. Pero el blindaje más eficaz en Francia es el control por parte del Estado de las empresas claves para la economía. El Gobierno de Sarkozy posee el 26% de France Télécom y el 80% de Électricité de France (EDF), entre otras participaciones. Barreras a la italiana Italia es uno de los países europeos con más restricciones para los accionistas. La mayoría de sus pesos pesados tienen en sus estatutos límites al derecho de voto. Por ejemplo, la eléctrica Enel, propietaria de Endesa, y la petrolera ENI lo tienen establecido en el 3%. La eléctrica A2A y el banco Unicredit lo sitúan en el 5%. A esto hay que añadir que sigue vigente en las grandes sociedades estratégicas italianas la golden share del Ministerio del Tesoro, que puede vetar operaciones estratégicas. Italia tiene abierto un contencioso con la Unión Europea, ya que Bruselas pide eliminar la acciones de oro en las grandes sociedades cotizadas como ENI, Enel, Telecom Italia y Finmeccanica. En el sector bancario existe otra barrera, el Banco Central italiano tiene que autorizar a los socios a superar la cuota del 5% del capital de un banco. Recientemente, ha modificado la norma sobre el techo previsto para los cruces accionariales entre bancos y empresas, que ha aumentado desde el 2% hasta un 10%. Reino Unido y la crisis La legislación británica permite que cada compañía determine los derechos de sus accionistas a través de los estatutos societarios. Sin embargo, en la práctica, la inmensa mayoría de las empresas que cotizan en Londres no imponen ningún tipo de limitación a sus socios y se rigen por el principio de que cada acción equivale a un voto. Esta idea de democracia accionarial ha sido consagrada en las últimas décadas a través de las recomendaciones de buen gobierno. Las instituciones financieras británicas exigen como una de sus principales condiciones para invertir en una sociedad cotizada el que no existan límites para el ejercicio de los derechos de voto. Según un estudio de un grupo de inversores institucionales, un 12% de las empresas británicas cotizadas todavía mantiene excepciones a la norma de que una acción equivale a un voto. Estas compañías, más que limitaciones de voto, suelen tener diversos tipos de acciones, unas con más derechos que otras. Curiosamente, la crisis de los últimos años ha propiciado un incremento de las restricciones. En algunos bancos nacionalizados, como Royal Bank of Scotland, el Gobierno ha comprado algunas acciones sin voto, para que su peso en las juntas generales no sea abrumador. Y la necesidad de preservar el empleo en la recesión ha hecho que algunas voces pidan el establecimiento de blindajes para que las empresas británicas no sean adquiridas por grupos extranjeros. Richard Lambert, director de la patronal CBI, ha propuesto limitar los derechos de voto de los inversores que compran acciones durante un proceso de opa, para que especuladores y hedge funds no tengan mucho peso al decidir la suerte de ese tipo de operaciones. Paul Myners, secretario de Estado de Finanzas, también ha sugerido la posibilidad de diferenciar entre los derechos políticos de los inversores a corto y largo plazo. Bruselas deja hacer La normativa comunitaria no impide que una empresa pueda limitar los derechos de voto. “Es una decisión por cuenta y riesgo de la empresa privada, que pueden determinar sus responsables”, explicaban a EXPANSION fuentes de la Comisión Europea. En diciembre de 2007, Bruselas decidió abandonar los esfuerzos que había iniciado en 2003 para promover una Directiva que impusiera en la UE el principio “una acción, un voto” y pusiera límites a los llamados control enhancing mechanisms (CEM). En nombre del principio de la subsidiariedad, la UE prefiere, por ahora, dejar en manos de los Estados la responsabilidad de la gestión de la empresa privada. La CE, que sí persigue desde hace años el fin de los blindajes públicos, tiene previsto en un futuro próximo proponer alguna reglamentación sobre el buen gobierno de las empresas, pero no hay calendario ni contenido. ¿Qué ocurre en EEUU? Estados Unidos, donde la legislación corporativa es muy variada y de competencia estatal (no federal), no permite, por término general, la introducción de límites a los derechos de voto de los accionistas de las compañías. El principio más extendido supone otorgar un voto por cada acción que se posea. Sin embargo, la legislación permite que las empresas puedan crear varias categorías de acciones (de clase A o B, por ejemplo), con distintos derechos de voto. Esta estrategia, muy minoritaria en el país, ha sido adoptada por grupos de medios de comunicación (New York Times), compañías de Internet (Google o Facebook) o entidades financieras (Visa). En el motor, la familia Ford controla el 40% de los derechos de voto pese a ser dueña de solo un 5% de las acciones. La creación de esta estructura dual da más privilegios a los accionistas fundadores, que se reservan las mejores acciones y se quedan con el control de determinadas decisiones. De este modo, escapa a la presión de los inversores financieros a corto plazo. EXPANSIÓN. 22-2-2010