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Si no estuviera usted bajo los efectos de la anestesia oiría a los médicos dirigirse al responsable de la empresa que fabrica las prótesis (Traiber), presente en la operación, en estos términos: «ya os podéis ir del hospital. Nunca más volveremos a compraros una sola pieza. Esto es para denunciaros».
Por alguna misteriosa razón los médicos, perfectamente conscientes de las implicaciones del hecho, no hacen la pertinente denuncia ante la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).
Quizás es la misma misteriosa razón que les llevó a implantarlas.
Resulta que las prótesis son de una empresa catalana cuyo gerente consigue, en 2011, que altos cargos municipales de CiU, el partido de Artur Mas, en Reus, presionaran a los médicos responsables para que el hospital comprara sus prótesis.
Hace unas semanas, a finales de abril de este año, hemos visto como la Guardia Civil detenía a la que entonces era presidenta del consejo de administración del Hospital Sant Joan de Reus y primera teniente de alcalde del ayuntamiento de dicha localidad, Teresa Gomis, junto con Lluis Márquez, el gerente de Traiber.
Las prótesis les unieron para siempre. CiU acababa, en 2011, de recuperar la alcaldía después de cuatro años de alcalde socialista. El empresario llevaba cuatro años sin vender nada al hospital.
Durante este período, entre 2007 y 2011, llegó al hospital Sant Joan un nuevo jefe de traumatología que dejó de usar el material de Traiber porque «consideraba que las prótesis de dicha empresa catalana se habían quedado anticuadas y no le inspiraban mucha confianza».
«Más de 3.000 catalanes recibieron prótesis caducadas y defectuosas para potentar a los altos cargos sanitarios de Artur Mas»
Pero volvamos al otoño de 2014. A estas alturas, usted ya estaría llamando a su abogado para estudiar acciones penales contra lo que a todas luces es una banda organizada para el saqueo de las arcas públicas del ayuntamiento de Reus a costa de su salud.
Efectivamente, 1.700 de los pacientes receptores de estas y otras prótesis, una parte de las cuales eran defectuosas, fueron atendidos en el Hospital Sant Joan de Reus. Hasta 3.500 en otros hospitales catalanes.
Noviembre de 2014. El caso no ha sido destapado por los médicos que le encontraron aquel engendro en su rodilla, sino por trabajadores de la propia empresa Traiber, indignados al enterarse de lo ocurrido en el quirófano.
La AEM avisa a la Generalitat y esta prefiere no levantar la voz, para no levantar un alarmismo innecesario. Estamos ya a finales de 2014. Se descubre que la empresa fabrica prótesis sin licencia y sin el certificado de conformidad Comunidad Europea.
Es más, Artur Mas trata de cargar las culpas al ayuntamiento del PSC que había gobernado entre 2007 y 2011.
Todo se acelera, ahora ya sabe, tras las detenciones de Gomis y Márquez, que el emporio municipal ha pagado casi 3 millones de euros por prótesis caducadas a Traiber, mientras que el gerente de dicha empresa catalana declara haber recibido sólo medio millón. ¿Dónde está el resto?
Es más, sólo el 10-15% de las contrataciones de dicho emporio son legales. Tal es el grado de impunidad del que creían gozar los responsables.
Pero, ¿nadie ha dicho nada hasta ahora?
Entonces, descubre que hace tres años, en 2012 la revista independiente cafèambllet empezó a denunciar el caso Innova. El 19 de febrer de 2012 publicó el vídeo “El mayor robo de la historia de Catalunya” en el que informaban, entre otras cosas, del escándalo de Reus.
Que en aquel mismo año un concejal de las CUP en Reus, David Vidal, denunció a la Fiscalía los hechos de los «que se podría deducir la existencia de una red criminal, integrada por un número indeterminado de cargos y empleados públicos, organizada con el fin de expoliar la hacienda pública para beneficio particular y, posiblemente, encubierta por altos cargos del Gobierno de la Generalitat».
Quizás sin saberlo estaba poniendo entre la espada y la pared a algunos de los hombres fuertes de la sanidad catalana, como Josep Prat, jefe de Innova, considerado como «el verdadero alcalde» de Reus.
Pero también la complicidad del resto de partidos, PSC y PP incluidos, que participaron y se beneficiaron de un holding de empresas que aportaba suculentos privilegios a sus consejeros-concejales (1.400 euros en dietas por reunión, p.ej.). Y la profunda narcosis de los comités de empresa en dicho holding.
Josep Prat, el hombre fuerte del Instituto Catalán de la Salud (ICS) al que se le atribuye «la destrucción del actual modelo sanitario catalán», su privatización.
Una vez destapado el caso, Josep Prat se vio amenazado judicialmente por dos incompatibilidades… El pasado junio fue ratificado como director general de Innova, del grupo de más de 20 empresas Municipales de Reus SA), siendo ya entonces presidente del Institut Català de la Salut.
Dentro de las empresas sanitarias municipales reusenses, figura Sagessa, de la que Prat fue el director general de 1989 a 1998, año en el que CiU lo designó director general del Servicio Catalán de Salud, cargo del que cesó en 2003, al ganar las elecciones el Tripartito.
Pero, qué curisoso, Prat ocupaba también un importante cargo en USP Hospitales, la operadora privada de hospitales más grande de España.
Según el periodista Alfonso Quintà, Prat tuvo contactos con bancos internacionales para encontrar una salida al grave problema de la financiación del Tecnoparc de Reus.
En 2009 fue designado, en representación de un banco británico, consejero de USP Hospitales (USPH), cargo del que no consta que haya dimitido, si bien alguna fuente insinúa que quizá solo es asesor. USPH ahora es una filial de la multinacional United Surgical Partners International.
Eran mayoritarios el Barclays Bank y el Royal Bank of Scotland, los cuales el pasado julio decidieron vender su participación. Entonces, alcanzaba el 75 por ciento del capital. USPH, ahora denominada USP España y propiedad de un fondo de inversión anglo-norteamericano (Doughty-Hanson) y con sede en Madrid, era hasta hace poco la red de hospitales privados más grande del Estado, con 35 centros.
«La impunidad de los cargos de la sanidad catalana sólo es comparable a los intereses monopolistas de los que eran apoderados»
En Barcelona adquirió la antigua clínica Dexeus, convertida en el gran Instituto Universitario USP Dexeus, y en Girona, la Clínica Oftálmica Barcelona.
Dicho fondo anunció recientemente la venta de su participación en el grupo Quirón al que pasa a ser el mayor gestor de capital público-privado de la sanidad española, el grupo IDC-Salud, del también anglo-norteamericano fondo de inversiones CVC.
Sí señor, acaba usted de descubrir el meollo del asunto.
No se trata de empresarios sin escrúpulos y de caciques municipales. Son «apoderados», envueltos en la gloriosa senyera, de intereses mucho más poderosos interviniendo desde fuera de España.
Mientras, se les coloca prótesis caducadas a los catalanes pagadas del bolsillo de estos a precios de primicia.
Ahora ya sabe que su dolor de rodilla es para siempre. Bueno, si va pagando…
Milagros Merino Polvorosa dice:
A mi padre le colocaron una prótesis de cadera infectada por el bacilo Clostridium perfringens, gravísimo microrganismo en un hospital público de Barcelona, que le causó una septicemia dejándole en estado inconsciente y con un dolor exacerbado en la extremidad intervenida. En éste estado es abandonado en una sala hospitalaria sin ningún tipo de atención. No contentos con esta actitud canalla e inhumana, es sacado del hospital para derivarle a una clínica sin ningún tipo de recursos para estos casos. Resultado: INVALIDEZ, ACORTAMIENTO DE LA EXTREMIDAD, SILLA DE RUEDAS Y ENCAMAMIENTO PERMANENTE, SÍNTOMAS CEREBRALES CON ALTERNANCIA DE AGITACIÓN Y DERRUMBAMIENTO. ¿Qué decir a quienes se beneficiaron de estas prótesis y de este silencio maldito?¡Que son unos cobardes y asesinos ! No encuentro semánticamente otro calificativo que se adecúe mejor a esta trágica situación!