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Las promesas no construyen barcos

Era septiembre de 2012. El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, anunció en San Fernando (Cádiz) que Navantia se preparaba para recibir dos importantes contratos de 1.200 millones de euros. Eran los contratos que dirigentes del PP llevaban anunciando como inminentes desde hacía meses. Solo un mes después, en sesión de control en el Congreso, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaba con “placer” nuevos encargos para los astilleros públicos españoles. En este año Navantia ha vivido de esas promesas. Ninguna cumplida. La empresa se prepara ahora para anunciar una reestructuración con severos recortes. Los trabajadores navales vuelven a asomarse al abismo.

Un año después de mostrarse muy optimista, el pasado 7 de octubre, Ramón Aguirre dejaba ver su preocupación por la “situación patrimonial y la escasez de contratos” de Navantia. Todas las negociaciones abiertas han concluido sin éxito. La muerte de Hugo Chávez frenó la posibilidad de nuevos encargos de Venezuela. Los contratos de la petrolera Pemex, anunciados a bombo y platillo en Galicia, están llenos de dudas. No han prosperado contratos internacionales como el de las esclusas del canal de Panamá. Y hasta han fallado los encargos patrios. Aunque Navantia y el Gobierno insisten en que hay posibilidades todavía, muchos dan por perdida la oportunidad de que las factorías navales españolas construyan los cuatro gaseros para Gas Natural y Repsol. Hace seis años que no se firma la construcción de ningún nuevo barco.

La desolación se apodera de los tornos de astilleros. Ya apenas hay faena. Las reparaciones tapan el desierto en el que se han convertido estas factorías pero muchos trabajadores se han quedado sin nada que hacer. Ya no se necesitan apenas empleados de la industria auxiliar. A eso se añaden las persistentes noticias de que Navantia se prepara para un plan estratégico que puede conllevar severos recortes. Aunque suene mal, podría ser peor. La difusión de un informe económico que recomienda reducir costes fijos a la mitad ha encendido las alarmas sobre regulaciones de empleo y cierre de factorías. “Si no entra carga de trabajo, nos podemos encontrar en ese escenario. Pero ahora no es tiempo de especulaciones. Ahora tenemos que remar todos juntos para construir los gaseros”, explica Ramón Linares, presidente del comité de Navantia de Puerto Real.

El PP de Cádiz se niega a admitir esa posibilidad. “Ningún astillero se va a cerrar”, ha dicho tajante el presidente provincial, Antonio Sanz. “El Gobierno está trabajando para conseguir contratos. No se contempla ningún cierre aunque se perdieran los gaseros”, añade. Sanz y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, se reunieron esta semana con el ministro Cristóbal Montoro, quien se comprometió con ellos a que se continuarán con las gestiones para que las empresas españolas Gas Natural y Repsol confíen en Navantia y no se lleven esos cuatro gaseros a Corea y Japón. “Yo mantengo las esperanzas porque así me lo ha dicho un ministro de España y tenemos que creerle”, ha asegurado Martínez.

Pero Montoro ya falló en su previsión de contratos inminentes. Es lo que ha recordado el PSOE. “El PP de Cádiz está teniendo una actuación sumisa ante Navantia, la SEPI y el Gobierno. Se dedican a hacerse fotos con el ministro pero no a exigirle que cumpla con lo que prometió”, lamentó la secretaria provincial del PSOE, Irene García. Los socialistas gaditanos comparan el “optimismo” del PP gaditano y su apoyo cerrado a la empresa naval con la “firmeza” del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ya ha plantado cara a Navantia y le ha exigido que mantenga el nivel de empleo y luche por nuevos contratos.

El 4 de diciembre la empresa presentará su plan estratégico. Lo menos malo serán recortes salariales, que se dan ya por seguros. Está en juego la viabilidad de la compañía a corto plazo. La patronal gaditana, en plena pugna por el convenio del metal, cree que para ser más competitivos, los trabajadores deben asumir esa reducción de sueldos. “Tener uno de los convenios más altos de España no nos hace muy atractivos. No se pide que se trabaje como en Vietnam o en China sino que cada uno pongamos de nuestra parte”, defendía esta semana el secretario de la Confederación de Empesarios, José Luis Ferrer.

Un estudio de la Universidad de Cádiz reveló que de los astilleros viven en la bahía gaditana 16.000 personas. Su crisis es la de muchas familias. El delegado de la Junta, Fernando López Gil, sostiene que buena parte de la inversión pública debería centrarse en apoyar estas factorías. Fábricas que ahora mismo no fabrican nada.

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