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Blindar las pensiones en la Constitución. Ganemos para ese objetivo el corazón de millones de luchadores, y nada podrá detener que se haga realidad.La lucha por las pensiones está en el corazón del pueblo. Porque devaluar, degradar y empobrecer las pensiones públicas para promover de forma progresiva su sustitución por un modelo mixto en el que bancos, aseguradoras y fondos de pensiones extranjeros puedan ir apropiándose de los 110.000 millones de euros que mueven las pensiones anualmente, es una línea roja que no debemos permitir que se cruce jamás.
Una respuesta popular comienza a hacer temblar los cristales de los despachos de ministerios, instituciones y entidades financieras. En las últimas semanas, masivas movilizaciones de pensionistas han logrado llevar su indignación a las puertas del Congreso y a las plazas centrales de multitud de capitales de toda España: Zaragoza, Murcia, Vigo, Valencia, Barcelona, Cádiz, Tenerife, Mallorca… En Bilbao todos los lunes, miles y miles de pensionistas se concentran para denunciar que la «revalorización» del 0,25% aplicada por el gobierno -muy por debajo del IPC- es una auténtica estafa que supone la pérdida constante de poder adquisitivo. Según un estudio de UGT, desde 2010 hasta la actualidad los pensionistas españoles han perdido de media más de 432 euros anuales de poder adquisitivo, un recorte mensual medio de 31 euros. Su determinación les hermana a otros cientos de miles de pensionistas en todo el país, unidos por una misma reivindicación.
Algunos medios se han sorprendido neciamente de la energía y la combatividad de estas movilizaciones, cuando se trata de la misma generación que luchó contra la dictadura franquista, que peleó por levantar el movimiento sindical desde la clandestinidad o que protagonizó las grandes marchas obreras contra la reconversión industrial de Felipe González. ¿Acaso creen que la escuela de lucha y dignidad de nuestros mayores puede olvidarse?
Los jubilados en pie luchan por su menguante pensión presente, pero también por la de sus hijos, y por la de sus nietos. Y más cuando con esa mísera pensión tienen, en muchísimos casos, que sostener a sus familias con todos los miembros en paro o con severas dificultades económicas.
Y ya han conseguido notables avances, colocando en el centro del debate político el tema de las pensiones; obligando a posicionarse sin excepción todas las fuerzas políticas; o forzando al Pacto de Toledo y al Gobierno a tener que debatir sobre la revalorización de las pensiones según el IPC y no con el 0,25%.
La lucha por las pensiones está en el corazón del pueblo. Porque devaluar, degradar y empobrecer las pensiones públicas para promover de forma progresiva y subrepticia -aunque resulte cada día más evidente- su sustitución por un modelo mixto (público-privado) en el que bancos, aseguradoras y fondos de pensiones extranjeros puedan ir apropiándose de los 110.000 millones de euros que mueven las pensiones anualmente en España, es una una línea roja que no debemos permitir que se cruce jamás.
Recortar la pensión de los actuales pensionistas no solo es miserable y atenta contra un sector que, tras haber trabajado toda su vida, merece disfrutar de su descanso dignamente y es especialmente vulnerable. Además ataca a toda la población. Hoy son 9 millones de jubilados: mañana seremos 48 millones.
Empobrecen poco a poco las pensiones del presente, pero su verdadero objetivo es controlar las pensiones futuras, las de las próximas tres generaciones. La oligarquía financiera y los centros de poder mundial, a través del gobierno del PP y otros aparatos de Estado, trabajan denodadamente para crear pensiones en la mayoría de los casos asistenciales, para empujar por la fuerza de la miseria -a los trabajadores que pudieran permitírselo- a contratar con un banco o aseguradora el ansiado plan privado de pensiones, ese que nos aconsejan «por nuestro bien» personajes como Celia Villalobos (PP) o Luis María Linde, Gobernador del Banco de España, pero también organismos como la OCDE o el FMI.
Es preciso aprovechar el impulso de las movilizaciones de los pensionistas, extenderlo y amplificarlo. Que la lucha por defender las pensiones prenda en el corazón de todo el movimiento obrero y popular. Pero es preciso también concentrar ese torrente de lucha y energía intergeneracional en un punto, en un talón de Aquiles donde podamos hacer retroceder irrevocablemente los esfuerzos de los que quieren recortar y privatizar las pensiones.
Por eso desde estas páginas apoyamos blindar las pensiones en la Constitución, una orientación en que la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) lleva más de cuatro años trabajando. Y por la que convoca una manifestación el 17 de marzo en Madrid a las 11:00, de Sol a la Plaza del Museo Reina Sofía.
Porque si las pensiones públicas estuvieran protegidas por la Carta Magna, mediante un artículo “que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones”, los ataques y andanadas que dirigen ahora contra los pensionistas -o los tenebrosos proyectos que tienen contra los jubilados del futuro- no podrían siquiera ocurrir.
Un blindaje constitucional de las pensiones que recoja como obligación el mantenimiento del poder adquisitivo real de las jubilaciones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, o cualquier otra pueda afectar a las pensiones.
Esa es la orientación que puede y debe unir al 90% de la población, sin importar generaciones o adscripción ideológica: blindar las pensiones en la Constitución. Ganemos para ese objetivo el corazón de millones de luchadores, y nada podrá detener que se haga realidad.