Cargando...«El impacto para el pensionista de ampliar el periodo de cálculo de los 15 años actuales a los 20 oscila entre el 3,4% y el 4,5%, según los diferentes escenarios utilizados de edad del trabajador, salario y años cotizados. Sin embargo, el retraso de la edad de jubilación es mucho más contundente para la pensión. En ese caso el recorte de la prestación varía entre el 17,3% y el 21,3%.»
Si el Gobierno, además de elevar de 15 a 20 años el eriodo de cálculo de la pensión (estudia llegar incluso a los 25), sube en la misma proporción los años de cotización exigidos para acceder a una prestación contributiva (hoy son 15). Eso incrementaría el número de trabajadores que se quedan sin pensión. Actualmente, quien ha cotizado 14 años y 11 meses no tiene pensión, y quien llega a 15 años y un mes recibe el 50% de su base de cotización. Si el Gobierno modifica ambos parámetros, el ahorro para la Seguridad Social subirá. (EL MUNDO) EL PAÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplaude la propuesta del Gobierno para retrasar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Pero cree que no basta y que hay que ir más allá. En su informe propone que al llegar la edad de jubilación se extienda automáticamente en función de la esperanza de vida. Así, por ejemplo, si la esperanza de vida aumentara tres años hasta 2050, ese año la edad de jubilación sería de 70 años. Esa es solo una de las propuestas que la OCDE realiza. Además el organismo incluye propuestas para llevar adelante una reforma laboral más contundente, con un contrato único y más facilidades para despedir. Asimismo, la OCDE propone una reforma fiscal en la que podría subirse el IVA y los impuestos especiales y, en cambio, bajar los impuestos a los beneficios de las empresas y las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social. EL ECONOMISTA.- El grupo de capital riesgo CVC está planeando lanzar una OPA sobre el cien por cien del capital de la concesionaria de autopistas Abertis. La oferta que prepara el fondo anglosajón por la totalidad de las acciones de Abertis ascendería a 12.000 millones de euros, según publicó ayer el diario británico The Sunday Times sin citar fuentes concretas. Abertis, participada en un 24,6 por ciento por La Caixa a través de su brazo inversor Criteria, es uno de los firmes candidatos a ganar la concesión del aeropuerto de El Prat, cuyo concurso está preparando Aena, lo que aumenta el atractivo de la compañía. Por su parte, Florentino Pérez no vería con malos ojos una operación de este tipo ya que le reportaría liquidez suficiente para financiar las operaciones de ACS. Pensiones. El Mundo Las pensiones bajarán un 20% si el periodo de cálculo aumenta y se retrasa el retiro a los 67 Juan E. Maíllo El Pacto de Toledo logró la pasada semana un acuerdo por el que insta al Gobierno a elevar el periodo de cálculo de la pensión, esto es, los años de cotización que se tienen en cuenta para definir la prestación que se recibe, pero fue incapaz de lograr un consenso sobre el retraso de la edad legal de jubilación. Un estudio elaborado por la aseguradora AXA arroja un poco de luz sobre las razones que pueden haber llevado a la mayoría de los partidos políticos a consensuar una medida y ser incapaces de pactar la otra. El informe revela cómo el impacto para el pensionista (o el ahorro para la Seguridad Social) de ampliar el periodo de cálculo de los 15 años actuales a los 20 oscila entre el 3,4% y el 4,5%, según los diferentes escenarios utilizados de edad del trabajador, salario y años cotizados. Sin embargo, el retraso de la edad de jubilación es mucho más contundente para la pensión y, por consiguiente, introduciría mucha más salud en las cuentas de la Seguridad Social. En ese caso el recorte de la prestación varía entre el 17,3% y el 21,3%. El estudio de AXA ha tomado en cuenta los datos salariales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los de pensiones del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Además, ha incluido supuestos de variables económicas como una inflación media anual del 2% y una subida de salarios (que incluye el efecto de mejoras retributivas más allá de las actualizaciones anuales de sueldo) del 3,5% para algunos casos y del 3,75% para otros. La determinación del impacto de la ampliación del periodo de cálculo es más sencilla, ya que basta con promediar las bases de cotización de los últimos 20 años, en lugar de los últimos 15. Un aspecto a tener en cuenta es lo que sucedería si el Gobierno, además de elevar de 15 a 20 años el periodo de cálculo de la pensión (estudia llegar incluso a los 25), sube en la misma proporción los años de cotización exigidos para acceder a una prestación contributiva (hoy son 15). Eso incrementaría el número de trabajadores que se quedan sin pensión. Actualmente, quien ha cotizado 14 años y 11 meses no tiene pensión, y quien llega a 15 años y un mes recibe el 50% de su base de cotización. Si el Gobierno modifica ambos parámetros, el ahorro para la Seguridad Social subirá. Según los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, referidos a 2006, más del 2% de los trabajadores de entonces, esto es, unos 400.000, no llegaría al mínimo de 20 años cotizados. Entre los que sí llegaran a esos 20 años, el recorte sería más notable en función de cuántos más años hubiesen aportado a la Seguridad Social. Pero, ¿qué pasaría si el periodo de cálculo se llevase más allá, a 25 años o, incluso, a toda la vida laboral? «En caso de que en vez de tomarse los últimos 20 años cotizados, se tomara toda la vida laboral, además de alcanzarse el óptimo en términos de contributividad y equidad, se elevaría el ahorro en unos cinco o seis puntos porcentuales más», sostiene Luis Sáez de Jáuregui, director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de AXA. Algo más complejo es determinar el impacto del retraso de la edad de jubilación. AXA ha establecido la equivalencia actuarial entre la renta a recibir a los 65 años y la que correspondería a los 67 con las propias tablas que usa la Seguridad Social para el caso de rentas que se anticipan. No hace falta ser economista, en todo caso, para determinar que la medida es beneficiosa para la Seguridad Social. Un trabajador que en vez de retirarse a los 65 años lo hace a los 67 aporta (él y, sobre todo, su empresa) dos años más de cotizaciones a la Seguridad Social. Pero es que, además, el sistema abona la pensión durante dos años menos. Es decir, el ahorro global es de cuatro años a efectos de Seguridad Social. De nuevo cada caso es distinto -la propia casuística es infinita, pues no hay dos trabajadores iguales- pero las conclusiones no difieren en exceso. Trabajar dos años más y cobrar dos menos de pensión supone un ahorro para la Seguridad Social que ronda el 20%. En general, cuanto mayor es el nivel salarial, peores son las consecuencias de retrasar la edad de jubilación. El recorte es mayor en las carreras de cotización más cortas. Quizá es aún más relevante otro ratio, que es el que de verdad puede medir si una pensión es o no suficiente. La denominada tasa de sustitución, es decir, la ratio entre la pensión a recibir y el último salario cobrado. Esto mide cuánto cae el poder de compra al acceder a la jubilación. Hoy por hoy, son los trabajadores de altos salarios los que más caída sufren, al estar topada la base de cotización y también la pensión máxima. Pero también son penalizados -al haber contribuido menos- quienes han cotizado pocos años. La tendencia se agudiza con las dos medidas de recorte que llegarán al Congreso en enero. Para un salario medio, la pensión, en el caso de un trabajador que ha cotizado 35 años, representará el 73% de su último salario. Para un sueldo bajo, la tasa de sustitución es ligeramente más favorable, del 74,7%. Sin embargo, un empleado con renta alta se ha de conformar con una pensión que no llegue al 40% de su salario. EL MUNDO. 20-12-2010 Economía. El País La OCDE pide retrasar la edad de jubilación en España más allá de los 67 años Miguel Jiménez La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplaude la propuesta del Gobierno para retrasar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Pero aunque eso es una "alta prioridad", cree que no basta y que hay que ir más allá. En su informe anual sobre España, publicado hoy, propone que se vaya alargando la edad un poco cada año hasta alcanzar los 67 en 2025, pero al llegar ahí, la idea de la OCDE es que la edad de jubilación se extienda automáticamente en función de la esperanza de vida. Así, por ejemplo, si la esperanza de vida aumentara tres años hasta 2050, ese año la edad de jubilación sería de 70 años. Sin embargo, desde el Gobierno, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha afirmado hoy que en estos momentos no sería necesario elevar la edad legal de jubilación por encima de los 67 años para mantener la viabilidad del sistema público de pensiones. Esa es solo una de las propuestas que la OCDE realiza y que, en su conjunto significarían, de ser aplicadas, una reforma mucho más radical del sistema de pensiones que la que prepara el Gobierno o que la que se derivaría de las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo. Además el organismo incluye en su informe sobre España propuestas para llevar adelante una reforma laboral más contundente, con un contrato único y más facilidades para despedir. Asimismo, la OCDE propone una reforma fiscal en la que podría subirse el IVA y los impuestos especiales y, en cambio, bajar los impuestos a los beneficios de las empresas y las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social. Así, mientras que los partidos han propuesto alargar el periodo de cómputo de la pensión (que ahora se calcula en función de las cotizaciones de los últimos 15 años) y el Gobierno estudia ampliar ese plazo a 20 o 25 años, la OCDE propone que el cómputo de la pensión se realice en función de toda la vida laboral. Pero además de eso, el organismo que dirige Ángel Gurría, propone que se amplíe el plazo de cotización necesario para obtener la pensión completa de modo que no sea de "solo 35 años" como ahora, dice el informe. La OCDE también recomienda otras duras medidas para retrasar la edad de jubilación efectiva, más allá del retraso en la edad legal de jubilación y de prejubilación. Sus analistas sostienen que hay personas próximas a la jubilación que no vuelven a trabajar porque tienen un subsidio que les permite tener una renta hasta el momento en que empiezan a percibir la pensión. La propuesta de la OCDE para que los trabajadores mayores permanezcan activos es reducir la duración e ir eliminando progresivamente esas prestaciones en forma de subsidio que se pagan a los parados de mayor edad una vez han agotado la prestación contributiva. Otras recetas para alargar el periodo de actividad son aumentar las primas para quienes siguen trabajando más allá de la edad legal de jubilación y eliminar la figura de la jubilación parcial. Con el fin de reducir el gasto en pensiones, la OCDE también propone endurecer el régimen de las pensiones de viudedad y de otros supervivientes. La última receta del organismo es ir suprimiendo los regímenes excepcionales (autónomos, pesca, agricultura, minería) e ir integrándolos en el general. Además, la OCDE se opone a que los funcionarios tengan menor o incluso ninguna penalización por jubilarse a los 60 años bajo ciertos supuestos en carreras de larga duración, como ocurre ahora. De algún modo, el Gobierno ya ha eliminado esa posibilidad para los nuevos funcionarios al eliminar el régimen de clases pasivas. La tesis de la OCDE es que hay que "reducir la generosidad de las prestaciones en relación con las contribuciones", pues calcula que España es uno de los países donde las nuevas pensiones son más altas en relación a lo que se ha cotizado. Una reforma laboral más contundente El organismo que tradicionalmente ha agrupado a las economías industrializadas aplaude también la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno. Sin embargo, cree que se queda corta y que deberían ser más evidentes las facilidades para un despido más barato por causas económicas. "Si la reforma laboral de 2010 no hace significativamente más fácil para las empresas lograr que los despidos se acepten como procedentes [lo que conlleva una indemnización más baja], podrían necesitarse progresos adicionales para disminuir la carga de las empresas para probar que los despidos son procedentes", dicen sus recomendaciones. A la OCDE le preocupa la interpretación que los jueces vayan a dar a las nuevas normas. Pero no sólo eso: "Sería deseable reducir incluso más los costes de despido de los nuevos contratos fijos", dice el informe. La OCDE se apunta al contrato único, en el que convergen los empleos temporales e indefinidos con una indemnización por despido muy baja al principio que va creciendo con la antigüedad". La OCDE se opone además a que se endurezca la regulación de los contratos temporales demasiado pronto, pues eso podría frenar la creación de empleo en la recuperación. El organismo cree que la tasa de paro puede empezar a bajar significativamente en 2011. Eliminar la prórroga de los convenios Otra de las medidas "deseables" en opinión de la OCDE sería eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, que los convenios mantengan los derechos reconocidos en ellos una vez pase su periodo de vigencia teórica. El organismo admite que eso podría chocar con la Constitución, pero insiste en todo caso en dar pasos para flexibilizar la negociación colectiva y generalizar las claúsulas de descuelgue de los convenios sectoriales o territoriales. Además, el organismo está también en contra de las cláusulas de salvaguarda o garantía salarial que permiten mantener el poder adquisitivo en caso de que la inflación acabe superando la subida salarial pactada en convenio. Otra de sus propuestas en materia laboral pasa por endurecer el régimen de prestaciones por desempleo, con mayores exigencias de búsqueda de empleo. Además, plantea que se estudie un acortamiento de los plazos de prestación. EL PAÍS. 20-12-2010 OPA. El Economista CVC se prepara para lanzar una opa de 12.000 millones sobre Abertis I. Sacristán El grupo de capital riesgo CVC está planeando lanzar una opa sobre el cien por cien del capital de la concesionaria de autopistas Abertis. La oferta que prepara el fondo anglosajón por la totalidad de las acciones de Abertis ascendería a 12.000 millones de euros, según publicó ayer el diario británico The Sunday Times sin citar fuentes concretas. Según la información, CVC estaría intentando reunir 8.000 millones de euros en créditos bancarios para financiar la oferta de compra de acciones. La intención del fondo sería sacarla del parqué español. Abertis, participada en un 24,6 por ciento por La Caixa a través de su brazo inversor Criteria, es uno de los firmes candidatos a ganar la concesión del aeropuerto de El Prat, cuyo concurso está preparando Aena, lo que aumenta el atractivo de la compañía. Un portavoz de Criteria desmintió ayer la información sobre la opa y descartó que esta vaya a ser financiada por la propia La Caixa, tal y como apuntaban algunas fuentes ayer. Nuevo socio CVC ya forma parte del capital de Abertis desde mediados de año, cuandocompró un paquete accionarial a la constructora ACS que preside Florentino Pérez. A través de la sociedad Trébol el grupo se hizo con un 15,5 por ciento del paquete de ACS, mientras que la constructora mantuvo un 10,8 por ciento. Actualmente, el free float de la compañía es de un 45,6 por ciento. Desde su entrada ya se especuló con la posibilidad de que CVC lanzara una opa sobre Abertis una vez pasadas las elecciones catalanas, tal y como parece que está intentando realizar ahora. Otro argumento a favor de la posible opa es que en el momento de entrar en Abertis, CVC ya intentó hacerse con la mayoría del capital, pero entonces las reticencias de la banca a financiar la operación impidieron que esta finalmente se hiciera realidad. Ahora la empresa de capital riesgo podría estar intentándolo de nuevo. Por su parte, Florentino Pérez no vería con malos ojos una operación de este tipo ya que le reportaría liquidez suficiente para financiar las operaciones de ACS. EL ECONOMISTA. 20-12-2010