Cargando...Las pensiones bajarán a medida que aumente la esperanza de vida. Ésa es una de las conclusiones que se deducen del documento que será entregado por la comisión de expertos al Gobierno en la segunda semana de junio.
En principio, según el documento ya casi perfilado por los 12 expertos de distintas tendencias, las prestaciones actuales no se tocarán. Sin embargo, las que sí están en cuestión son las futuras.
Uno de los puntos en discusión por parte de los expertos es cuándo debe entrar en vigor la reforma de las pensiones. La mayoría es partidaria de que lo haga a partir del próximo año. Y es que, si sigue este ritmo de déficit de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones se agotaría en el ejercicio 2019.
Una parte minoritaria de los expertos propone esperar a implantar la reforma hasta 2027, que es cuando culmina la última reforma del Gobierno de Zapatero; es decir, cuando la edad de jubilación sea de 67 años y no de 65 años como ahora.
El llamado factor de sostenibilidad en el que tanto insiste la Comisión Europea ha sido resuelto por los doce expertos mediante un nuevo concepto: la llamada equidad intergeneracional.
¿En que consiste el mecanismo que, en principio, debe garantizar que el sistema no quiebre y que se sigan cobrando las pensiones futuras?
Se trata de introducir una fórmula para calcular cada año la pensión en función de la esperanza de vida. Pongamos un ejemplo. Una persona que se jubile en 2014, cuando la esperanza de vida es de 79 años para los varones (exactamente 79,2 años, según el Instituto Nacional de Estadística) debería cobrar su pensión durante 14 años, que es el resultado de restar 65 años a su horizonte vital. Si ese jubilado cobrara una pensión de 1.000 euros al mes y, efectivamente, falleciera a los 79 años (sin subidas en su pensión) habría cobrado un total de 196.000 euros.
Pues bien, si dentro de diez años la esperanza de vida es de 81 años (dos años más) esa misma cantidad debería dividirse entre 16 años y no entre catorce. Por tanto, cobraría teóricamente un 12% menos. Sin embargo, esa rebaja sería menor, ya que, como está en vigor la reforma del Gobierno de Zapatero, esa persona no se jubilaría a los 65 años, sino a más o menos a los 66 años, con lo que su pensión se recortaría en un porcentaje cercano al 6%.
Esos cálculos son teóricos, pero sirven para orientar cómo van a evolucionar las nuevas pensiones, que se calcularán cada año en función de la esperanza de vida de la población.
Los miembros de la comisión nombrada por el Gobierno insisten en que las pensiones actuales no se tocarán y no sufrirán ningún recorte.
El segundo factor de sostenibilidad es la actualización. Hasta ahora se utilizaba el criterio de subir las pensiones en función del índice de precios.
La reforma en marcha prevé que ese criterio, en línea con la exigencia de Bruselas, desaparezca para siempre.
¿Significa eso que las pensiones no van a subir nunca? No, pero su mejora estará en función de los ingresos de la Seguridad Social. Es decir, que la actualización de las pensiones será el resultado de un cociente en el que en el numerador estarán los ingresos de la Seguridad Social y en el denominador los gastos.
A esa fórmula se le aplicará un coeficiente corrector. Pero, en todo caso, hasta que la Seguridad Social no registre un superávit claro, no habrá subida de pensiones en España.
En estos momentos, el Gobierno ha tenido que echar mano del Fondo de Reserva de las pensiones para abonar las pagas extra de los pensionistas.
Con esos dos criterios (Solidaridad Intergeneracional y Actualización), los miembros de la comisión de expertos entienden que la solidez del sistema está garantizada y que, en el futuro, se podrán seguir cobrando las pensiones. Aunque hay alguna opinión discrepante, hay una amplia mayoría que respalda esos dos criterios.
Sin embargo, la discusión está mucho más abierta en torno a dos cuestiones. La primera es si la reforma se debe aplicar a los funcionarios (que no están incluidos en el régimen general de la Seguridad Social) y el de si los miembros de las Cámaras deben cotizar con los mismos criterios que el resto de los ciudadanos para cobrar su pensión. Es decir, en si deben o no seguir manteniendo sus privilegios.