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La batalla para detener el recorte de las pensiones es un reto basado en tres pies. Sí, se puede porque la propia Constitución reconoce la posibilidad de realizar un referéndum sobre cuestiones de «especial trascendencia». Sí, se puede porque hay precedentes, el referéndum sobre el ingreso en la OTAN arrancado al gobierno de Felipe González, o el más reciente referéndum islandés contra la nacionalización de la deuda privada de la banca. Y, por último, sí, se puede porque es posible subir las pensiones con una redistribución drástica de la riqueza. Las élites políticas y financieras españolas mantienen sin pudor sus jubilaciones de oro.
Un derecho fundamentalEn la ropia Constitución está recogida la posibilidad de someter a referéndum una decisión como la reforma de las pensiones. En el Capítulo II, sobre la elaboración de las leyes, el Artículo 92 afirma que 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.2.El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de uno de los derechos fundamentales, de especial trascendencia puesto que afecta a uno de los sectores más débiles de la sociedad del conjunto de clases no monopolistas, desde obreros y trabajadores, hasta profesionales y autónomos. La batalla de la OTAN En España tenemos el precedente del referéndum sobre la entrada en la OTAN, que fue arrancado al gobierno de Felipe González después de seis años de movilización popular en los que se recogieron dos millones de firmas y se llegaron a realizar manifestaciones de más de un millón de personas. También entonces se trataba de situar la batalla contra el proyecto principal de EEUU, la imposición de la OTAN, en un terreno de dar la capacidad de decisión al pueblo. También entonces se expresó, gracias a una línea justa, la más amplia unidad popular, desde la derecha a la izquierda, desde lo social a lo político. Prueba de ello es que personalidades de todo signo ideológico, algunos incluso a favor de la OTAN, se unieron en la exigencia de un referéndum que diera voz a la mayoría para un asunto de gran trascendencia para nuestro país. Al igual que ahora, se trataba de ejercer la soberanía popular para ejercer la soberanía nacional frente a la voracidad de las potencias imperialistas. Entonces era “OTAN no, ni yanquis ni rusos”. Hoy es “Recorte de pensiones no, redistribución de la riqueza ¡ya! España es nuestra y no de Washington y Berlín”, para escapar de las garras del FMI (EEUU) y la UE (Alemania) y su proyecto de saquear un 40% de la riqueza española y degradarnos a un país sin voz ni voto en la arena internacional. El volcán islandés Si el pasado abril la erupción de un volcán islandés alteró el tráfico aéreo de toda Europa, un mes más tarde se produjo una erupción, esta vez popular, contra la voracidad del FMI y la UE. A medio camino entre Europa y Groenlandia, en pleno Atlántico, 56.000 electores (25% del total) obligaron al presidente islandés a rechazar la Ley Icesave y convocar un referéndum. Esta ley, aprobada a finales de 2009 bajo presión del FMI y la UE, regulaba la nacionalización de las deudas privadas del mayor banco del país a Inglaterra y Holanda. Obligaba al pago de 3.700 millones de euros en 15 años a un interés del 5,5%, congelando salarios, disminuyendo gastos públicos, etc. Eso es, dos terceras partes del presupuesto del país. El 6 de marzo el pueblo islandés votó con un aplastante 93,1% en contra, sólo un 1,8% las apoyó. De nada sirvieron los chantajes de que se iba con ello a empantanar las negociaciones para entrar en la UE o congelar los créditos del FMI para salir de la crisis. ¿Por qué nos tenemos que tragar sus chantajes aquí? ¿En manos de quién? ¿Vamos a dejar que el futuro de las pensiones lo decidan Obama y Merkel? ¿O una clase política sumisa a ellos, a la que no le tiembla la mano a la hora de recortar las condiciones básicas de vida y trabajo sin renunciar a uno solo de sus privilegios? Mientras lanzan sus chantajes sobre la viabilidad del sistema, diciendo que hay que actuar ahora “para salvarlo de la quiebra” en las próximas décadas, altos ejecutivos y cargos públicos se aseguran pensiones de millones de euros. La recomendación de la comisión del Pacto de Toledo de ampliar el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, dejando la puerta abierta a subir la edad de jubilación, no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos sus anteriores privilegios. Trabajadores vs diputados Actualmente si cotizas 35 años, cobras el 100% de la pensión una vez te jubilas. Si cotizas 15 años, recibes sólo el 50% de la pensión. A partir de ahí, se aumenta un 3% por cada anualidad hasta los 25 años de cotización, que correspondería el 80% de la prestación. Desde los 25 años hasta los 35 de cotización, el porcentaje se incrementa en un 2% cada año. Pero para cobrar el 100% de la pensión no es suficiente haber cotizado 35 años, sino que hay que tener 65 años cumplidos. Cualquier persona se puede jubilar anticipadamente a partir de los 61 años, pero con unas reducciones de entre el 6,5 y el 8% por cada año que falte para cumplir los 65. Para los 350 diputados y los 264 senadores españoles el asunto es diferente. Pueden disfrutar del 100% de su pensión después de cumplir los 60 años. Basta con que superen los 11 años de actividad parlamentaria. Con tan sólo siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras, sus Señorías ya tienen derecho a percibir el 80% de su pensión. Por no hablar de los sueldos vitalicios por ocupar cargos de estado. Es urgente la redistribución de los gastos del estado para acabar con este despilfarro sin control. De otro planeta Si nos elevamos a las altas esferas de la banca española, las pensiones son “de otro planeta”. Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, es quien tiene la pensión más elevada de todo el sector bancario español, más de 80 millones de euros. La de Francisco Luzón (director general) es de 53,08 millones. A Emilio Botín, presidente del banco, le tocan 25,57 millones; su hija y presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, tiene un fondo de 21,73 millones….La pensión acumulada de Francisco González, era a finales de 2008 de 72,54 millones. ¿Cómo no se va a poder poner un tope máximo de 10.000 euros mensuales a estos individuos si sus bancos no han quebrado gracias a las ayudas públicas? ¿Qué supondrá la reforma? Para los ya jubilados, seguirán con su pensión congelada. Nada cambiará para quien ya está recibiendo una pensión o esté a punto de hacerlo en breve. Las nuevas medidas afectarán a las pensiones futuras. ¿Pensiones más bajas? Para mantener la misma pensión que ahora habrá que cotizar más años. Por tanto si los pagos al sistema se mantienen, la pensión será menor. Se calcula que con las medidas del gobierno (67 años, 20 años para cobrar el 50%) se recortarán entre un 15 y un 20% las pensiones. Si se coge toda la vida laboral para calcular la pensión, el recorte alcanzará el 30%. Aplicado a la mayoría de pensiones, entre 500 y 800 euros, significa que se restan entre 160 y 240 euros. ¿De un año para otro? Para intentar mitigar el rechazo, la intención del Gobierno ir introduciendo las medidas año tras año durante las próximas décadas. ¿Jubilarse más tarde? Por tanto, se opte por retrasar la edad legal de jubilación o por ampliar el número de años para llegar al 100% de la pensión, habrá que trabajar más y cobrar menos. En definitiva, quieren forzar que suscribamos planes de pensiones privados para compensar.