Las nuevas andanzas de los viejos caciques

Al PP se le ha abierto una nueva ví­a de agua de corrupción, que unir a las distintas ramificaciones del caso Gürtell. Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón, ha sido imputado en un juzgado de Nules por un abierto caso de tráfico de influencias, utilizando su puesto para que las autoridades sanitarias permitieran a una de sus empresas la comercialización de plaguicidas ilegales y altamente tóxicos. A Fabra se le acumulan los asuntos pendientes con la justicia. Su condición de histórico cacique local -es miembro de una familia que monopoliza el poder local durante cinco generaciones- le empujaba a delinquir con normalidad. Yerra quien considere que este es un comportamiento «propio de la derecha ultramontana». No es más que un claro ejemplo -que se repite en toda la geografí­a española y en todos los colores polí­ticos- de la impunidad de unas castas locales, donde se hermanan los viejos caciques y las nuevas élites, y que constituye un auténtico agujero negro de corrupción.

El residente de la Diputación y del PP provincial de Castellón, Carlos Fabra, está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. En su auto, la juez sustituta asegura que hay indicios de que Fabra medió ante altos cargos del Ministerio de Agricultura para favorecer a la empresa Naranjax –cuya propiedad compartían el empresario Vicente Villar y la esposa de Fabra- en la adjudicación y venta de un largo listado de productos insecticidas agrícolas altamente tóxicos que salieron al mercado sin control.Vilar se autoinculpó al asegurar que los productos que importaba no cumplían con los mínimos requisitos sanitarios y que incluso podían ser cancerígenos. Además, el industrial denunció la existencia de «despachos de influencia» en el propio Ministerio de Agricultura y dijo haber pagado «comisiones millonarias» a funcionarios de este departamento.Este es sólo uno de los casos donde aparece imputado Carlos Fabra, por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la Administración Pública y fraude fiscal. El juicio debió haberse celebrado varios años antes. Pero los ocho jueces a los que les ha correspondido encausar a Fabra se han retirado, para no enfrentarse al auténtico cacique local por excelencia.Y es que Carlos Fabra pertenece a una “saga familiar” de caciques que han monopolizado durante un siglo el poder político en Castellón.Victorino Fabra Gil presidió la Diputación de Castellón en 1855. Su hijo, fue, en el siglo XIX, el “hombre de la Restauración” en Castellón, partipando, a conveniencia, tanto en el partido conservador como en el liberal, y “heredando” de su padre la Diputación local, que presidió desde 1874 a 1892. Su nieto, Luis Fabra Sanz, fundó la Derecha Regional Agraria, y fue diputado por la CEDA. Carlos Fabra Andrés, hijo de Luis Fabra, ocupó la secretaría provincial del Movimiento de 1943 a 1947, fue alcalde de Castellón de 1948 a 1955, y presidió la Diputación, feudo hereditario de los Fabra, desde 1955 a 1960.La llegada de la democracia hizo que todo cambiara, para que todo permaneciera igual en Castellón, es decir con un Fabra presidiendo la Diputación.Las históricas conexiones políticas, económicas y sociales de los Fabra en Castellón les convierten en los auténticos caciques locales por excelencia.El Estado de las autonomías no sólo no amenazó el poder de viejos caciques como los Fabra, sino que constituyó, administrando los sustanciosos presupuestos de comunidades, diputaciones y ayuntamientos, un inmejorable caldo de cultivo para su expansión. Los ingentes presupuestos manejados, y las cada vez mayores competencias traspasadas, junto al blindaje otorgado a las castas políticas locales, se ha convertido en un estímulo de la ya tradicional corrupción de los caciques.No se trata de un “exceso de la derecha ultramontana”, sino el reverso local de los desmanes de la partitocracia.