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Dos de los más significados barones autonómicos acaparan los titulares de los medios. El tripartito catalán, como la parte más beneficiada del nuevo reparto del «botín autonómico». Y Francisco Camps, presidente de la Generalitat valencia, acosado por la investigación judicial del «caso Gürtell». Ambos, más allá de sus diferencias, expresan el grado de nepotismo, despilfarro y corrupción que caracteriza la actuación de los modernos caciques parapetados tras los gobiernos autonómicos.
En ambas comunidades, Cataluña y Valencia, se ha levantado algo muy arecido a un régimen de poder donde reina la impunidad.En Valencia –como en Madrid o Murcia- sobre la base de la aplastante y prolongada hegemonía electoral del PP. En Cataluña, a través de la entronización de una especie de “consenso nacional” –excluyendo de él a “intrusos” como Ciutadans- entre la práctica totalidad de las fuerzas políticas oficiales.Dentro de esa estructura de poder endogámica todos los desmanes son posibles.El estallido de la “operación Gürtell” ha sacado a la luz las formas y maneras de una parte –y no la más importante- de ese oscuro entramado.La anécdota son los “regalos” a Camps. Los 18.000 de los famosos trajes son una simple minucia comparada con los dispendios habituales de los caciques autonómicos.Lo relevante es como, a través de la cercanía política y personal al poder político, la trama presidida por Francisco Correa o el Bigotes obtenía jugosas contratas públicas adjudicadas a dedo en Valencia, o ejecutaba fraudulentas operaciones urbanísticas en Madrid.Alcaldes o consejeros recibían dádivas, y los presupuestos autonómicos engrasaban la máquina de hacer dinero.Durante años, este sistema funcionó con corrupta normalidad, dada la impunidad y falta de control con que los responsables autonómicos manejan los dineros públicos.El mecanismo de la trama se reproduce en una escala mucho mayor –y de mayor gravedad, aunque no existan por medio los famosos regalos en especie- con los principales constructores o en el seno de las cajas de ahorros.Ahora, Camps comparece en el banquillo. En Cataluña todavía esperamos que alguien sea capaz de poner el cascabel judicial al gato. Y no porque el grado de despilfarro y corrupción sea menor.Hace unas semanas, Montilla anunció a bombo y platillo un “plan de austeridad” donde se recortaban 900 millones del gasto público autonómico. Pero después de que la nueva financiación autonómica regara al gobierno catalán con 3.845 millones adicionales, hay más margen para el despilfarro, y los planes de ahorro han sido inmediatamente retirados.Bajo la batuta de Carod Rovira, se ha disparado la financiación de delirantes proyectos identitarios. Destinando a la “política exterior catalana” 2,2 millones de euros anuales –un 63% más que hace un año-. Abriendo embajadas en Nueva York, Londres, París, México o Buenos Aires.Con centro en la Generalitat se ha creado una auténtica red de corrupción que ha pagado 31 millones de euros de dinero público por informes inexistentes como “El seguimiento de la concha brillante” o “Diseño de parchís y puzle de la casita de cartón recortable”. Sutilmente adjudicados cada uno de ellos por menos de 12.000 euros, cantidad que no necesita ser sometida a concurso público, y que ha sido pagada a ex diputados o ex asesores de PSC, ERC e ICV.Al mismo tiempo, el gobierno catalán ha engordado un gigantesco aparato burocrático, a cuyo frente se encuentran 219.000 funcionarios –frente a los 165.000 que existían en 2006-. De hecho, los gastos de personal constituyen la principal partida de gasto de la Generalitat, muy por encima de las inversiones.Este es el grado de nepotismo, corrupción e impunidad que caracteriza la actuación de las castas políticas locales.