A las pocas horas de retornar a la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una feroz ofensiva par dar cumplimiento a una de sus principales promesas electorales: las deportaciones masivas de migrantes en situación irregular.
Como si fuera una moderna Gestapo, la temida ‘migra’, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se ha desplegado por todo EEUU, deteniendo aleatoriamente a personas indocumentadas en sus casas, en los puestos de trabajo, en los comercios, en las carreteras, en iglesias y hospitales y hasta a niños y adolescentes en escuelas e institutos… separándolos de sus familias y comunidades y embarcándolos en un avión rumbo a sus países de origen.
Para los 11 millones de trabajadores migrantes ilegales, así como para otros muchos millones más de ciudadanos estadounidenses, lo que está ocurriendo es una pesadilla represiva, una tragedia social de indescriptible dolor.
Pero para una parte muy importante de los sectores productivos de EEUU, que tienen en la mano de obra migrante su casi total fuente de plusvalía, las deportaciones masivas de Trump también suponen un gigantesco y ruinoso problema.
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La Migra o la noche de los cristales rotos
Lo que Trump no se atrevió a desatar en su primer mandato está ocurriendo ahora. En menos de diez días, las indiscriminadas redadas del ICE han detenido a más de 13.000 personas migrantes en todo el país, cifra que no deja de crecer, con entre 500 y 1.000 nuevos arrestos cada día.

Es el terror, una noche de los cristales rotos que no se sabe cuánto va a durar ni que alcance tendrá. Amenaza de manera directa a los más de 11 millones de migrantes indocumentados en situación irregular que se calcula que hay en EEUU, el 80% de los cuales ya está arraigado con más de cinco años en el país. Se concentran especialmente en Estados como California, Texas, Nevada, Florida, Nueva Jersey, Arizona, Illinois, Washington, donde entre un 4% y un 6% de la población es indocumentada. La procedencia abrumadoramente mayoritaria de estos trabajadores sin papeles es mexicana (4,8 millones), seguida por naciones centroamericanas como Guatemala (750.000), El Salvador (710.000) u Honduras (560.000).
A pesar de que el gobierno de Trump insiste en que está deteniendo a «criminales» -menos del 4% de los indocumentados tienen antecedentes- la mayoría de las personas que han sido capturadas son simple y llanamente trabajadores, madres y padres, o incluso niños y adolescentes, detenidos de forma aleatoria.

Los testimonios que llegan son estremecedores. Imágenes como la de una madre migrante detenida en un control de carretera cuando iba a trabajar y a llevar a su hija a la escuela. La policía para el coche simplemente al ver el aspecto «hispano» de la conductora. La detenida no tiene antecedentes, ni siquiera multas de tráfico, y sólo pide clemencia en una cosa: que no la separen de su niña, que observa con miedo la escena en el asiento de atrás.
Muchos ciudadanos estadounidenses contemplan, entre la estupefacción y la indignación, lo que les están haciendo a sus vecinos, a familias enteras, a los más vulnerables. Una vecina de Florida cuenta desolada como la ICE está entrando en las escuelas de primaria y de secundaria, a la caza de los menores indocumentados. «¿Ahora un niño de 5, de 10 o de 15 años es un criminal?».
Una vez los detienen, los montan en un avión completamente esposados de manos y pies, y los deportan a sus países, sin tener en cuenta si sufren persecución y si sus vidas pueden estar en peligro.

Las cacerías de migrantes son tan brutales que numerosos alcaldes, como el de Minneapolis, han anunciado que se resistirán a colaborar con la migra, y que no facilitarán información acerca cuales de sus vecinos están en situación legal y cuáles no.
Pero el gobierno Trump parece decidido a llevar esta ofensiva más allá. Cuando los periodistas preguntaron a la nueva portavoz de la Casa Blanca, la ultrareaccionaria Karoline Leavitt, que cuántos de los deportados tenían antecedentes penales, ésta respondió sin despeinarse que: «Todos». «Todos ellos, porque violaron ilegalmente las leyes de nuestra nación al entrar, por lo tanto son criminales según los criterios de esta Administración». Una insostenible falacia que equipara cometer una ilegalidad a ser un criminal o a cometer un delito penal.
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Un enorme impacto económico
Además del drama social, hay importantes sectores económicos de EEUU que ven en las deportaciones masivas de Trump una amenaza más que real no ya para sus cuentas de resultados, sino hasta para la producción básica.
Los propios representantes empresariales de los sectores que más dependen de la mano de obra migrante indocumentada -la agricultura, la manufactura y la atención sanitaria- están denunciando cómo las redadas de la migra y la ola de terror entre los sin papeles están impactando brutal y negativamente en sus negocios

«Los trabajadores esenciales han desaparecido, y estamos viendo una desaceleración del 50% en nuestras operaciones. Los inmigrantes están paralizados por el miedo y prefieren quedarse en casa», dice Rebeca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition en Illinois. Lo mismo que Matt Teagarden, de la Kansas Cattlemen’s Association, que ha advertido que la mano de obra inmigrante es crucial para la industria ganadera y la agricultura en general.
Según Shi, los inmigrantes representan entre el 25% y el 50% de la fuerza laboral en industrias esenciales y contribuyen con más de 80.000 millones de dólares en impuestos cada año. Pero sobre todo son una fuente gigantesca de riqueza, de plusvalía. Si EEUU quedara vacía de fuerza de trabajo indocumentada, además de empeorar la escasez de mano de obra en sectores como la salud, la construcción y la manufactura, que actualmente enfrenta una brecha de 1,7 millones de puestos de trabajo, el PIB norteamericano podría caer… un 4,2%. Eso son pérdidas de 1,15 billones de dólares, equivalente al PIB de Holanda.
Sin duda, uno de los sectores donde el impacto ha sido inmediato ha sido en la agricultura, donde son cientos los vídeos de granjeros o dueños de alguna explotación que muestran sus campos vacíos de jornaleros. «No ha venido nadie a trabajar. Tienen miedo de la migra». Así lo explica Tony DiMare, de la empresa DiMare Fresh, que produce tomates en California y Florida, que reconoce que la industria agrícola estadounidense depende en gran medida de los inmigrantes sin papeles para la cosecha manual. «Los estadounidenses no están dispuestos a trabajar en estos trabajos, por lo que recurrimos a inmigrantes, en su mayoría bajo programas temporales. Pero cada vez es más difícil conseguir trabajadores con papeles en regla», dice.
Otros dos sectores igualmente afectados son la industria manufacturera -auxiliar, textil, etc…- y la construcción de casas, pero también el ámbito sociosanitario, de cuidado de ancianos y enfermos, donde los migrantes son el 80% de la fuerza laboral. Como en las plantaciones, nadie que no sea un indocumentado quiere trabajar con los sueldos por hora de miseria que ofrecen en esos campos.
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¿Expulsarlos a todos?. No: se oprime para explotar
La campaña de detenciones arbitrarias y deportaciones masivas de migrantes sin papeles en EEUU es un feroz ataque a millones de personas en EEUU, y está causando una honda conmoción en la sociedad norteamericana. Las extremas derechas de todo el mundo, xenófobas y admiradoras de Trump, se frotan las manos ante la perspectiva del copia y pega de estas ultrareaccionarias políticas a sus países.

Pero como acabamos de ver, la brutal política migratoria de Trump ya está teniendo consecuencias económicas muy negativas en los sectores productivos o de los servicios que más dependen de la mano de obra indocumentada.
¿De verdad que el trumpismo y sus imitadores ultras buscan la expulsión total de los migrantes indocumentados de sus países? La respuesta es un doble no. No pueden. Y tampoco quieren
Veamos: al ritmo actual, la temida ‘migra’ tardaría unos 28 años en detener y deportar a los 11 millones de migrantes sin papeles que hay en EEUU, y eso sin contar con los que seguirían entrando.
Pero sobre todo no quieren, no buscan ese objetivo. Porque se oprime para explotar.
Desde su posición filosófica en defensa de la esclavitud, Platón ya dijo que «mientras que la lana no vaya sola a la rueca, serán necesarios los esclavos».
Para que las explotaciones agrícolas de EEUU, o las industrias textiles y la construcción, o las fábricas auxiliares de la grandes corporaciones norteamericanas, puedan ser competitivas y producir a bajo costo… necesitan de la mano de obra «ilegal», clandestina, y por tanto (muy) barata de los trabajadores inmigrantes indocumentados. Sin esta fuerza de trabajo sometida a condiciones de hiper-explotación, el PIB norteamericano podría perder un 4%, nos dicen sus propias organizaciones empresariales.

No quieren expulsar a los 11 millones de migrantes sin papeles. Los necesitan para ser salvajemente explotados. Pero pisar el acelerador de la plusvalía, necesitan oprimirlos.
Y ese es el objetivo de esta campaña de «terror y conmoción»: detener y expulsar a decenas, quizá centenares de miles de migrantes… para aterrorizar a los millones restantes, obligándoles a vender su fuerza de trabajo en condiciones aún más penosas y draconianas, con aún peores salarios y soportando peores medios de vida y trabajo.
Creando una sub-clase obrera migrante a la que imponer una aún más salvaje y despiadada esclavitud asalariada, arrancándole mayores cuota de plusvalía y beneficios.