El escándalo de las grabaciones al ministro del Interior

Las democracias espiadas

Las reuniones del ministro del Interior, grabadas hace dos años y ahora difundidas por el digital Público, se han convertido en el escándalo de la pasada campaña. En ellas se planea fabricar noticias que impliquen a dirigentes soberanistas catalanes en escándalos de corrupción. Ha sido unánime la crí­tica a la utilización partidista de las instituciones contra adversarios polí­ticos. Y también el asombro ante que se pueda espiar al máximo responsable polí­tico de la seguridad del Estado en su propio ministerio. ¿Qué consecuencias polí­tica tiene este escándalo? ¿Son prácticas insólitas en las democracias avanzadas, o son mucho más habituales de lo que pretenden que pensemos?

Un juego peligrosoEl contenido de las conversaciones grabadas se corresponden con dos reuniones celebradas, en el despacho del Ministerio del Interior, el 2 y 16 de octubre de 2.014.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Diaz, se reunió con el jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. Se trata de un magistrado sin filiación política pero de marcada tendencias conservadoras. Que accedió al cargo a propuesta de Unió, y que contó con el respaldo tanto de Convergencia como del PP. “Estaríamos ciegos si no advertimos que detrás de este escándalo hay un juego político peligroso”

Faltaban pocas semanas para la celebración de la consulta soberanista del 9-N, prohibida por el Tribunal Constitucional. Era un momento de máxima tensión política entre el gobierno central y la Generalitat, fruto del avance del proceso soberanista.

En este contexto político, el ministro y de Alfonso discuten abiertamente como fabricar noticias que impliquen a dirigentes soberanistas catalanas en casos de corrupción. Desde Oriol Junqueras, líder de ERC, a Francesc Homs, entonces portavoz de la Generalitat, o Josep Maria Vila d’Abadal, en esa fecha presidente de la Associació Catalana de Municipis.

Las noticias, elaboradas por la policía, podían ser utilizadas por la fiscalía en procesos judiciales, empleadas como instrumentos de presión y chantaje, o filtradas a los medios de comunicación.

En varios pasajes, el ministro del Interior se refiere explícitamente a que el presidente del gobierno está al corriente de las operaciones y las aprueba, salpicando la figura, ya seriamente cuestionada, de Rajoy.

¿Qué significado político tiene la revelación de estos hechos precisamente ahora?

Desde 2012 se conoce la existencia de unidades de la policía dedicadas en exclusiva a buscar indicios de corrupción vinculados a dirigentes políticos catalanes. Pero el boomerang de las consecuencias políticas ha cambiado de bando.Es evidente que la difusión, a escasos días de unas elecciones generales, de unas reuniones celebradas hace dos años, busca una clara intencionalidad política.

Incidiendo en la formación del futuro gobierno, cuyo signo va a estar definido por un estrecho margen de escaños. Debilitando la figura de Rajoy, al que muchos exigen que se retire para facilitar una gran coalición bajo una u otra forma de colaboración. Y ofreciendo oxígeno político a un independentismo catalán, especialmente a Convergencia, que estaba pasando por sus peores momentos.

La indignación ante la evidencia que desde la cúpula del ministerio del Interior se fabricaban dossieres para utilizarlos en el debate político es justa, así como las unánimes exigencias de dimisión de Jorge Fernández Díaz.

Pero estaríamos ciegos si no advertimos que detrás de este escándalo hay un juego peligroso que para conseguir los objetivos políticos que se propone está dispuesto a abrir heridas de consecuencias imprevisibles.

¿Pero quién puede espiar a un ministro?La acumulación de información sensible, traducida en dossieres políticos que se filtran a los medios en el momento adecuado, es una de las habituales formas de hacer política en las democracias occidentales.

Los medios de comunicación cumplen su papel al publicar las informaciones, una vez corroboradas. Pero alguien las ha conseguido y se las ha hecho llegar.

¿Quién ha podido espiar al mismísimo ministro del Interior en su propio despacho?

Algunas informaciones apuntan a la disputa entre diferentes clanes dentro de la policía y los servicios de inteligencia. Señalando hacia comisarios despechados por haber sido rebajados o enfrentados a la cúpula del ministerio. “En casos similares, detrás del espionaje a los más poderosos políticos del mundo siempre hemos encontrado a EEUU”

Existirán contradicciones en el seno de la policía, pero la iniciativa de un grupo de comisarios parece insuficiente para convertirse en el origen de un escándalo político de esta magnitud.

En precedentes similares, las fuerzas que han estado detrás han sido mucho más poderosas.

Recordemos la extensa red global de escuchas telefónicas desvelada hace meses por Wikileaks. Y que afectaba a dirigentes tan poderosos como Angela Merkel o los últimos tres presidentes franceses.

Detrás estaba la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), uno de los principales servicios de inteligencia norteamericanos.

El escándalo también afectó a España. Según desveló El Confidencial existieron serias sospechas de que las comunicaciones personales de Rajoy y el Rey, las dos principales figuras del Estado, habían sido intervenidas.

Quien tiene capacidad para ejecutar un espionaje industrial y global a los más poderosos políticos del mundo es EEUU. De hecho, supone un importante mecanismo de poder de la hegemonía norteamericana.

Debe de investigarse hasta el final este escándalo. El ministro del Interior o el director de la OAC deben asumir sus responsabilidades. Y es preciso esclarecer quien grabó las reuniones y las filtró a la prensa.

No conocemos todavía los detalles del escándalo. Pero contentarse con explicaciones inverosímiles -como la de la venganza de clanes policiales- es impedir la investigación a fondo de un turbio asunto con hondas repercusiones políticas.

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