Cargando...LA RESOLUCIÓN del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal el impuesto que aplican algunas comunidades autónomas a los carburantes es un serio revés a las administraciones implicadas, que deberán rascarse el bolsillo en un momento de asfixia económica y contención del déficit. Pero también es un golpe a la credibilidad de España, que en sólo siete meses ha visto cómo le tumban las ayudas a los astilleros, la doctrina Parot y ahora el denominado céntimo sanitario. El Tribunal argumenta que este impuesto incumple con la normativa europea al no tener una finalidad recaudatoria específica y subraya, con razón, que su objetivo es «puramente presupuestario». En efecto, cada comunidad autónoma ha venido invirtiendo el fruto de ese gravamen allí donde lo necesitaba, no necesariamente en el área sanitaria.
La demanda que ha dado origen a esta sentencia fue presentada por dos hermanos, propietarios de una empresa de transportes en Cataluña, que solicitaron a la Generalitat el reembolso del impuesto por considerarlo ilegal. Casi una década después, el Tribunal de Luxemburgo les da la razón y obliga además a que, con carácter retroactivo, se devuelva el dinero a todo el que lo reclame. Su resolución advierte falta de «buena fe» tanto en el Gobierno como en la Generalitat y les acusa de haber ignorado desde 2001 varios dictámenes de la Comisión Europea que alertaban de la probable ilegalidad del tributo.
Aunque es cierto que nuestras administraciones tenían en su mano modificar o suprimir el impuesto y no lo hicieron, sorprende también que se haya tardado nueve años en llegar a este fallo. La lentitud del proceso agrava la situación. Ahora bien, sólo se atenderán reclamaciones de entre 2010 y 2012, ya que la prescripción deja sin efecto lo ocurrido en ejercicios anteriores. Los profesionales del sector estiman en 2.300 millones de euros los que podrían recuperar los transportistas, mientras que los técnicos del Ministerio de Hacienda calculan que la cifra rondará los 4.000 millones.
Al final ha tenido que ser la UEla que apuntille un impuesto con un espíritu eminentemente recaudatorio que fueron abrazando de forma paulatina todas las comunidades, a excepción de Aragón, País Vasco, La Rioja y Canarias. Entre sus efectos perversos, hay que apuntar la ruptura de la unidad de mercado. Cada región ha aplicado su recargo, que variaba entre uno y 4,8 céntimos. Eso llevó a los transportistas a confeccionar un mapa del repostaje: un litro de combustible costaba varios céntimos más barato en unas comunidades que en otras.
Sorprende ahora la reacción del PSOE, que ha pedido explicaciones urgentes al Gobierno, como si Zapatero no lo hubiera mantenido durante siete años. Es más, en la huelga del transporte por carretera de 2008, una de las reivindicaciones del sector fue la retirada del céntimo sanitario. No es mejor la reacción de varias de las autonomías afectadas, que apuntan que debe ser la Administración Central la que asuma la devolución. Es una posición ventajista: aplicaron voluntariamente el impuesto y cobraron, y ahora pretenden que el Gobierno salga en su auxilio. El consejero de Economía catalán, Mas-Colell, ya ha advertido de que «no asumirá el coste». Sin embargo, como bien apunta la sentencia, la Generalitat contribuyó al fiasco. Dado que todos son responsables, todos deberían ser solidarios en la reparación.