Cargando...El Estado y el Fondo de Garantía de Depósitos han perdido ya 34.000 millones, casi un tercio del total.
El agujero de la banca no ha parado de crecer en los últimos años. Los hechos han dejado en evidencia al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ambos presumieron de que España contaba con el sistema financiero más solvente del mundo, mientras el resto de países inyectaba millonarias ayudas públicas a sus entidades en los inicios de la crisis.
El dinero público y privado destinado a sanear los balances de bancos y cajas problemáticas alcanza los 113.259 millones, más del 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), entre fondos inyectados y estimaciones de Bruselas sobre el coste de los esquemas contra pérdidas concedidos y el traspaso de activos tóxicos al banco malo o Sareb, y sin contar con los avales recibidos para obtener liquidez ante el cierre de los mercados de capitales.
A esta cantidad habría que añadir los compromisos adquiridos, como los cerca de 2.000 millones que aportará el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para dar liquidez a los inversores minoristas de preferentes y subordinadas de CatalunyaBanc y Novagalicia, y los 2.700 millones destinados por bancos sanos y aseguradoras a la creación del banco malo. También la partida prometida al Sabadell para hacerse con Banco Gallego, de 245 millones, más los 80 millones ya inyectados la exfilial de Novagalicia.
Ahora el Banco de España da un nuevo golpe a las cuentas y balances del sistema con otra vuelta de tuerca a las dotaciones, que obligará a inyectar más recursos a algunos grupos. El supervisor pretende ampliar las coberturas para los créditos refinanciados.
Una factura en aumentoCon estos compromisos es fácil determinar que la cuantía final sobrepasará con creces los 120.000 millones de euros, cantidad que durante mucho tiempo varias casas de análisis estimaron y que fueron desmintiendo desde los organismos internacionales.
Desde la caída de la primera entidad, Caja Castilla-La Mancha (CCM), a principios de 2009, el deterioro del sector ha ido aumentando paulatinamente a golpe de test de estrés europeo, nuevas exigencias de capital y provisiones y peores perspectivas económicas.
La crisis de Bankia el ejercicio pasado confirmó lo que muchos expertos calificaban la patada hacia delante dada por el Banco de España durante varios años con integraciones más políticas que racionales para evitar la concesión de las ayudas que se precisaban. Cada test de estrés llevado a cabo en Europa sonrojaba a España, aunque era el único país que sometía a todas las entidades -grandes o pequeñas- a estas pruebas.
De las fusiones y de estos ejercicios, el Estado, con la constitución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y con el soporte del FGD, destinó 35.000 millones. Prácticamente, todos estos fondos están dados por perdidos. Unos 15.000 millones han engordado el déficit del Estado, otros se han apuntado o se anotarán en el fondo de garantía. Podrían haber sido mayores si Bankia y Banca Cívica no hubieran logrado salir a bolsa. Tan sólo Cívica, una vez absorbida por Caixabank, ha devuelto el dinero percibido para su recapitalización. Este año ha reembolsado al Frob los casi 1.000 millones que recibió para su creación.
El cambio de Gobierno, con la victoria del PP a finales de 2011, supuso un cambio significativo. Las dudas sobre el agujero real del sector por parte del mercado y su contagio a la economía llevó a que el Ejecutivo forzara, para bien y para mal, el desplome de Bankia y la petición a Bruselas de una línea de crédito para hacer frente al reconocimiento de pérdidas por parte de todo el sector como consecuencia de su exposición al ladrillo.
El papel de EuropaAdemás de las ayudas concedidas por los vecinos comunitarios, de hasta 100.000 millones -de las que se han consumido 41.000 millones hasta ahora-, nuestro país se vio obligado a constituir el banco malo, para separar los activos tóxicos de los grupos que han sido rescatados. La Comisión Europea estima que la transferencia significa haber dado a estas entidades fondos públicos por importe superior a los 36.000 millones.
Todo este proceso de saneamiento ha llevado a desaparecer a un sinfín de entidades, en su mayor parte cajas de ahorros, y a tener que nacionalizar a cuatro grupos, que podrán ser cinco si Unicaja finalmente no salva a España-Duero. De las casi 60 grupos que existían antes de la crisis financiera y económica en la actualidad quedan unas quince. En los próximos años el número descenderá a menos de diez, según las previsiones realizadas por los principales banqueros.
¿Cuáles serán pérdidas para el Estado? El ministro de Economía Luis de Guindos niega que vaya a haber minusvalías para los contribuyentes, pero lo cierto es que la cuantía de los números rojos dependerá en gran medida al dinero que se recupere en la venta de las entidades bajo el poder del Frob, que son Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN.
El Gobierno ha decicido hace poco menos de un mes suspender la puja de CatalunyaBanc con la intención de lograr mejores ofertas a las recibidas en un futuro, al considerar que el grupo catalán incrementará su valor una vez aplique el plan de reestructuración impuesto por Bruselas.
Guindos ha rechazado dotar de nuevas ayudas para el posible comprador, lo que ha supuesto un cierto desinterés por parte de las entidades que participaron en el proceso de adjudicación, como el Santander, Popular, BBVA y el Sabadell.
El Ejecutivo ha querido evitar a toda costa elevar el déficit de las cuentas públicas con nuevos fondos para el sector.
Subastas con respaldoEste objetivo, sin embargo, se ha visto truncado una vez más con Banco Gallego. La situación de debilidad de esta entidad ha obligado a Economía a rascarse otra vez el bolsillo y ha tenido que aportar recursos para que lo absorba el Sabadell.
El Frob tenía indicaciones precisas de la Comisión Europea sobre el futuro de este pequeño banco. Si el 30 de abril no estaba subastado, el Estado español debía proceder a su liquidación ordenada. Lo mismo ocurrió con Banco Valencia, que tuvo que ser adjudicado in extremis a Caixabank a finales del ejercicio pasado con sustanciales ayudas públicas.
¿Qué pasará si dentro de cuatro años las ofertas por las nacionalizadas son poco atractivas y hay que liquidarlas? Esta es la pregunta que algunos ya se hacen a día de hoy. No está claro si el Gobierno -éste o el que venga- esté dispuesto a conceder más ayudas, sobre todo después de la limpieza y la reestructuración que tendrán poner en marcha estos grupos.
En los próximos ejercicios las entidades que han recibidos fondos estatales tendrán que llevar a cabo un ajuste de costes sin precedentes. Es el peaje a pagar. Deberán cerrar más de 5.000 oficinas, recortar sus plantillas en más de 10.000 trabajadores, limitar su actividad a las zonas de influencia, desprenderse de activos no estratégicos y disminuir su tamaño entre un 25 y un 50 por ciento, en función de cada caso.
El resto del sistema defiende la aplicación de estos planes de reestructuración porque empujará a que España recupere la confianza perdida en los mercados. «Los planes acordados ayudarán a corregir el exceso de capacidad del sistema, lo que es clave para apuntalar su rentabilidad a medio y largo plazo», asegura Caixabank en un informe.
Ahora bien, no todas las entidades que han desaparecido vía absorbido han requerido sustento estatal, ni todo el sector se ha visto beneficiado directa o indirectamente de fondos públicos. En esta lista, que hay que decir que es corta, destaca la presencia de Banco Pastor, que tras unos test de estrés desfavorables tuvo que buscar compañero de baile. Encontró al Popular, que ha abordado la integración con sus propios medios. Asimismo, amplió capital por 2.500 millones el año pasado para afrontar el ejercicio de Oliver Wyman. Otro que no necesitó al Frob fue Banco Guipuzcoano, que se echó en brazos del Sabadell para continuar con su actividad.
Y Banesto, para hacer frente a todas las necesidades, siempre ha acudido a su matriz, el Santander, hasta el punto de desaparecer ahora como entidad independiente tras 110 años de historia. Ambos ultiman la integración total.
Otras, como Bankinter, no han necesitado recursos estatales, aunque tampoco han movido ficha aún en un mapa financiero que todavía no ha culminado su configuración.