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La política valenciana está sufriendo una nueva sacudida, y la corrupción vuelve a colocarse en el centro de todos los debates. Cuanto más se tarde en saber la verdad y en depurar responsabilidades, más lejos estará la posibilidad de reeditar el gobierno de progreso.
Valencia no es una comunidad más. Allí los gobiernos de progreso no solo se hicieron con la alcaldía de la capital -como sucedió en Madrid o Barcelona-, sino que también conquistaron el gobierno autonómico, a través de un pacto entre socialistas, Compromís y Podemos.
A un año escaso de unas municipales y autonómicas que van a ser decisivas para esclarecer el mapa político español, lo que suceda en Valencia tiene una enorme importancia.
Por eso, la investigación judicial de un presunto caso de corrupción, que afecta a las dos fuerzas que sostienen el gobierno valenciano, PSPV y Compromís, concentra la interesada atención de unos y la lógica preocupación de muchos.
Todo arranca de una denuncia presentada por el PP valenciano en 2016, acusando al PSPV y al Bloc -una de las fuerzas que integran Compromís- de financiación irregular.
Es sorprendente que el PP valenciano, muñidor de una trama que saqueó las cuentas públicas, se presente ahora como adalid de la lucha contra la corrupción.
Pero los hechos son los hechos, independientemente de quien y con qué intención los plantee, y es urgente enfrentarlos.«Cuanto más se tarde en saber la verdad y en depurar responsabilidades, más lejos estará la posibilidad de reeditar el gobierno de progreso»
Según la información hecha pública por los juzgados encargados del caso, todo gira en torno a la agencia de comunicación Crespo Gomar, vinculada a dirigentes locales del PSPV, y que organizó actos electorales del partido socialista y del Bloc para las elecciones de 2007. La investigación apunta a que constructoras y otras empresas pagaron a Crespo Gomar actos de la campaña de ambas formaciones, camuflándolos con facturas falsas.
Este delito electoral habría prescrito. Pero no el de malversación, por las adjudicaciones irregulares concedidas a Crespo Gomar por organismos del gobierno central, entonces presidido por Zapatero.
El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha anunciado que su partido abrirá una investigación interna, hará un esfuerzo de transparencia (un “estriptís de las cuentas del partido”), y depurará todas las responsabilidades.
Mientras Compromís ya ha manifestado que apoyará la formación de una comisión de investigación en las Cortes valencianas.
Es urgente que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas inmediatamente. La convulsión generada por este caso ya está afectando a la estabilidad del gobierno de progreso. Una semana después de que el 90% de sus inscritos apoyará las coaliciones con otras fuerzas de izquierdas, la dirección de Podemos ha congelado cualquier conversación con Compromís para futuras citas electorales, amenazando con retirar su apoyo al gobierno autonómico.
Cuanto más se tarde en saber la verdad y en depurar responsabilidades, más lejos estará la posibilidad de reeditar el gobierno de progreso, y más se acercará la posibilidad de que el PP vuelva a gobernar Valencia.
Alberto dice:
Ojito, que Compromís está ligado el separatismo y por desgracia el PSPV-PSOE por sus orígenes tiene ciertas adherencias ideológicas de tipo nacionalista. Claro luego está el PP. ¿Me corto las venas? Pues quizá lo menos malo una coalición Cs-PSOE.