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El presidente boliviano Evo Morales ha firmado hoy un decreto mediante el cual la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recupera la mayoría accionarial de la petrolera Chaco, hasta ahora controlada por la transnacional PanAmerican Energy, filial de la angloholandesa British Petroleum (BP). La nacionalización de la última de las empresas energéticas extranjeras ha levantado ampollas -entre la oligarquía y las multinacionales- en vísperas del Referéndum Constitucional que se celebrará el domingo, que entre otras cosas, elevaría al rango de constitucional la propiedad estatal de los recursos naturales de Bolivia.
Conforme se agotan las horas que faltan ara la celebración del Referéndum Constitucional –que según diversas encuestas será ganado por el Sí con una holgada mayoría- la oposición boliviana (portavoz de los intereses de la oligarquía cruceña y del imperialismo) y sus medios de comunicación afines sacan toda su artillería propagandística para crear todos los climas de opinión que pueden. Entre esos medios de comunicación también se cuentan los del grupo PRISA -dueño de los diarios La Razón, Extra, El Nuevo Día, y parte de la cadena ABC, además de numerosos medios en América Latina- que también en nuestro país afila sus navajas contra el presidente boliviano. Hoy en el periódico EL PAÍS podemos leer la noticia de la nacionalización titulada “Morales nacionaliza una petrolera a un día del referéndum”. EL PAÍS viene a decir que el gobierno boliviano, con nocturnidad y alevosía y haciendo una operación propagandística –en plena “jornada de reflexión”-, ha arrebatado a la última petrolera no estatal el control sobre los hidrocarburos. No es casualidad que olviden decir algunas cosas. En primer lugar, que la nacionalización forma parte del mismo proceso que inició el gobierno boliviano el 1 de mayo de 2007, donde se decretó que el Estado debía asumir el control mayoritario de las acciones de varias petroleras, medida que no se cumplió en el caso de Chaco. La nacionalización no es “por sorpresa”. A finales de diciembre pasado, Morales había advertido a esta transnacional que contaban con "horas o días" para plegarse al decreto de nacionalización de los hidrocarburos. "Si no (respetan las normas), como siempre nunca me temblará la mano, nunca temblará la mano de los ministros para tomar decisiones y de esa manera recuperaremos esa empresa", dijo el presidente entonces. En segundo lugar, frente a la visión de un Estado que actúa de forma “delincuente” con el capital extranjero –invitando a que éstos huyan de Bolivia-, la realidad es que el gobierno actúa tomando el control, mayoritario de las acciones (más del 50%) y dejando –bajo las condiciones que legítimamente el gobierno soberano de Bolivia impone- que las empresas multinacionales exploten los hidrocarburos de Bolivia. Tal es el caso del campo petrolífero El Víbora, inaugurado hoy también por Morales, donde YPFB participa en un 50,1% y la española Repsol en un 48,92%. En este sentido, Evo Morales aclaró que la medida estaba provocada por el fracaso en las negociaciones con PanAmerican: "Lamentamos mucho que algunas empresas petroleras no respeten las leyes bolivianas (…) todas las empresas que las respeten tienen garantizada su inversion", insistió. En tercer lugar, estos medios olvidan mencionar lo más importante: que la legítima actuación el gobierno del MAS con los recursos naturales de los bolivianos no es más que la revocación de la Ley de Capitalización de 1994, mediante la cual el gobierno de Carlos Mesa vendió a precio de saldo las inmensas reservas de hidrocarburos del país andino –el más pobre de Sudamérica- al capital extranjero. Pero sobretodo, en EL PAíS no aclaran por qué atacan con esta ferocidad la nacionalización de hoy ni la Constitución de mañana. Pero dejan que otros lo hagan por ellos. Por eso entrevistan al líder autonomista de Santa Cruz, Branko Marinkovic –presentado como “hijo de emigrantes yugoslavos que llegaron a Bolivia en los años cincuenta y crearon una empresa aceitera, (…) vicepresidente del Banco Económico, y [presidente] del Comité Cívico de Santa Cruz”. El PAÍS oculta que Marinkovic –descendiente de los ustachi (fascistas pro-nazis) croatas que huyeron de Yugoslavia- es un miembro de un de las familias más poderosas de la oligarquía cruceña, cuyas intensas conexiones con Washington le han convertido en la cabeza del proyecto de desestabilización Bolivia a través del proyecto secesionista de santa Cruz. Marinkovic explica claramente porqué a su juicio, con esta Constitución “nadie podrá gobernar Bolivia”: “Nosotros no queremos que estas cosas se constitucionalicen. En todo caso, que se aprueben por ley, y que puedan ser modificadas cuando se den cuenta de que no funcionan. Pero así, dentro de la Constitución, para cambiarlas habrá que convocar otro referéndum”. El control nacional y popular de los recursos naturales, las mejoras en las condiciones de vida y trabajo de las masas bolivianas, la soberanía nacional… todo eso quiere ser elevado al máximo rango legal, si así lo decide la gente en Referéndum. Pero no, la oligarquía se horroriza: -“¡cómo va a decidir eso la gente!”- “¡¡si luego queremos echarlo abajo tendremos que someterlo otra vez a referéndum!!”-.Pero Marinkovic tiene razón: efectivamente, la nueva Constitución está hecha para que él y los de su clase –y las multinacionales y Washington- no puedan gobernar más en Bolivia, y “que se cumpla la voluntad de la Pachamama, que da sus frutos para todos”.