SELECCIÓN DE PRENSA NACIONAL

La última feloní­a del desgobierno de España

El gobierno de turno vuelve a cometer una nueva felonía, la enésima, utilizar dinero público para el rescate de unas autopistas en quiebra. De nuevo, la banca y las constructoras ganan; los ciudadanos, perplejos, pierden. El expolio que las élites patrias están haciendo en nuestro país es sinónimo de comportamiento mafioso. Y luego, estos mismos grupos, a través del control y dominio que ejercen sobre los medios de comunicación convencionales, se llenan la boca de consenso. Consenso sí, pero a costas de todos y cada uno de aquellos que nos han llevado hasta aquí.

Según se dio a conocer esta semana, el Gobierno intenta cerrar cuanto antes un acuerdo con las concesionarias y la banca acreedora para rescatar a las autopistas en quiebra. La última propuesta de los ministerios implicados en la negociación, Hacienda y Fomento, establece la creación de una empresa de capital 100% público que aglutine a las nueve carreteras de peaje y su deuda, tras imponer una quita del 50% sobre el pasivo, que asciende a más de 3.900 millones en manos de la banca, y otros 500 millones de las constructoras.

La propuesta del Gobierno no es aceptable. El esquema de creación de las concesionarias de autopistas se hace de tal manera que siempre las constructoras ganan, pase lo que pase. Primero, construyen la autopista y juegan con el precio y presupuesto final que repercuten a las concesionarias, recuerden ustedes como se van inflando los presupuestos de la obra. En una segunda fase, además, participan en el capital de dicha sociedad concesionaria, cuya abultada deuda, recordemos, tiene su origen en el precio que las propias constructoras cobraron a la sociedad concesionaria. Si todo sale bien, y el tráfico es abultado, perfecto. Si sale mal, pelillos a la mar, el Estado responde y sale en mi ayuda, soberbio. Y este es el mecanismo mafioso que ahora se pretende rescatar porque, no nos olvidemos, quien concedió esta deuda fue, como no, nuestro sistema bancario, ese que algunos llamaban el más eficiente del planeta.

La deuda como origen de la crisis

Todo lo que está sucediendo en nuestro país es consecuencia de la falta de asunción de responsabilidades por parte de aquellos que asumieron unos riesgos, de manera que si todo salía bien, perfecto, se forraban y recibían unos bonus astronómicos. Pero si salía mal, nada, erre que erre, ya me rescatarán, vamos que no estaban dispuestos a apechugar con las consecuencias de unos resultados negativos.

La superclase, en definitiva, ha diseñado un mecanismo donde la ciudadanía les acaba rescatando, contando para ello con el inestimable apoyo del brazo ejecutor del gobierno de turno. Además se han basado en los argumentos “técnicos” ofrecidos por una ortodoxia económica, cuyos análisis deberían, sin acritud, depositarse en la basura. No toda la deuda se tiene que pagar y menos la deuda ilegítima.

Y he aquí el nudo gordiano del problema. La mayoría de los análisis que se han hecho a lo largo de la actual crisis sistémica sobre la economía española además de incorrectos están cargados de una profunda ideología. Ahora nos vuelven de nuevo a mentir, no hay ningún proceso de recuperación en ciernes, ni lo habrá, mientras no se reduzca de manera drástica, bien por reestructuración o bien por extinción, nuestro volumen de deuda total. Pero no a costa de los contribuyentes, sino de los acreedores y gerencia correspondiente.

De nuevo volvemos al origen de la crisis, una brutal deuda impagable, y un sistema bancario insolvente, quien fue quien a la postre la expandió, como un virus, a lo largo y ancho de nuestro país. Mientras, quienes deberían haber actuado como vigilantes, los reguladores, miraban para otro lado. Y llevamos así siete años.

Deuda pública ilegítima

En un su momento ya explicamos que urge identificar qué parte de nuestra deuda pública es ilegítima, cómo y por qué se ha generado. Y una vez identificada, proponer como extinguirla. La deuda ilegítima sería aquella deuda contraída por un gobierno, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país. Dicha deuda entonces no tendría por qué ser pagada. Legalmente el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción. Técnicamente se considera deuda ilegítima aquella emitida por las Administraciones Públicas cuyos fondos se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros.

Los cálculos realizados en nuestro país para el período 2008-2013 se aproximarían a los 250.000 millones. No hubiese hecho falta implementar ningún recorte en sanidad, educación, o jubilación, ni haber sometido a la población española al mayor empobrecimiento de los últimos 40 años. En este sentido, han sido los distintos lobbies oligopolistas los grandes beneficiados de estas prácticas –bancario, eléctrico, telecomunicaciones, constructor…- actuando en connivencia con el aparato político.

Ya saben ustedes que de vez en cuando me gusta acabar con algún extracto del memorable discurso que el presidente de los Estados Unidos Frank Delano Roosevelt hizo en plena campaña electoral, a finales de 1938, en el Madison Square Garden. Ahí les dejo uno: «Tuvimos que pelear en contra de los viejos enemigos de la paz, los monopolios financieros y empresariales, la especulación, una banca imprudente, antagonismo de clases, sectarismo… Han llegado a considerar al Gobierno de Estados Unidos simplemente como un apéndice de sus propios asuntos. Ahora sabemos que el gGbierno del dinero organizado es igual de peligroso que un gobierno del crimen organizado». ¿No les recuerda algo a nuestra querida España?

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