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La minería del carbón en toda España, y de forma especial en Asturias lleva 25 años condicionada por la política restrictiva y liquidadora impuesta por la Unión Europea (y ejecutada por los diferentes gobiernos españoles del PSOE y PP).
Los dos últimos planes impuestos desde Bruselas, Plan de la Minería 1998-2005 y el Plan de la Minería 2006-2012, han supuesto para Asturias la destrucción de casi 10.000 empleos directos, 30.000 indirectos y otros 50.000 inducidos. Cuando acabe este año 2012, apenas quedarán 3.000 mineros en las tres cuencas mineras asturianas de Narcea, Caudal y Nalón.
Y sobre el sector pesa la amenaza de cierre en 2018, año en que está fijado el fin de las ayudas públicas al sector de la minería exigido por Bruselas.
Para entonces el sector debe quedar reducido a un pequeño cupo de “reservas estratégicas” para abastecimiento energético.
El fracaso de los Fondos Mineros
Los Fondos Mineros aprobados en los Planes de la Minería han sido un completo fracaso. No han cumplido el papel para el que fueron creados: la reindustrialización de las comarcas mineras y la generación de empleo alternativo.«Los gobiernos de Madrid y autonómicos del PSOE-PP han enterrado 6.500 millones de euros de los Fondos Mineros en proyectos inservibles para regenerar el tejido productivo»
Estamos hablando de casi 6.500 millones de euros (3.120 millones del primer Plan, y 3.330 millones del Plan de 2006-2012) enterrados en proyectos que no han servido para la regeneración económica de las zonas afectadas. La gestión de esos fondos por los gobiernos central y autonómico han puesto más hincapié en garantizar las rentas pasivas (la subvención del cierre de pozos y las prejubilaciones incentivadas impuestas desde Bruselas) y la utilización política de los recursos, que en transformar de verdad las estructuras económicas de las comarcas mineras, generar nuevas industrias y alternativas de empleo y estabilidad a largo plazo.
Como se dice en un documento del Departamento de Sociología, Estadística e Informática de la iglesia asturiana: “La reindustrialización ha sido únicamente imaginaria; la generación de empleo, prácticamente inexistente. Las inversiones en infraestructuras de comunicaciones y parcheos de carreteras, establecimientos hosteleros, polideportivos sin uso, recuperación del medio ambiente, polígonos industriales huérfanos de empresas, propaganda y promoción, están a la vista pero no han conseguido el objetivo buscado. En muchas ocasiones se han utilizado para inversiones que las administraciones debieran haber hecho con sus propios presupuestos”.
Las consecuencias son devastadoras. Las comarcas mineras encabezan el declive demográfico y económico de la región, tienen las tasas más altas de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad, según los estudios de Foessa y el CESIC. Una situación que afecta especialmente a los jóvenes y al colectivo de trabajadores precarios, con contratos temporales, que no han disfrutado de los derechos de prejubilación y recolocación. Situación paliada, sólo en parte, por las prejubilaciones tempranas que han permitido ingresos relativamente elevados durante estos años a miles de familias, actuando como colchón para amortiguar el desierto económico de estas comarcas.
¿Qué medidas para transformar la situación?
1-Rechazo a la fecha de caducidad para 2018 impuesta por la UE. Considerar el carbón como un sector estratégico que, junto con las renovables, garantiza una fuente de energía propia e independiente del petróleo; y mantenerlo dentro del llamado “ Mix energético”…
A pesar de la política liquidadora de las últimas décadas, el carbón sigue ocupando un lugar destacado en el consumo interior bruto de energía primaria (al inicio del Plan actual en 2005 representaba todavía el 14%, tras el49,6% del petróleo y el 19,9% del gas natural), y como fuente de producción de energía eléctrica. El carbón aportaba al inicio del Plan el 28% del consumo total, por el 26% del gas natural, el 19,7% de la energía nuclear, el 17% de las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, y el 8,9% del petróleo.
2-Frente al cierre, la negociación de un nuevo Plan de la Minería Integral, que ponga el acento no en destinar los recursos a subvencionar la liquidación, sino en invertirlos en la economía productiva que cree riqueza nueva y empleo. En torno a dos ejes fundamentales.
El primero, garantizar una reserva estratégica de carbón suficiente para mantener, al menos el nivel actual de producción de energía de esta fuente, continuando la modernización y mecanización de las explotaciones. Renovación y modernización de las centrales térmicas obsoletas, aplicando las nuevas tecnologías de combustión limpia que disminuyen la emisión de CO2. Obligar a las eléctricas a devolver el dinero público entregado a cuenta del llamado “déficit de tarifa” (25.000 millones de euros en el conjunto de España) para invertirlo en introducir las nuevas tecnologías.
El segundo, la regeneración económica de las cuencas mineras, con planes de reindustrialización y desarrollo de nuevas actividades económicas en función de las potencialidades de cada comarca, vinculando a estas nuevas actividades los planes de formación y cualificación de los trabajadores. Todos los recursos -desde los que haya que negociar con la UE, como los derivados del “déficit de tarifa” de las eléctricas o de recuperar la parte correspondiente de los planes de rescate entregados a bancos y cajas que trabajan en la comunidad- han de estar dedicados a estos planes y no a fomentar las subvenciones a la liquidación de la minería del carbón.3-Exigir el pleno cumplimiento del actual Plan de la Minería, frente a los recortes anunciados por el nuevo ministro de Industria de Rajoy. Cumplimiento tanto en la creación de empleo como en el desbloqueo de los 800 millones de los fondos mineros que pretende recortar el gobierno de Rajoy. Poner ya estos 800 millones de euros al servicio de la transformación productiva de las cuencas mineras.
Contra la política depredadora de la PAC y sus consecuencias para Asturias
El sector primario –agricultura, ganadería y pesca- no sólo viene sufriendo un permanente recorte sino que está al borde de la quiebra por las limitaciones y cuotas impuestas por Bruselas y la dependencia de la Política Agraria Común, PAC.
Es un sector estratégico que tiene un papel clave económico y social. Por los productos básicos que aporta tanto al consumo directo como a la industria agroalimentaria. Junto con esta industria genera un 6% de la renta y el empleo de comunidad. Y por su aportación al equilibrio territorial y conservación de los recursos naturales y medio ambiente que son, a su vez, base del turismo que aporta casi el 9% del PIB asturiano.«Fruto de las limitaciones de Bruselas, la dependencia de la PAC y los mercados comunitarios el campo asturiano está al borde de la ruina y el cierre»
Fruto de las limitaciones de Bruselas, la dependencia de la PAC y los mercados comunitarios (gracias a la política de sometimiento a la UE seguida por los gobiernos de PSOE y PP en Madrid y Asturias), a día de hoy, el campo asturiano está “asfixiado”, al borde de la ruina y el cierre. Cada mes cierran 20 explotaciones. La renta agraria ha perdido un 18,5% respecto a 1990. Y desde que estalló la crisis, llevamos cuatro años seguidos de endeudamiento para poder mantener las explotaciones.
Especialmente sangrante es lo ocurrido con el sector lácteo desde la entrada en la UE por la imposición de cuotas. De los 9 millones de toneladas de productos lácteos que consumimos los españoles cada año, los ganaderos tienen la cuota fijada en 6millones. Países como Francia nos venden sus excedentes. Desde 1986 hasta 2004 en Asturias se han destruido 20.000 explotaciones ganaderas, en un proceso de destrucción, concentración, envejecimiento y falta de modernización del sector que lo deja en inferioridad de condiciones ante la liberalización de las cuotas lácteas en 2015, cuando las multinacionales europeas puedan acabar utilizando marcas españolas para introducir sus y hun excedentes y hundir precios.
Sólo una política firme ante Bruselas que se oponga a la PAC actual, que acabe con la comunitario-dependencia y amplíe mercados puede defender los intereses del campo asturiano y el sector primario en su conjunto.