Cargando...«Los ciudadanos europeos no confían en la troika. Y tienen razón. Decisiones fundamentales como el despido de miles de funcionarios no pueden adoptarse a puerta cerrada. Tienen que ser debatidas en el Parlamento Europeo, que ha sido elegido directamente en unas elecciones”. Estas palabras no corresponden a un peligroso izquierdista griego, sino a la que fue comisaria europea, Viviane Reding. Tampoco lo son las que hablan de “falta de control adecuado y responsabilidad democrática de la troika en su conjunto”, sino que pertenecen a un informe del Europarlamento de hace un año.
Así pues, cuando Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas de Syriza, advierte: “No tenemos intención de trabajar con una comisión [la troika] que no tiene razón de existir”, no expresa algo novedoso. En mayo de 2010, en Bruselas, se tomaron algunas de las decisiones que más comprometieron el futuro de la Unión: intervención de derecho de Grecia, intervención de facto de España (aquellas medidas que supusieron el principio del fin de Zapatero), la creación del primer fondo de rescate europeo para países en dificultades; y la formación de la troika, para verificar que los países del euro que solicitasen un rescate apliquen recortes presupuestarios y reformas económicas. Creada por los jefes de Gobierno del Eurogrupo, la componían la CE, el BCE y el FMI, tres instituciones muy heterogéneas, con responsabilidades, estructuras de poder y dosis de transparencia muy diferentes.
Hace un año el Parlamento Europeo, a través de sus comisiones de Economía y Empleo, hizo una especie de auditoría a la labor de los antipáticos hombres de negro de la troika. Aunque diplomáticamente dio una de cal y otra de arena, allí se escucharon críticas para las políticas de talla única utilizadas en países tan disímiles como Grecia, Portugal, Irlanda o Chipre (no se lograron adaptar las medidas impuestas a las circunstancias particulares de cada país), o las del entonces eurodiputado español, Alejandro Cercas, que manifestaba que los cuatro países intervenidos necesitaban planes de recuperación del empleo y de protección social (lo que ahora, un año después, pretende activar Alexis Tsipras) y que los programas de ajuste no debían servir para debilitar los acuerdos colectivos suscritos por los interlocutores (lo que ha hecho España con la reforma laboral), ni para recortar o congelar los salarios mínimos ni los sistemas de pensiones (poniendo a algunos por debajo del umbral de pobreza), ni para dificultar el acceso a la atención sanitaria, a las medicinas o a una vivienda asequible.
El contenido de sus políticas unidireccionales, su opacidad (no se tiene acceso directo a las actas de sus reuniones, entre sí o con los países afectados), su desdén por la opinión pública han convertido a la troika en una especie de Cerbero, ese monstruo de tres cabezas que pertenece a la mitología griega, y que aseguraba que los muertos no salieran de la cueva y que los vivos no pudieran entrar.