Cargando...Desde el año 2006, las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo han ido aumentando progresivamente la cantidad de condenas logradas, casi duplicándose en el 2007, respecto al año anterior, y en aumento, que todavía ha de corroborarse, en el 2008. ¿Es que la justicia empieza asumir el verde, o es que la presión popular ha ido destapando el entramado burocrático de intereses que envuelve a este tipo de agresiones medioambientales? La respuesta está dada.
El Tribunal Suerior de Justicia de Canaria suspendió de forma indefinida las obras del puerto de Granadilla – en Tenerife, más de 300 millones de inversión prevista – para preservar un alga protegida. El oso pardo paró la estación de esquí de San Glorio; el hotel del Algarrobico es ilegal y el juez considera que la Junta manipuló los planos de un parque natural para permitirlo; uno de los mayores proyectos eólicos fue anulado por estar en zona de urogallo; la cigüeña negra impidió la urbanización en Las Navas del Marqués, y un ex consejero de Murcia fue detenido el miércoles por la recalificación de una zona con águila perdicera y tortuga mora. – recopilación de El País a 6 de marzo -.El entramado es extenso y se ha tejido en torno a las castas burocráticas “autonómicas”, con redes provinciales y municipales. Al amparo del Estado Autonómico los bolsillos de unos pocos – depende de con que se compare, claro – se han llenado a espuertas. Sin duda la crisis ha debilitado la capacidad de estas castas de imponer sus proyectos, pero la presión popular y de multitud de organizaciones ecologistas como “Ecologistas en Acción” ha sido determinante.En este movimiento se han sumado no solo cantidad de ciudadanos, sino sobre todo cientos de profesionales que han entregado miles de horas a la persecución de loa atentados contra el medioambiente sobre la única base del beneficio rápido y exorbitado a costa de cualquier cosa. El disparate ha alcanzado tales límites que en el afán de legislar para “cubrirse las espaldas” y el expediente “ecologista” genera ahora una cantidad de contradicciones que no hacen más que mostrar lo sangrante del expolio medioambientalUn tribunal canario estimó la petición de los ecologistas de Ben Magec, que denunciaron que la Consejería de Medio Ambiente vulneró su propio decreto al descatalogar una pradera submarina frente el puerto. Este decreto, de 2001, obliga a aportar razones científicas para descatalogar cualquier especie protegida. Pero la desprotección se hizo efectiva con el único objetivo de construir el puerto de contenedores, con el que Canarias quería convertirse en puente entre Europa, África y América.Como explica el catedrático de Derecho Administrativo de León Carlos González Antón: "Se declaran Zonas de Protección para las Aves y Lugares de Interés Comunitario y creen que eso sólo sirve para ponerlo en un mapa. Se enorgullecen de la cantidad de espacios protegidos que tienen y luego intentan saltárselo".Sin embargo “hecha la ley, hecha la trampa”: La Junta de Castilla y León ha copiado una estrategia que ya siguieron Murcia o Baleares y ha comenzado a aprobar por ley sus grandes proyectos. Así consigue que sólo el Constitucional los pueda anular.