La sanidad privatizada: el calcetín reversible

La Comunidad valenciana, allá por el 2000, tuvo el sospechoso honor de ser pionera en la implantación del modelo de privatización de la sanidad pública y también lo será en su desmantelamiento.

La Comunidad valenciana, allá por el 2000, tuvo el sospechoso honor de ser pionera en la implantación del modelo de privatización de la sanidad pública y también lo será en su desmantelamiento. Modelo que se extendió untuosamente al resto de comunidades y cuyo antecedente ideológico fue el famoso informe Abril Martorell de 1991. Este informe dio paso a la Ley 15/1997, de 25 de abril, de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de salud aprobada cuando el PP gobernaba en minoría y apoyada, consentida y votada junto con un PSOE que hoy renueva un pasado que porfía pero que a pocos engaña. La citada norma introdujo la posibilidad de que los servicios sanitarios fuesen prestados por instituciones jurídicas distintas al propio Estado.

Así del concepto de asistencia pública, universal y gratuita -que daba prioridad a las personas por encima de cualquier consideración- se pasó a un modelo sanitario regido por criterios financieros y especulativos en los que la salud se contempló como un negocio más apuntalado, con honrosas excepciones, por los citados partidos allá donde gobernaron y gobiernan oponiéndose a todas las peticiones para su derogación y defendiendo las medidas de apoyo a la sanidad privada con fondos públicos y el sometimiento a las compañías aseguradoras y mutuas privadas.

Este modelo de gestión se implantó en primer lugar en el Hospital de la Ribera de Alzira y posteriormente, con más o menos presencia e intensidad, en el resto de comunidades. Sistema en el que se cede suelo público a la empresa que construye el hospital y se le paga con fondos públicos un alquiler anual por su gestión más un montante derivado de la cantidad de pacientes atendidos.

En 2018 termina la concesión y la Consellería de Sanitat Universal se dispone a recuperar dicho hospital para el sector público valenciano. Esperemos que tal reversión sea el heraldo que anuncie una nueva época en el resto de nuestro territorio. La red sanitaria nacional, debe ser compromiso inexcusable de cualquier acción de progreso que se pueda implementar en España pues los distintos gobiernos del PP han hecho, en ese sentido, un gran y nefasto banco de pruebas de la gestión privada de la sanidad. Los resultados, allá donde se ha impuesto este modelo (dentro y fuera de nuestras fronteras), siempre destacan peores indicadores de calidad en el servicio que ofrecen frente a los sistemas no lucrativos. Hecho recalcado por la Organización Mundial de la Salud en su Informe del Estado de la Salud de 2006 y varios informes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El su último informe (2014) esta asociación pone de manifiesto la enorme diferencia entre comunidades autónomas y la inevitable desigualdad en el acceso a la protección de la salud que este modelo ocasiona. Diferencias de 36 puntos, sobre un máximo de 82, que siguen evidenciando no solo una gran dishomogeneidad en los servicios sanitarios sino su aumento progresivo poniendo en peligro la ineludible cohesión y equidad entre territorios, aumentando la desigualdad” entre las comunidades, reforzando la falta de cohesión del sistema nacional de salud y permitiendo y alentando la ausencia de transparencia en las administraciones.

Esta política de recortes sanitarios ha tenido diferentes impactos según qué comunidad atendamos pues, afectando a todas, diferentes han sido los intereses de sus gobernantes por preservar la Sanidad Pública, existiendo algunos que han hecho una política menos agresiva contra sus sistemas sanitarios. Madrid, Cataluña, Baleares y Galicia ocupan los puestos con mayor grado de privatización. Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cantabria se sitúan en el polo opuesto, pero todas, en definitiva, han aumentado progresivamente la privatización. Sin embargo es irrelevante el grado de infiltración de este tipo de sanidad: hay pruebas inequívocas de que las privatizaciones suponen un sobrecoste de entre 7 y 9 veces sin mejorar la calidad de la atención (en muchos casos incluso la empeoran) y que la opinión de los ciudadanos sobre la misma es cada vez peor. A lo anterior se suma la reducción de las prestaciones, los planes de productividad y coste/beneficio alejados de la realidad, la creación de espacios reducidos para los servicios públicos, la externalización de servicios complementarios (limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería, laboratorios, ambulancias, etc) y la potenciación de zonas comerciales. Y añadiría el descontento de los profesionales sanitarios personificados en las mareas blancas por todo el territorio alegando discrecionalidad en la adjudicación de plazas, alta presión en el desarrollo de su labor, nulo desarrollo profesional y exceso de relaciones basadas en el autoritarismo y la imposición testicular.

El sistema sanitario español está arrodillado ante el poder de las grandes empresas del sector de los seguros y farmacéuticas. Estas empresas se han enriquecido a costa de la gran mayoría de los españoles y es por tanto prioritario defender una sanidad exclusivamente pública, tanto en la financiación como en la titularidad y la gestión, universal, integral, sin copagos y que, basada en criterios científicos y ajenos a ningún ánimo de lucro dirija sus acciones a la verdadera protección, promoción y restauración de la salud individual y colectiva.

La batalla está servida: privatizar la sanidad siempre ha sido objeto de un deseo insano. Ya es hora de darle la vuelta a ese incómodo calcetín.

Adrián Martínez

Médico y profesor de ciclos sanitarios

Tiene 59 años (Alicante). Médico y profesor de Salud ambiental en el CIPFP Canastell San Vicente del Raspeig. Activista medioambiental y columnista en la prensa alicantina.