La salida de la crisis 10 años después

La precariedad, los bajos salarios, la rebaja del poder adquisitivo de las pensiones y los recortes son los rasgos dominantes y cronificados del nuevo mercado laboral y el devaluado Estado de Bienestar.

Crónico. Según el diccionario de uso del español María Moliner, “se aplica a los males o vicios que no son nuevos ni momentáneos” y “particularmente a las enfermedades” que están muy arraigadas y que se padecen a lo largo de mucho tiempo. Pueden durar muchos años o incluso toda la vida”.

Cronificarse, cronificación: “hacerse crónico algo”.

Pues bien, esto es lo que está ocurriendo con la recuperación y la salida de la crisis diez años después de su estallido….

La recuperación económica y el retorno de las altas tasas de beneficios para bancos y monopolios se están produciendo sobre la cronificación del empleo precario, los bajos sueldos, la rebaja del poder adquisitivo de las pensiones y los recortes sociales.

Y en este caso no son problemas caídos del cielo o fruto de la mala suerte o catátrofe natural sino buscados y conseguidos por las políticas de ajustes y recortes y las reformas dictadas desde los organismos internacionales, el FMI dirigido desde Washington y la Unión Europea dirigida desde Berlín. Y ejecutados por la clase política gobernante.

Diez años después del estallido de las hipotecas subprime en Estados Unidos en septiembre de 2017, tanto la Unión Europea como el gobierno de Rajoy dan por cerrada oficialmente la crisis.

Rajoy habla de recuperación y salida de la crisis poniendo sobre la mesa los resultados macroeconómicos. La economía crece al 3%, se crea empleo, aumenta la afiliación a la Seguridad Social y el paro baja al 16,5%. Y las empresas, especialmente bancos y monopolios recuperan las altas tasas de beneficios que tenían antes de la crisis.

Pero hay otro mundo paralelo en el que ya nada es igual. En el que la precariedad en el empleo, los bajos salarios y la rebaja del poder adquisitivo de las pensiones, el recorte de la sanidad, la educación y en las prestaciones sociales son los rasgos dominantes, no pasajeros sino crónificados, del nuevo mercado laboral y el devaluado Estado de Bienestar.

El gobierno en minoría sube el Salario Mínimo (SMI) apenas 28 euros al mes empujado por la presión de una mayoría social progresista que ha cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento. Una subida a todas luces insuficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, porque afecta a un número muy reducido de trabajadores y porque el gobierno mantiene congelado desde hace 12 años el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en 537,8 euros, muy por debajo del SMI y que es el que determina las ayudas sociales.

Lo que realmente funciona es la rebaja salarial generalizada en el mercado laboral.

Más de la mitad de los trabajadores tiene el sueldo congelado o rebajado desde hace diez años. El 47% cobra menos de 1.000 euros al mes. Y 4,3 millones de trabajadores con contratos temporales cobran un 33% menos que los indefinidos. El 60% son jóvenes o mujeres.

La revalorización de las pensiones con la aplicación del 0,25% es tán ridícula que de hecho es una rebaja encubierta. El año pasado los precios subieron una media del 2%, por lo que cada pensionista sufrió una rebaja de 281 euros de media del poder adquisitivo de su pensión.

Además el gobierno no sólo ha liquidado la “hucha de las pensiones”, sino que ahora está endeudando a la Seguridad Social recurriendo a préstamos del Estado para poder pagar las extras de verano y Navidad. Este año serán 15.000 millones más de deuda que se suman a los 10.000 del año pasado. En total 25.000 millones de deuda de la SS que empiezan suponer un serio peligro para el sistema público de pensiones.

El gobierno consigue un cierto apoyo social con la creación de empleo. El paro ha bajado al 16,5% y hay más de 600.000 nuevos inscritos en la seguridad social este año. Pero el empleo que se crea es precario y de baja calidad. De los 21,5 millones de contratos firmados en 2017, 20 millones fueron temporales y casi 7 a tiempo parcial, lo que da una idea de la rotación en diferentes puestos de trabajo a la que están sometidos más de 4,3 millones de trabajadores que encadenan contratos de días, semanas o meses con incursiones al paro, y consecuencias dramáticas: para sus salarios, un 33% menores que los empleos fijos, y el futuro de sus pensiones.

La precariedad laboral y los bajos salarios son las crónicas señas de identidad del nuevo mercado laboral creado por una reforma laboral diseñada con ese objetivo.

Pero si los beneficios de una economía que lleva tres años creciendo al 3% y crea una riqueza anual superior a 1,1 billones de euros no llegan a la mayoría de la población ¿quién se los está llevando? ¿Quién se está beneficiando de esta recuperación económica? ¿Quién está saliendo realmente de la crisis?

Sí hay un mundo, el de las grandes empresas, bancos y monopolios y sus accionistas privilegiados y altos ejecutivos, donde la salida de la crisis, diez años después, ha supuesto la vuelta a uno de sus pilares fundamentales: las altas tasas de beneficios anteriores a la crisis.

Ellos han cerrado 2017 como su mejor año desde 2013, sus beneficios se han disparado en 2017 hasta los 44.300 millones de euros, un 23% más que en 2016. La mitad de esos beneficios se los llevan el Santander, el BBVA, Inditex, Iberdrola y Telefónica. El capital extranjero que controla el 43,5% de las acciones, se lleva su parte del león:casi 20.000 millones de euros. Y se dan, un año más un festín de beneficios, repartirán a sus accionistas, entre ellos a las principales familias oligárquicas del país casi 40.000 millones de euros.

El Santander, buque insignia de la banca, repartirá el premio gordo, 3.700 millones. Y Endesa, garantiza los beneficios más altos por acción al 70% de sus accionistas extranjeros italianos, ejemplo de quién se está llevando casi la mitad de lo que nos saquean los monopolios que controlan los servicios básicos del país (luz, gasolinas, agua…).

Frente a esta situación solo hay un camino: la redistribución de la riqueza. Nuestro país necesita un gobierno de la mayoría social progresista que aplique un programa de políticas redistributivas de la riqueza.

Que redistribuya los salarios para que nadie cobre un mínimo de 1.000 euros netos al mes, imponiendo un salario máximo limitado a 10.00 euros mensuales, y 5.000 para los políticos y altos cargos de la administración.

Que garantice el poder adquisitivo de las pensiones y las blinde en la constitución para que ningún gobierno las recorte no privatice.

Que haga una reforma fiscal progresiva que elimine los privilegios fiscales de bancos, monopolios y grandes fortunas, y persiga el fraude y la evasión fiscal, para que paguen más los que más ganan y más riqueza acumulan. Garantizando de esta forma recursos suficientes para aplicar políticas rdistributivas de la riqueza.

Que apueste por la economía productiva y la reindustrialización en base a un nuevo modelo productivo basado en las nuevas energías, la investigación científica y las nuevas tecnologías, recuperando el dinero de los rescates bancarios entregados a los cuatro grandes bancos, para crear un gran fondo -base de un gran banco público- de desarrollo, reindustrilaización y empleo de calidad.

Hay una mayoría social progresista que lo está exigiendo. El reto es convertirla en voluntad política para hacerlo.