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Lula se propone retomar las señas de identidad de sus dos mandatos (2003 – 2010) al frente de Brasil: políticas de redistribución de la riqueza que tengan como prioridad las necesidades de las clases trabajadoras y empobrecidas, el desarrollo vía inversión pública y reindustrialización, y una política exterior soberana, que retome la alianza con los gobiernos progresistas de América Latina y con los BRICS.
Lula vuelve a la presidencia de Brasil tras una década en la que los gobiernos de Temer y Bolsonaro han hecho retroceder enormemente los indicadores socioeconómicos. De los 214 millones de habitantes de Brasil, más de 33 millones (el 15%) pasan hambre y 9,9 millones están desempleados. Esta será la prioridad del nuevo gobierno del PT, que se ha fijado como objetivo sacar a 36 millones de la extrema pobreza.
Una de los lemas más repetidos en campaña por Lula ha sido «poner al pueblo en el presupuesto». El PT eliminará el techo de gasto introducido en la Constitución tras el impeachment a Dilma en 2016, y lanzará ambiciosas políticas públicas… financiadas por la redistribución de la riqueza. Implantando una reforma tributaria para que -en palabras de Lula- «los pobres paguen menos y los ricos paguen más». Al tiempo que dejará exentos del Impuesto de la Renta a los que ganen menos de cinco salarios mínimos, unos 1.130 dólares mensuales, incrementará notablemente la presión fiscal a grandes fortunas y grandes empresas, redoblando la persecución de la evasión tributaria.
Frente a una inflación que devora las rentas de los trabajadores, el PT se ha comprometido a subir el salario mínimo un 70% por encima del IPC. Creará un nuevo marco legal para extender los derechos laborales a los sectores más desprotegidos. Intervendrá en los precios de los alimentos y los productos agrícolas y «brasileanizará» los precios del combustible de acorde a los «costos nacionales». Y ha preparado un ambicioso plan para reindustrializar el país, al mismo tiempo que revertirá las privatizaciones de empresas públicas o semipúblicas -como Correos o Eletrobras- que estaba impulsando Bolsonaro.
En cuanto a políticas sociales, Lula va a retomar los programas que sacaron a 30 millones de personas de la pobreza en sus dos legislaturas. Complementará con 150 reales la ayuda que se da actualmente por hijo, y se ha marcado como objetivo crear una renta básica universal para los brasileños. Otro eje será la promoción de las minorías, en un país donde el clasismo y el racismo tienen hondas raíces. Para los afrodescendientes, Lula garantizará las cuotas raciales en la educación superior y las oposiciones gubernamentales.
Además, el nuevo gobierno blindará la posesión de la tierra en manos de indígenas y quilombolas, protegiéndolos frente a las agresiones de terratenientes y multinacionales deforestadoras. En el plano medioambiental, Lula dará un giro radical respecto a un Bolsonaro que ha dado patente de corso a las actividades que esquilman y queman la Amazonia, y ha anunciado un combate «implacable» a la destrucción del pulmón del planeta, además de anunciar que Brasil se sumará a la transición ecológica y a la reducción de emisiones contaminantes contempladas en el Acuerdo de París.
En política internacional, Lula ha anunciado que Brasil volverá a ser motor de la integración iberoamericana -incluyendo fortalecer “nuevamente” Mercosur o Unasur- y que buscará la promoción de relaciones comerciales «sur-sur» basadas en el mutuo beneficio, con todos los países hermanos del continente, así como con África. Asimismo, en el plano global Brasil buscará un nuevo impulso de los BRICS y la búsqueda de un nuevo orden mundial multilateral y opuesto a la hegemonía.