Cargando...El presidente del Consejo de dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Eduardo Bautista, ha propuesto que sean las compañías telefónicas y de acceso a Internet quienes paguen parte de los derechos de autor de las descargas que hacen los ciudadanos que disfrutan de sus servicios: una especie del «cobrador del frac» pero de voracidad monopolista.
"Las comañías telefónicas son las que saben cuál es el uso de nuestro repertorio que hacen los usuarios y sería lógico que fueran también las encargadas de cobrarles una tarifa pactada por los derechos de autor", dijo Bautista.De entrada los operadores de telecomunicaciones han dado una negativa rotunda y sin paliativos, por considerar que se trata de “un peaje indiscriminado, otro canon más”. Lo que si es para poner el grito en el cielo es que el presidente del Consejo de dirección de la SGAE haya propuesto que sean los monopolios los que se encarguen de cobrar “otro canon más” – con la “seguridad y eficiencia” en el cobro que lógicamente proporcionan – y que ante esto los monopolios aparezcan como los defensores del usuario que se niegan a “controlar a nuestros clientes”. La alternativa de Bautista pasa por estipular la cuantía del canon de acuerdo al valor real del repertorio que las compañías gestionan.El pasado año y pese a la “ofensiva” inquisitorial desplegada por la SGAE, los ingresos sociales de la SGAE cayeron un 11,5%, hasta los 334 millones de euros. Teniendo en cuenta que el 60% de los internautas se descargan material audiovisual y que las descargas han aumentado un 600% en los últimos cuatro años… el pastel no puede ser más suculento y codiciado.Para más inri Eduardo Bautista ha sugerido que aplicar la medida de desconectar Internet a los usuarios que reincidan en las descargas “ilegales” es totalmente válida. Todo sin dejar de argumentar que los esfuerzos tienen que ir dirigidos a que a autores y editores “les siga siendo rentable crear”. Teniendo en cuenta que las compañías productoras se llevan más del 90% de beneficios de la obra de un artista o escritor, no es difícil responder a esta afirmación.Mientras, el Juzgado de lo Penal 1 de Logroño condenó a un internauta de 22 años a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 4.900 euros por lucrarse con una página web a través de la cual ofrecía descargas de películas y videojuegos con copyright. Los beneficios los obtenía de la publicidad, no de cobrar por las descargas.Hasta dónde ha llegado la nueva burguesía cultural que se presenta ennegrecida ante los monopolios y reclama sus servicios para obtener la parte del pastel que le corresponde y que ansía como una rapiña ante el “apretón” de la crisis.