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Con 63 de cada 100 euros invertidos en el sector de la construcción, Caja Castilla La Macha (CCM) se perfila como la primera institución financiera condenada a caer en la insolvencia por las particulares subprime españolas. La suspensión de pagos de su participada DHO -la décima mayor constructora de España- le ha dado la puntilla final. El PSOE, que rige los destinos de la Caja desde hace 30 años, busca ahora desesperadamente una fusión para evitar la quiebra.
Se veía venir, or más que han estado tratando de ocultarlo desde hace más de un año. Ya a finales de enero de 2008, una serie de informaciones y rumores desataron una oleada de pánico que llevó a miles de personas a retirar sus ahorros de la caja manchega. Sucesivas declaraciones de altos ejecutivos de la misma caja y dirigentes políticos regionales consiguieron devolver la tranquilidad a los ahorradores. Pero no la solvencia a la caja. El problema al que se enfrenta CCM no es exclusivo de ella, aunque su caso es extremo. CCM tiene prestado dinero al núcleo duro de accionistas de Colonial, inmobiliaria que ha tenido que ser absorbida por la Caixa para evitar su suspensión de pagos. Es socia relevante de Parquesol, de la que posee el 10 por ciento del capital, otra inmobiliaria en la cuerda floja. Participaba con un 3 por ciento en Astroc, la inmobiliaria valenciana cuyos títulos pasaron de valer más de 70 euros a menos de 70 céntimos en apenas unas semanas. Ha quedado atrapada en la suspensión de pagos de la inmobiliaria Tremón, declarada insolvente con una deuda cercana a los 1.000 millones de euros. Y ha estado inmersa en la sangrientabatalla por el control de Metrovacesa, otra de las grandes inmobiliarias nacionales arrasadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria. La situación de insolvencia de la Caja ha llegado al parecer a tal extremo, que el Banco de España avisó recientemente al PSOE que o buscaba urgentemente, en los próximos meses o semanas, una solución para CCM, o se vería obligado a tener que intervenirla antes del verano. Ante el aviso, el secretario federal de Economía y Empleo del PSOE se ha dedicado durante las últimas semanas a buscar una caja capaz de absorber a CCM y enjugar su pérdidas. Tras infructuosas negociaciones con Ibercaja, parece que será finalmente la malagueña Unicaja la que lo haga, contando con las correspondientes ayudas del Banco de España, por la vía del Fondo de Garantía de Depósitos. La caída de Caja Castilla La Mancha puede ser el inicio de un movimiento de tipo fichas de dominó. Ya lo advirtió el director general de La Caixa hace unas semanas: “en España también tenemos subprime y esto no se puede negar. La única diferencia es que, al no titulizar y hacer hipotecas tradicionales, tenemos un colchón de un año más o menos de retraso frente a lo que pasa en otros países, aunque vamos camino de lo que ha pasado en el resto de Europa y los Estados Unidos”. En Cataluña empiezan a diseñarse movimientos en la misma dirección, con la Caixa Catalunya de Narcis Serra en el centro de todas las combinaciones. Y Caja Astur y Caja España reconocen haber iniciado conversaciones para una posible fusión. Una posibilidad –la de fusión de cajas de distintos territorios– que hasta ahora la ley no permitía, pero que fue desbloqueada inmediatamente después de la primera reunión de Zapatero con los banqueros. Aunque de ella sólo salieron palabras de elogio hacia el sistema financiero español (además del regalo de los 250.000 millones de euros), la realidad es que todos los allí presentes eran perfectamente conscientes del riesgo de colapso más o menos inminente al que se enfrentaba el sistema bancario. Y es que durante los últimos 15 años, las cajas han contribuido decisivamente al boom inmobiliario, favoreciendo el surgimiento de unas oligarquías regionales del ladrillo íntimamente ligadas a las castas políticas burocráticas regionales. Por ello, justamente, son las entidades financieras más atrapadas ahora por el estallido de la burbuja inmobiliaria, porque hacia allí es hacia dónde han dirigido gran parte del ahorro nacional. La quiebra de Caja Castilla La Mancha ha puesto sobre el tapete la necesidad, cada vez más urgente, de convertir a la Cajas de Ahorro, que representan el 51% del sistema financiero español en un instrumento financiero público, dirigido por el gobierno central y controlado y supervisado por los impositores, sus verdaderos dueños. Y que todos sus ingentes recursos se destinen a la creación de riqueza y empleo, y no al ladrillo o a la megalomanía de las castas burocráticas regionales como ha venido ocurriendo todos estos años.