Cargando...Escribí hace seis años en un artículo titulado “La dialéctica centroperiferia” que la dialéctica política dominante en la España del futuro no estaría en la contraposición derecha-izquierda, ni en el antagonismo entre el nacionalismo español de matriz castellana y los nacionalismos periféricos, sino que se centraría progresivamente en la contraposición de intereses entre el centro –el Gran Madrid– y las comunidades de la periferia, es decir, no sólo las comunidades históricas con una identidad diferenciada, sino también las comunidades emergentes.
Me reitero en ello. Hará cosa de un año, acudí a Madrid para dar una conferencia sobre el tema de los temas, en el que defendí mi tesis habitual: federalismo o autodeterminación, la misma que sostengo desde hace casi diez años. Uno de los asistentes me dijo al terminar, no sin una punta de condescendiente displicencia, que mi discurso era antiguo, sobado, pues hablaba de naciones y soberanía. “No es así –respondí–; ni una vez he hablado de nación. He dicho que Catalunya es una comunidad humana con conciencia clara de poseer una personalidad histórica diferenciada, y voluntad firme de proyectar esta personalidad hacia el futuro mediante su autogobierno. Si usted quiere llamarla nación, llámeselo y, si no quiere, no se lo llame, pero los hechos serán los mismos. Y tampoco he usado la palabra soberanía. Yo no he venido a hablar ni de nación ni de soberanía. He venido a hablar de poder; de si España se articula como una pirámide cuyo vértice se halla en Madrid y está integrado por unos pocos miles de personas, entre las que quizá estén algunos de ustedes, o bien se conforma como una red con diversos nudos que participan de manera efectiva en la adopción de las decisiones que a todos afectan”.
No existe, por tanto, el problema catalán. Existe el problema español de la estructura territorial del Estado, que aflora cada vez que España recupera la libertad y cuya manifestación más patológica es la concentración de poder en una casta que lleva siglos asentada sobre el Estado, al que usufructúa en beneficio propio por considerarlo una propiedad privada, cuando no una sociedad de socorros mutuos. Esta afirmación puede parecer carente de contenido real, pero se confirma cuando se observa la estructura económica del conglomerado central al que conocemos como Madrid. Se trata de una estructura en la que tienen un peso determinante las compañías reguladas, cuyo negocio está ligado al BOE y a las concesiones. Por el contrario, son muchas las compañías industriales que han nacido y se han desarrollado en la periferia y que no dependen de un modo directo del poder para el desarrollo de su actividad. Hará un mes, después de hablar de todo ello con Luis Conde, recibí un correo en el que este me decía lo siguiente: “Te doy una treintena de empresas privadas no multinacionales, no reguladas y periféricas. La mayoría cotizando. Todas con más de 500 millones de facturación. Es sólo una muestra. Las reguladas para mí son: banca, energía, construcción, telecomunicaciones y dejo fuera medios de comunicación por razones obvias”. Y sigue la lista de las treinta, que va desde Inditex a Tubacex, pasando por Grifols, Almirall, Fluidra, Abengoa, Mango, Mercadona, Miquel & Costas, Agrolimen, Porcelanosa, Pozo, Cirsa, Werfen, Celsa, Puig, Cobega y Tempe, entre otras.
Es evidente que la realidad que reflejan estos datos es la de una España en la que el dinamismo económico de la periferia es muy grande, tanto como su peso en el conjunto de la economía española. En consecuencia, la reivindicación por las comunidades periféricas –iniciada por las que tienen una personalidad histórica diferenciada– de una mayor participación efectiva en la adopción de las grandes decisiones que las afectan (régimen fiscal, infraestructuras…) será cada día mayor. España no es ni puede ser un conjunto de provincias pastoreadas desde Madrid con criterios de un centralismo definitivamente caduco, por mucho que se lo quiera recuperar con el pretexto de una reforma administrativa que reduzca los costes y aumente la eficacia.
El Estado unitario y centralista nunca llegó a cuajar plenamente en España. De ahí que la estructuración del poder sea aún una asignatura pendiente. Lo que, en los tiempos que corren, alarma al empresariado, más pendiente siempre de la estabilidad de los procesos que de su desenlace. De ahí que los empresarios intenten tender puentes entre las partes enfrentadas, con la pretensión, más que de influir en la resolución del conflicto, de evitar que un desarrollo traumático de los acontecimientos debilite la seguridad jurídica. Porque los empresarios saben que hay progreso económico porque hay mercado, y que hay mercado porque hay seguridad jurídica. De ahí que también sean siempre partidarios de hablar para intentar llegar a un acuerdo. Aunque sea un apaño, porque, como se dice en Catalunya, “qui dia passa any empeny”. Y además, suceda lo que suceda, seguiremos estando todos en la misma península: la península inevitable.