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El virus como tal puede afectar a cualquier persona, pero la “pandemia sanitaria” tiene mucha más incidencia en los sectores más empobrecidos de la población y la “pandemia económica” tampoco afecta a todos por igual, descansa sobre las clases populares que sufren sus consecuencias y cambios estructurales con especial dureza en el mundo y en España. Es una “pandemia de clase”.
Los datos de la EPA del primer trimestre, que incluían el mes de marzo y los primeros quince días de confinamiento, alertaban ya de lo que se venía encima: una pérdida de 286.000 ocupados, una subida del paro hasta el 14,41% con 3,3 millones. Y más de 1.073.000 hogares con todos sus miembros en paro.
El desplome histórico del PIB, con una caída del 5,2% en el primer trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística, es el mayor desplome trimestral de toda la serie histórica del INE que arranca de 1970.
Y el paro registrado de los dos últimos meses, marzo y abril, nos dejan 600.000 parados más que a principios de marzo. El hundimiento de afiliados a la Seguridad Social, con casi 1 millón de afiliados menos. Y un total de 3,9 millones de parados registrados en los servicios de empleo. Un dato que no recoge como parados los casi 4 millones de trabajadores sometidos a un ERTE a finales de abril.
Las principales consecuencias de esta crisis.
La clase obrera y el pueblo trabajador son quienes más, y más directamente, van a sufrir las consecuencias con una brutal rebaja de sus rentas salariales, aumento del empobrecimiento y la precariedad.
El paro y la rebaja salarial van a volver a ser los dos mecanismos principales para volver a implantar una nueva rebaja de los salarios y las rentas de las clases trabajadoras.
En primer lugar para los 4 millones de trabajadores afectados por los ERTE, que solo están cobrando el 70% de su salario. Una rebaja del 30%.
La patronal ha aprovechado esta crisis para paralizar las negociaciones para cualquier modificación de la reforma laboral, por lo que se mantienen los mecanismos de la crisis anterior que permitieron una rebaja general del 25% de los salarios: la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales; y la barra libre para las subcontratas, y el subempleo temporal y por horas o días, y los falsos autónomos.
Los sindicatos han denunciado este 1º de Mayo cómo los trabajadores de la Sanidad (como personal auxiliar o de limpieza y contratados temporales y a tiempo parcial), trabajadores de la alimentación y la agricultura, de los supermercados o repartidores -aplaudidos en los balcones de toda España- están sometidos a condiciones de extrema precariedad.
A ellos hay que sumar los trabajadores del turismo y la hostelería, empleados de comercio o las empleadas de hogar… Sectores ya de por sí mal pagados, con sueldos en el límite del Salario Mínimo (950 euros brutos) que se quedan por debajo de los 900 euros en la nómina. Con contratos temporales, a tiempo parcial, estacionales o como “falsos autónomos” que afectan a más de 7 millones de trabajadores. Y en gran parte “feminizados” y ocupados por trabajadores/as jóvenes.
La presión creciente para que el gobierno acepte acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y solicite el rescate vuelve a colocar a las pensiones en la diana y a los pensionistas como uno de los sectores que volverían a sufrir más los recortes.
El diario ABC, en un artículo a favor del rescate, situaba la nómina con la extra de junio de los pensionistas como una de las “facturas ordinarias”que contribuyen a mantener la caja del dinero público vacía y hacer insostenible el pago de la factura de la crisis económica derivada del coronavirus.
El FMI, la Comisión Europea, el Banco de España, los servicios económicos de la Banca, las aseguradoras y los fondos extranjeros y el PP entre las fuerzas políticas han venido exigiendo que las pensiones no se revaloricen con el IPC y que se mantenga la reforma de Rajoy, que se aplique el índice del 0,25% y se mantenga el factor de sostenibilidad que recortará la cuantía de las pensiones futuras de acuerdo al aumento de la esperanza de vida.
Si finalmente España pidiera el rescate acudiendo al MEDE la congelación de las pensiones sería, casi con total seguridad, una de las consecuencias más inmediatas.
Según los sindicatos y las organizaciones de autónomos y pymes, muchos autónomos y pymes no volverán a abrir sus puertas cuando se levante el estado de alarma. Otras tendrán que reducir trabajadores. Y quienes continúen la actividad lo harán en condiciones más precarias: con una actividad reducida y endeudados con los préstamos ICO…
Cepyme calcula que 500.000 autónomos y pymes tendrán que cerrar, y 4 de cada 10 pymes (el 37%) reducirán la plantilla. Estaríamos hablando de 2 millones de empleos de autónomos y asalariados arrasados antes de que acabe este año. Y otros 4,5 millones aún más precarios, endeudados y empobrecidos.
Los datos que reflejan la profundidad de la “pandemia económica” son demoledores, y ponen de manifiesto que estamos ante una crisis no conocida desde la Guerra Civil.