Cargando...Evo Morales, insistió el domingo en un acto público que tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos (OEA) asistieran al proceso de diálogo con los prefectos opositores separatistas, ante la implementación de la nueva constitución.
En víseras de la aplicación de la nueva Carta Magna, la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó este domingo su disposición para mediar entre el gobierno y la oposición boliviana, que había pedido con anterioridad «garantes y no observadores».El responsable de Comunicación de la ONU, Robert Brockman, declaró en conversación con medios ecuatorianos, que «vemos con agrado la disposición por parte del gobierno y de la oposición» al tiempo que señaló que «Naciones Unidas tiene la disposición de participar como observador».Agregó el funcionario que según la petición de las autoridades, podría estar la representante de la ONU en La Paz, Yoriko Yasukawa, que participó en octubre del 2008 como observadora del diálogo entre las partes.Mientras tanto, el presidente de la nación, Evo Morales, insistió el domingo en un acto público que tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos (OEA) asistieran al proceso de diálogo con los prefectos opositores separatistas, ante la implementación de la nueva constitución.Resaltó Morales que con la transparencia con la que maneja su Gobierno «no tiene nada que ocultar» y se mostró «contento de ver a algunas personas y algunos prefectos decir ‘que venga la comunidad internacional».Los prefectos opositores de las localidades de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca mantienen su rechazo al texto y al modelo autonómico que prevé porque consideran que es insuficiente para sus regiones.Los gobernadores se han negado a asistir a las reuniones convocadas por Morales para discutir la aplicación de los estatutos, gracias a un Consejo de Autonomías creado por el Gobierno.El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, propuso la presencia de observadores internacionales durante la negociación con el gobierno, pero aclaró que «queremos garantes y no meros observadores», para que se cumpla lo acordado ante la comunidad internacional.Tanta inquina tiene una base material. Aquellos intereses económicos locales y extranjeros sienten una profunda animadversión contra Morales, desde el momento que decretó la nacionalización del petróleo y el gas, y siguió luego con medidas similares contra las telefónicas y latifundios improductivos.Las retenciones petroleras que Cossío y los prefectos consideraban suyas, eran utilizadas por el gobierno central para pagar 200 bolivianos a cada escolar. El bono «Juancito Pinto» llegó a 2 millones de niños para fomentar que no desertaran del aula. Otra parte de esa renta fue para los mayores de 60 años, que recibieron la pensión «Renta Dignidad».En La Paz se decidió la redistribución de los ingresos. Y eso lo sabían los prefectos y el embajador Goldberg, experto en secesiones en la ex Yugoslavia donde sirvió a las órdenes del representante especial Richard Holbrooke.Por eso quisieron abortar violentamente el proceso boliviano, luego de la victoria gubernamental del referendo de agosto. Se lanzaron a nuevos cortes de caminos, conspiraciones y asesinatos en Pando, donde masacraron a la población civil seguidora de Evo. A mediados de septiembre hubo allí 18 muertos y más de cien desaparecidos, en un genocidio planificado por el prefecto Leopoldo Fernández, según comprobó una comisión investigadora de la Unasur (Unión de Naciones del Sur).Goldberg y la DEA fueron expulsados de Bolivia en una actitud de firmeza que otros gobiernos de la región harían bien en imitar.