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RTVE es, hoy por hoy, la olla común del negocio audiovisual en España. Como un donante permanente, el ente público es parasitado por los grandes grupos mediáticos. Las disputas por controlar el pastel presupuestario y el mayor complejo informativo del país hacen llegar la sangre al río, o mejor dicho, a las arcas monopolistas.
Recientemente Alberto Oliart envió una carta a José Bono, como residente de las Cortes, presentando su dimisión “por cuestiones de salud”. Hasta después de las elecciones no habrá consenso para elegir un nuevo director. Hay demasiado en juego como para enseñar todas las cartas antes de que el proceso electoral decante la balanza. Pero hay que tomar posiciones, y eso es lo que están haciendo los diferentes grupos interesados, utilizando los resortes políticos afines. Se ha abierto una encarnizada batalla por ver quién va a salir mejor parado durante la “transición”. A estas alturas sería casi infantil considerar la corporación pública al margen de los gigantescos intereses políticos y monopolistas en liza. La dimisión de Oliart es un episodio más dentro de la maraña del sistema de financiación de los grandes grupos mediáticos. RTVE actúa, en los hechos, como “continente legal” que alimenta el sector. De los 1.200 millones de euros presupuestados, 800 millones, el 80%, va a parar a manos privadas. La propuesta de ceder a Telecinco la emisión del Mundial de Motociclismo o la no renovación con Mediapro del programa España Directo han forzado la dimisión de Oliart. Ahora se exige que el contrato firmado con Telefónica Broadcast Services, empresa dirigida por el hijo de Oliart, perteneciente al conglomerado de Telefónica, sea sometido a juicio e inspección. Tomando posiciones No es que haya una firme voluntad auditora, es que se disputan el pastel. Por una parte quienes han “tirado de la manta” en varias ocasiones en los últimos meses han sido medios próximos a Mediapro, interesados en dificultar el traspaso de contratos que se ha venido produciendo. Estaríamos asistiendo a las dentelladas de los grandes grupos, Telecinco y Telefónica, por hacerse con más parte del suculento pastel. Y al mismo tiempo al forcejeo incluso de algunos sectores del PSOE por cambiar la correlación de fuerzas. Uno de los principales “opositores” de Oliart en el Consejo de Dirección ha sido Miguel Ángel Sacaluga, consejero por el PSOE y candidato a sustituirle. Y por otra parte no debemos olvidar que RTVE tiene un valor estratégico incalculable. La capacidad de incidir y controlar los contenidos culturales e informativos es el resorte principal que todo grupo que aspire a dirigir los destinos del país debe poseer. Lo que es evidente es que es éste un periodo convulso en el que “los gestores” se preparan para un cambio, que previsiblemente se verá culminado en las próximas elecciones. Hay que tomar posiciones, ocupar los puestos estratégicos y encarar este proceso de cambio en las condiciones que más fuerza proporcionen frente a los competidores, tanto en el terreno de los ingresos, como el del control de la opinión. No es una pelea de gallos en la dirección de RTVE, sino a una aguda disputa por controlar la olla común de la que se nutre y sobre la que se sostiene el negocio audiovisual. Sería imposible concebir Mediapro – La Sexta – sin la existencia de TVE y la cantidad de millones que van a parar a sus cuentas desde las arcas públicas. La financiación de las grandes productoras y una parte importante del cine español depende de este millonario presupuesto. Sangría controlada Es éste un episodio más del proceso de liquidación del ente público, acelerado durante las dos últimas legislaturas del PSOE. No olvidemos que fueron despedidos o prejubilados 4.500 trabajadores, ¡el 50% de la plantilla!, durante el mandato de Carmen Caffarel; que Luis Fernández, directivo formado en Sogecable, fue el encargado de la “externalización” y la contratación, con cuantiosos bonus, de ejecutivos provenientes de otras cadenas; y que mientras la mayoría de programas salían de la gestión de TVE hacia productoras privadas, especialmente Mediapro, las unidades móviles de Prado del Rey permanecían paradas y su personal inactivo. El argumento utilizado para esto último fue que el personal propio resultaba más caro que la subcontratación a una productora para hacer el mismo trabajo. Pero trabajadores de TVE ya han denunciado que en el Consejo de Administración y con la aprobación del Parlamento “se ha ideado una contabilidad perversa” que “deja a los trabajadores parados asignándoles únicamente unas pocas horas de programas a la semana y entonces se dividen sus sueldos mensuales por el número de horas de programa que han hecho durante el mes y no por el número de horas de jornada laboral completa.” De manera que se ha obligado a los trabajadores a estar parados para encarecer las horas y justificar la “externalización”. Otro tanto se hizo con los trabajadores de edición, trasladados a otras secciones para justificar que TVE no disponía de editores y entregar los programas a otras empresas. La operación se completó con la infraestructura invirtiendo dinero público en la compra de varias Unidades Terrenas para hacer reportajes en directo, para luego tenerlas paradas, pues es Overón, la productora vinculada a Mediapro, la encargada de cubrir este servicio. Otro tanto ha ocurrido en RNE, con la contratación de "colaboradores" ajenos a la empresa para la mayor parte de la programación. Los profesionales de RTVE protagonizaron un auténtico 15-M silenciado exigiendo unos medios públicos honrados, democráticos y al servicio de la ciudadanía, contra esta especie de sangría controlada. Firmado y sellado Es el Gobierno el que ha firmado y sellado legalmente la operación. Por una parte legalizando la “externalización” a través de la ley aprobada en el 2006. Y por otra eliminando la publicidad de la televisión y la radio pública. El negocio de la publicidad en España ronda los 3.600 millones de euros; gracias a ésta decisión las cadenas privadas han visto crecer sus ingresos un 20%. RTVE es un enorme conglomerado que representa la cara mediática de España, y controlar sus altavoces es fundamental. Pero con las diferentes plataformas que se han ido consolidando, más gracias a la TDT, lo que realmente subyace en todo esto es asegurar la financiación monopolista mediante las arcas públicas. En 8 años RTVE ha sido despedazada sin rubor ninguno y repartida a los comensales según la posición privilegiada de cada uno. Apellidos como Roures, Barroso o Contreras, vinculados incluso familiarmente al PSOE, han sido claves en toda la operación. Ahora, dentro del proyecto de parasitar y atrofiar los restos del ente público, es la inminencia del recambio político lo que agudiza las contradicciones y las dentelladas en una especie de orgía caníbal a contrarreloj por el reparto del pastel mediático.