Cargando...Las políticas públicas que el gobierno Rajoy en España y el gobierno Mas en Catalunya están llevando a cabo están afectando muy negativamente al bienestar de la mayoría de la población española, incluyendo la catalana. Sus enormes recortes de gasto y empleo público están deteriorando los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia (mal llamadas guarderías en España), servicios domiciliarios a las personas con dependencia y servicios de prevención de la exclusión social, entre otros, que configuran la calidad de vida de toda la población, y muy en especial de las clases populares (la clase trabajadora y las clases medias de rentas medianas y bajas), que son las que utilizan predominantemente tales servicios.
Tales gobiernos han reducido también las transferencias públicas tales como las pensiones, de manera tal que los beneficiarios de estas transferencias han visto reducir su capacidad adquisitiva de una manera muy notable. Las pensiones de vejez, que son responsables de que el 64% de los ancianos en España, incluyendo Catalunya, no sean pobres, han perdido poder adquisitivo, resultado de crecer por debajo de la inflación. Como consecuencia, y en contra de lo que se está publicando en los medios de mayor difusión, la pobreza entre los ancianos está aumentando, una situación que no pasaba en España desde hace años. Tal incremento ha sido incluso más acentuado incluso entre los jóvenes e infantes, resultado, en parte, de las reducciones de las ayudas a las familias (ver la colección dirigida por Vicenç Navarro y Mónica Clua, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia, Observatorio Social de España, publicado recientemente por Ciencias Sociales Ariel 2012).
Tales gobiernos han aprobado también reformas laborales que se presentaban como la solución para el elevado desempleo, que han tenido un impacto contrario al que en teoría se deseaba, reducirlo. El desempleo ha continuado creciendo, alcanzando el 25% de la fuerza laboral, siendo el número de desempleados de 5.778.000, una cifra nunca alcanzada antes. Esta elevada cifra ha atemorizado a toda la población, creando un enorme sentido de inseguridad, responsable del gran descenso de los salarios en España (lo cual, en realidad, era el objetivo real, nunca explicitado, de tales reformas).
Tal reducción de los salarios junto con los recortes tan notables del gasto público y la destrucción de empleo (tanto público como privado) han creado un enorme bajón en la demanda de productos y servicios, responsable, en parte, del descenso tan marcado del crecimiento económico, realidad incluso reconocida recientemente en un informe del gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional. Tales políticas están contribuyendo a la recesión que la economía española, incluyendo la catalana, está sufriendo. De hecho, y tal como algunos de nosotros hemos estado alertando desde el inicio de la crisis, tales políticas no sólo han sido ineficaces en el intento de facilitar la salida de nuestro país de la crisis, sino que han sido contraproducentes, como los hechos se han encargado de mostrar.
Las políticas que se están aplicando están afectando negativamente el bienestar de la población y empeorando la situación económica (…)
Dos últimas observaciones. Hay un enfado generalizado en España y en Catalunya, resultado de las políticas que se están realizando, sin que exista ningún mandato electoral para ello. Y existe también un agotamiento que está conduciendo a una rendición, expandiéndose la percepción de que las movilizaciones y la agitación social no sirven para nada. Eso no es cierto. La constante manipulación de nuestra historia ha hecho que se haya olvidado que, mientras el dictador Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle. De 1974 a 1978, España fue el país que proporcionalmente tuvo mayor número de huelgas y manifestaciones populares que haya habido en Europa en la segunda mitad del siglo XX. Tal agitación social fue lo que determinó la Transición de la dictadura a la democracia. Ahora bien, consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras todavía mantenían sobre el aparato del Estado, tal democracia tiene enormes limitaciones. De ahí que alcanzar una segunda Transición ahora, pasando de tal democracia limitada a una democracia real, en la que la ciudadanía sea la que configure las políticas públicas del Estado, requerirá también una enorme agitación.
La otra observación es que hace unas semanas, en Barcelona, un millón y medio de personas salieron a la calle, manifestación que ha tenido un enorme impacto a lo largo del territorio español. Ello es un ejemplo que cuando la gente sale a la calle en protesta pueden tener un gran impacto. No hay duda de que una huelga general con la participación de millones de españoles que coincida con movilizaciones y huelgas generales en otros países de la Eurozona, mostrando un gran hartazgo y protesta contra las políticas públicas llevadas a cabo por los establishments español y catalán, así como por el establishment europeo (que las ha apoyado), tendrá un gran efecto, que no puede ignorarse, pues derrumba todo el argumentarlo que utilizan tales establishments, cuando se presentan como los portavoces del deseo popular. Y en España, tales movilizaciones exigiendo que se reviertan tales políticas que carecen del apoyo popular, son continuadoras de las movilizaciones anteriores que ocurrieron tanto durante la dictadura (que forzaron su fin), como después, durante el periodo democrático (que determinaron una expansión de los derechos civiles, laborales y sociales) y que hoy deben continuarse cuando no sólo tales derechos, sino la propia existencia de la democracia (ya en sí, excesivamente limitada en nuestro país) se está violando. En realidad, la reducción de aquellos derechos es consecuencia directa de la eliminación de la democracia, mediante la aplicación de medidas carentes de mandato popular.